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Venas abiertas Por J. M. Pasquini Duran |
 Economistas
canadienses calcularon que el 90 por ciento de la plata y el 70 por ciento del oro que
desde el descubrimiento, en 1492, y por tres siglos circularon en el mundo, salían de las
colonias hispanoamericanas. Hoy en día, por esas venas abiertas siguen fluyendo riquezas
que no disfrutan sus productores, aunque los destinatarios de este siglo sean otros y, en
lugar de oro y plata, circule deuda externa. Para este rubro Argentina destina la tercera
parte del presupuesto nacional y sólo con los intereses que pagará en el 2000 podría
compensar todo el déficit fiscal de este año (alrededor de 6000 millones de dólares).
Sin embargo, el gobierno nacional ni siquiera imagina la posibilidad de reprogramar o
renegociar el pago de esas tremendas obligaciones. La política oficial para resolver los problemas de caja consiste, cada vez
que puede o lo dejan, en recortar las inversiones destinadas a educación, salud,
creación de nuevos empleos o mejorar salarios y jubilaciones. La ortodoxa subordinación
al modelo de ajuste estructural, aplicado sin interrupción desde hace casi una década,
también se llevó por delante a las economías regionales. De acuerdo con estudios no
gubernamentales, esas economías fueron afectadas entre otros factores por los siguientes:
“1) reforma del Estado, 2) apertura externa salvaje e irrestricta, 3) crédito
inaccesible y de muy elevado costo para las pequeñas y medianas empresas, 4) reducción
del mercado interno debido a la contracción del salario real y la creciente
desocupación, y 5) desregulación estatal que retiró al sector público como compensador
de las diferencias estructurales de quienes operan en el mercado” (A. Rofman,
“Economías regionales”, Realidad Económica Nº 162).Si en los años 40 las migraciones de provincianos acudían a Buenos Aires y otros centros urbanos en busca de las nuevas oportunidades industriales, ahora el éxodo va de una miseria rural a otra urbana. En las barriadas marginales del Gran Rosario “siete de cada diez jefes de familia son originarios del Chaco, Corrientes, Entre Ríos y el norte de Santa Fe” (Fundación Banco Municipal de Rosario, 1996). Los que se quedan en sus territorios natales son cada vez más dependientes del empleo público y del gasto estatal, controlados por caudillos locales, clanes muchas veces, que manejan la provincia con métodos verticales y paternalistas. A cambio del respaldo de estos caciques, el gobierno central contraprestaba el uso discrecional de fondos en materia de transferencias y hacía la vista gorda sobre el modo de usarlos, dejando a los aliados provinciales que los redistribuyeran a voluntad y disciplinaran la puja local por el acceso a esos fondos. El déficit fiscal voluminoso sumado a la demanda internacional para que el ajuste sea aplicado en las provincias limitó la capacidad de acudir con remesas extraordinarias en apoyo de los caudillos jaqueados por las demandas sociales. Al final, estas restricciones “y la reducción del tamaño de los estados provinciales impuso, en el último bienio, una estrategia de contención del gasto que tuvo expresiones concretas en baja de sueldos, en demoras de los pagos a trabajadores estatales y a proveedores y en la generalización de la creación de moneda espuria, los bonos públicos” (Rofman, ib. cit.). A estas causas generales se suman otras particulares, a veces cruentos ajustes de cuentas entre grupos rivales, para producir en definitiva situaciones de asfixia como la que están viviendo hoy los correntinos, alzados contra los mismos que hasta ayer controlaban sus votos como patrones de estancia. Para peor, el círculo cada vez más cerrado de intereses impidió la aparición o la consolidación, cuando aparecían, de otras opciones políticas. El control centralizado de los recursos se encargó de disciplinar a los rebeldes y, en ocasiones, permitió la formación de aparatos que actuaron como válvulas de escape de la presión social. Es el caso de la familia Bussi en Tucumán, cuyo titular, Antonio Domingo, hizo pie en las expectativas públicas primero con los fondos de la dictadura militar y luego con el respaldo del gobierno menemista. Así, los pueblos alzados, aunque cambien de birretes partidarios, terminan encerrados en los círculos de siempre, en otro lugar de la misma espiral decadente. Las puebladas se encienden y se apagan con intermitencia sin lograr nada más que desahogos transitorios. Empobrecido, el país sufre el acoso de un doble proceso crítico. Uno, derivado del agotamiento del modelo económico, que sólo puede repetirse a sí mismo. Es tan dogmático el acatamiento a esos paradigmas que el gobierno no tiene la flexibilidad para soportar el impuesto para el fondo docente sin alarmarse ante la probabilidad del efecto emblemático. El impuesto consigue dos cosas que el “modelo” rechaza: descongela los salarios de un sector público y demuestra que una más justa distribución de la riqueza es posible tomando del que tiene más para darle al que tiene menos. El Estado sometido al mercado no está dispuesto a resolver nada con sus propias fuerzas. Por lo tanto, frente a los problemas económico-financieros, en todos los niveles del Estado aparece la salida fácil, aunque no sea solución eficaz, de la privatización a mansalva de las escuelas, los hospitales, las policías, las cárceles y los tribunales. Por su lado, las representaciones políticas parecen incapaces de hacerse cargo de las demandas y necesidades mayoritarias, acuarteladas en pensamientos y métodos que sobrevuelan la realidad nacional sin rozarla. No hay conexión posible con los sectores que resisten o que, simplemente, salen a la calle porque no aguantan más. Se trate de los docentes y empleados estatales, o de los productores del campo que acaban de cumplir el segundo paro nacional, o de los vecinos inseguros, o de los que defienden a los hospitales públicos, ninguno encaja en la actividad política, como no sea para recibir declamaciones partidarias con claro propósito electoral. ¿Quién representa al campo? ¿Quién a la industria? ¿Quién a los trabajadores? Todos parecen representar a los banqueros. Sin contrato social, estacionada en las nubes, la representación política sólo es capaz, como el modelo del ajuste estructural, de pensar en su propia supervivencia. En la práctica cotidiana, es una cancha fangosa, como en las elecciones de Tucumán o motivo de mezquinas especulaciones por posiciones de poder, como las que hay actualmente en Corrientes, donde lo que menos cuenta es la desesperación popular sino cómo van a quedar colocados los partidos y sus dirigentes. No es casual que los votantes desconcierten a las encuestas, porque hoy votan a uno y mañana al opuesto, casi al azar o bajo el influjo de las circunstancias, porque sienten que ninguno lo expresa ni lo representa de verdad. En esas batallas por las alturas del poder, al final todos pierden algo, como acaba de pasar en Yugoslavia, pero los verdaderos perjudicados son los indefensos. Como los bombardeos de la OTAN, las discusiones estadísticas sobre el número de pobres terminan por desviar la mirada del asunto central: ¿Qué hacer para aliviar la miseria y, por fin, erradicarla? En el “programa de gobierno” que presentó Baby Bussi ante los tucumanos prometía, por supuesto, ocuparse de “educación, salud, trabajo, seguridad, vivienda, obras públicas, mujer y niñez, juventud, terceraedad, medio ambiente y deportes”. En más de dos mil palabras que la explican, esa plataforma ni una sola vez menciona a la única premisa que haría posible todo lo demás: Justicia. Justicia independiente para castigar a los corruptos y bandidos. Justicia social para redimir a los desheredados de esta tierra. Justicia. Básico, ¿no?
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