OPINION
Norteamericanos, tan
derechos y tan humanos
Por Miguel Bonasso |
Ellos
me llevaron a Esmor. Esmor es un lugar terrible, donde nos tenían encerrados todo el
día. Era muy frío en el invierno y no había calefacción. La nieve y la lluvia se
colaban en la celda. Yo me pasaba los días y las noches llorando porque a nadie parecía
importarle lo que nos estaba pasando. Los guardias nos trataban como si fuéramos grandes
criminales. No había puerta en las duchas; muchas veces, cuando las chicas nos
bañábamos, los guardias masculinos se paseaban por las oficinas cercanas y nos espiaban.
Un día las guardianas hicieron una requisa. Nos llevaron a un pabellón y comenzaron a
revisar una por una todas nuestras pertenencias. Estuvimos largo rato y yo terminé
enferma todo el día. Pedí un vaso de agua y una de esas mujeres me agarró de los pelos
y empezó a darme patadas en el estómago, en las piernas y en la cabeza. Cuando se cansó
de pegarme me encerró durante un día y medio en una celda de castigo.”
El relato corresponde a la refugiada somalí Hawa Abdi Jama, quien en 1994 huyó a Estados
Unidos en busca de asilo y se pasó largos meses encarcelada en Nueva Jersey. Su peripecia
dista de ser un caso aislado. Según Amnesty International (Amnistía Internacional),
“las autoridades norteamericanas suelen violar los derechos humanos de los que piden
asilo, por el solo hecho de pedirlo”. La nación que devastó a Yugoslavia para
defender, supuestamente, a los albano-kosovares, suele someter a los que buscan refugio en
su territorio a condiciones “inhumanas y degradantes”. La mayoría de los que
huyen de sus países suelen pasarse meses entre rejas hasta que algún juez determina que
tienen derecho al asilo. “Muchos son tratados como criminales” y encarcelados
por largos períodos con delincuentes que a diferencia de ellos al menos saben cuánto
durará su condena. Otros van a parar a virtuales campos de concentración. Los hijos son
separados de los padres; los esposos de las esposas. Como otros presos comunes o
políticos de Estados Unidos, suelen ser encerrados en celdas donde no entra la luz del
sol y se los somete a prácticas humillantes: “Desnudarse para las periódicas
requisas o llevar grilletes, esposas y cadenas”. A menudo deben sufrir formas
brutales de discriminación racista y abusos “verbales o físicos” que se
agravan en el caso de las mujeres. Muchos desconocen el idioma y no tienen amigos ni
familiares en Estados Unidos y las autoridades empeoran su situación al impedirles tomar
contacto con sus abogados o con los parientes que llegaron con ellos. “Todos dicen
que Norteamérica es el lugar de los derechos humanos. Yo pienso, entonces, que tal vez me
equivoqué de país”, declaró a los investigadores de Amnistía uno de esos
desdichados que estuvo 14 meses detenido hasta que un tribunal le otorgó el asilo; uno de
los principios fundamentales del derecho internacional al que Estados Unidos adhiere.
Pero el extenso informe de Amnistía Internacional, titulado “United States of
America. Rights for all (“Derechos para todos”), no se limita al drama de los
refugiados. A través de 153 páginas, ilustradas con dramáticas fotografías, pasa
revista a distintas violaciones a los derechos humanos que se perpetran en la nación que
pretende dictar cátedra a todo el mundo en esa materia. El ilustrativo documento fue
publicado en octubre pasado, en Londres, varios meses antes de que cayeran los misiles de
la OTAN sobre el pueblo serbio. Pero se actualizó esta semana cuando Amnistía denunció
en Nueva York el uso de un cinturón eléctrico, que se coloca a presos y procesados y
puede ser accionado a distancia, descargando sobre los riñones del prisionero 50 mil
voltios, que lo paralizan, le provocan un dolor insoportable y lo hacen orinarse y
defecarse encima. Una novedosa forma de picana que fabrica la Stun Tech y que se trata
ahora de exportar a distintos países acusados de practicar habitualmente la tortura, como
el socio de la OTAN, Turquía. País con un largo historial de genocidios, que empiezan en
este siglo con los armenios y sigue ahora con el pueblo kurdo. A pesar de lo cual recibe
abundantes pertrechos militares y policiales de Estados Unidos. “Derechos para
todos”, no tuvo mayor eco en la prensa occidental.
Basándose en testimonios de víctimas, familiares, abogados y organizaciones no
gubernamentales y tratando de superar la notoria falta de estadísticas oficiales, los
investigadores de Amnistía Internacional lograron documentar cientos de casos que
ejemplifican pautas crecientemente represivas, dirigidas con particular énfasis hacia las
minorías étnicas y sexuales. Que van desde la simple brutalidad policial, que arroja
urticantes sprays en la cara de los manifestantes pacifistas, hasta la tortura y el
asesinato de prisioneros desarmados, pasando por las condiciones inhumanas de muchas
prisiones, tanto públicas como privatizadas. Donde los prisioneros son encadenados y
engrillados, sometidos a descargas eléctricas, amarrados de pies y manos a planchas de
acero o a sillas donde permanecen con la cabeza baja y no pocas veces se asfixian. Y
demasiadas presas deben padecer el abuso sexual de los carceleros. El gatillo fácil de
las policías, como la de Nueva York y su proclamada “tolerancia cero”, traen a
la memoria del lector argentino las hazañas de la Bonaerense, con sus sumarios
“dibujados” y un código de silencio que garantiza la impunidad de centenares de
agentes estatales y federales involucrados en razzias, controles callejeros o cacerías de
autos sospechosos que culminaron en simples asesinatos. Sin contar esa violación central
de los derechos humanos que es la pena de muerte, a la que fueron sometidos 350
prisioneros desde 1980. Entre los que predominaron los negros y los latinos. Y,
decididamente, los pobres que no pueden pagarse un buen abogado. En los “pabellones
de la muerte” aguardan otros 3300 sentenciados, lo que convierte a Estados Unidos en
la nación con más condenados a muerte de la Tierra. Desahuciados entre los que puede
haber varios inocentes, como los 75 reos que en las últimas dos décadas lograron
demostrar que habían sido mal juzgados, muchas veces por jurados predominantemente
blancos y racistas. La aplicación de la pena de muerte, supuestamente
“humanizada” por el uso de la inyección letal, que se aplica con agujas
esterilizadas y alcohol para evitarle contagios innecesarios al cadáver, es
crecientemente apoyada por los políticos norteamericanos, incluyendo varios que se
autodenominan liberales, pero no quieren parecer “suaves” (soft) frente a una
sociedad histerizada por el tema de la seguridad, que demanda crecientes cuotas de sangre.
En 1997 hubo 74 ejecuciones, “el número más alto en cuatro décadas. Solo China,
Arabia Saudita e Irán ejecutaron más prisioneros”.
Entre los ejecutados y los que sufren durante años en el pabellón de la muerte hay
jóvenes que cometieron un crimen cuando eran menores de 18 años o inimputables con
problemas mentales. El ejemplo más interesante de oportunismo político en relación con
lo que Amnistía denomina “asesinatos legales” cometidos por el Estado, es el
del propio presidente Bill Clinton y lo consigna el Informe: “En 1992, cuando era
gobernador de Arkansas y se postulaba para la presidencia, interrumpió su campaña y
regresó a Arkansas para rechazar el pedido de clemencia de Ricky Ray Rector, un negro con
serias evidencias de retardo mental que estaba condenado a muerte. La comprensión de
Ricky sobre su inminente ejecución era tan limitada que rechazó el postre de su última
comida y le dijo a los carceleros: ‘déjenlo para después’ “.
Pero tal vez lo más importante del Informe, sea la demostración de que Estados Unidos,
que se permitió invadir Panamá para capturar y juzgar al general Manuel Noriega y
mantenerlo preso hasta el presente, impida en su territorio las inspecciones de los
organismos internacionales (incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos);
se niegue a firmar o ratificar convenios mundiales que preservan las garantías más
elementales y haya desconocido la jurisdicción del Tribunal Internacional de La Haya
cuando Washington fue denunciado por el gobierno sandinista por colocar minas en los
puertos nicaragüenses en los ochenta y por las autoridades mexicanas, cuando personas a
sueldo de la DEA secuestraron y trasladaron clandestinamente a un médico policial
mexicano, acusado de haber intervenido en el asesinato de un miembro de esa agencia. Ese
mismo tribunal de La Haya al que días atrás reconocieron como válido cuando una de sus
fiscales acusó como genocida al presidente yugoslavo Slobodan Milosevic. Amnistía
Internacional condena ese “doble discurso” que propicia o niega la competencia
de la justicia internacional, de acuerdo con los protagonistas y las circunstancias en
juego. Y sospecha que esconde bajo un ropaje humanitario esa vieja prepotencia del más
fuerte que expuso sin eufemismos alguien tan sincero como puede serlo el senador Jesse
Helms, un conservador de toda la vida, que nunca fue pacifista como Clinton: “Hay una
terrible intromisión de las Naciones Unidas... Hay una sola Corte que cuenta aquí y ésa
es la Suprema Corte de Estados Unidos. Hay solo una ley que debe aplicarse y ésa es la
Constitución de Estados Unidos”. |
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