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Por Mariana Carbajal  La empresa
que gane la concesión del casino flotante que pretende instalar el gobierno nacional en
la ribera porteña se quedará con un 80 por ciento de las ganancias de la sala de juegos,
y apenas un 16 por ciento se destinará a fines sociales y al deporte. Así lo dispuso un
decreto firmado por Carlos Menem y publicado en el Boletín Oficial 3 días antes de
conocerse el proyecto. La norma modificó la distribución del dinero producido por los
juegos de azar que regía desde 1969: de esta forma, el Estado recibirá para asistencia
social un tercio de lo que recibía antes, según cálculos de la asociación civil
Apuesta Solidaria. El dato se suma al conflicto de jurisdicciones que desató ayer el
anuncio del casino flotante, a sólo cuatro meses de las elecciones presidenciales.La iniciativa provocó una nueva polémica entre la Nación y la ciudad: tanto el gobierno porteño como diputados de la Alianza y Nueva Dirigencia consideraron que el Ejecutivo nacional no tiene competencia para crear una sala de juegos sin autorización de la Legislatura, aun cuando esté sobre las aguas del Río de la Plata. La Constitución de la Ciudad, por otra parte, prohíbe la privatización o concesión de casinos. El decreto 660/99 publicado el martes en el BO modificó los porcentajes establecidos por la Ley Nº 18.226 para la distribución del beneficio líquido que arroje la explotación de casinos, dependientes de la Lotería Nacional (LN). “La norma redujo en un 68 por ciento los fondos para fines sociales, en beneficio del agente privado”, denunció a Página/12 Rogelio Posat, presidente de Apuesta Solidaria. Para demostrar el drástico recorte, Posat dio el siguiente ejemplo: “Sobre una recaudación de 100 millones de pesos, antes se destinaban 10 millones para ayuda social y deportes y ahora sólo quedarán 3,2 millones”, indicó. La noticia de un casino flotante frente a la ciudad cayó como un bomba en medio de la campaña electoral. “Es lamentable que este gobierno se despida queriendo instalarnos un casino en el río”, declaró Fernando de la Rúa por la mañana. El jefe de Gobierno aprovechó el tema para atacar a su oponente en los próximos comicios nacionales: “Que Duhalde explique en qué forma adjudica un casino en el Tigre. La Legislatura debe pedir explicaciones porque parece que es una adjudicación directa”, desafió De la Rúa (ver aparte). Mientras arreciaban las críticas hacia el proyecto de Lotería Nacional, el vicepresidente del organismo, Jorge Lima, informó que el llamado a licitación para concesionar el casino flotante se hará en 30 o 40 días. “La sala funcionará en un barco de bandera argentina que estará amarrado a la ribera porteña y saldrá a navegar si las condiciones meteorológicas lo permiten”, detalló el funcionario. Para Lima no existe ningún conflicto de jurisdicciones. “El casino está sobre las aguas del Río de la Plata y las vías navegables son jurisdicción de la Nación”, consideró. Y reforzó su argumento al señalar que la llamada “Ley Cafiero” –que recortó los alcances de la autonomía porteña– le otorgó a la Nación la potestad sobre las salas de juego del territorio porteño. Para el vicejefe de Gobierno, Enrique Olivera, sin embargo, la misma norma establece exactamente lo contrario. En igual sentido opinó el vicepresidente de la Legislatura porteña, Aníbal Ibarra, quien calificó al proyecto como “ilegal”. Olivera e Ibarra coincidieron en sus argumentos para rechazarlo: u “De acuerdo con la Constitución porteña, la ciudad regula, administra y explota los juegos de azar y no está permitida la concesión o privatización de la explotación de los casinos. Es facultad de la Legislatura regular su funcionamiento. Tan es así, que dos semanas atrás Fernando de la Rúa envió al cuerpo un proyecto de ley que regula los juegos de azar y determina como una facultad del Poder Ejecutivo porteño el establecimiento de casinos”.* “La misma Carta Magna establece que la ciudad es corribereña, es decir, tiene derechos sobre el Río de la Plata”. Los diputados de Nueva Dirigencia, Gustavo Beliz y Jorge Srur, y el diputado nacional frepasista Héctor Polino también rechazaron el proyecto. “Es un argumento falaz sostener que el Río de la Plata le pertenece a la Nación, como así también la habilitación de cualquier actividad en sus costas”, señalaron los legisladores de ND.
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