OTRA DENUNCIA QUE INVOLUCRA A LA EMPRESA IBM Y A UN FUNCIONARIO
A Domínguez se le cayó el sistema

Cuando era intendente contrató un servicio informático con IBM por 40 millones de pesos sin llamar a licitación. El procurador general porteño lo denunció por defraudación.

  El ministro de Defensa Jorge Domínguez sigue cosechando causas judiciales. El procurador general de la Ciudad de Buenos Aires, Ernesto Marcer, lo denunció por defraudación en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En 1995, cuando el funcionario "todo terreno" estaba al frente de la Municipalidad porteña, contrató un sistema informático de aproximadamente 40 millones de pesos a la empresa IBM, según la denuncia de Marcer. Domínguez lo hizo en forma directa sin llamado previo a licitación, violando la ley de contabilidad y la de obras públicas. Lo peor del caso es que el programa nunca funcionó. Página/12 tuvo acceso exclusivo a la denuncia que ya originó una causa en la justicia ordinaria. El escrito del procurador menciona "un importantísimo y relevante número de violaciones a las normas legales referidas a las contrataciones, consagrándose con ello un inusitado privilegio sin justificación para la firma interviniente, que en los hechos implica eximirse de responsabilidades y obtener ganancias amparados en la falta de transparencia en los procedimientos". El contrato se firmó pocos meses antes de que estallara el escándalo IBM-Banco Nación, el más famoso --pero no el único-- en que está involucrada la Big Blue.

El gigante informático --que acumula acusaciones no sólo en la Argentina sino en todo el mundo (ver recuadro)-- era un proveedor habitual de la ex Municipalidad desde los tiempos de Carlos Grosso. Cuando Domínguez desembarcó en la intendencia, esta empresa estaba reclamando una antigua y millonaria deuda, invocando el decreto 225 que puso bajo revisión todos los contratos municipales. Llegó a cortar el mantenimiento de todos los equipos por falta de pago. Al jefe comunal no se le ocurrió mejor idea que volver a contratar en forma directa a IBM para saldar la deuda. El 25 de enero de 1995 Domínguez firmó un acta acuerdo por la cual la Municipalidad contrataba los servicios de IBM durante 36 meses para integrar todas sus dependencias con fibra óptica. Se llamó "programa Sigagip". "Era un proyecto lógico, pero demasiado extravagante para un ente tan ineficiente y caótico como la Municipalidad", describió a Página/12 un ex empleado que participó del proyecto. "La corporación tenía el estilo de ofrecer cosas que los organismos estatales siempre necesitan", agregó. Fue así que Domínguez reinauguró el centro de estadísticas municipales ubicado en San Telmo con toda la pompa, estrenando no sólo computadoras nuevas sino también local y mobiliario.

A fines de abril, el procurador porteño formalizó la denuncia contra Domínguez. La fiscal de instrucción Ana Cristina Yacobucci dio impulso a la causa al formular su requerimiento por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Ahora debe expedirse la jueza de instrucción María Gabriela Lanz, quien aún está analizando la situación. En su denuncia, el procurador Marcer afirmó que Domínguez no tenía facultades para concretar la negociación o suscribir la contratación. El Sigagip fue instalado en julio de 1995 y presentó "una serie de graves deficiencias", por lo cual la Subsecretaría de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad sostuvo en enero y marzo del año pasado que "se impone la necesidad ineludible de su reemplazo". Por su parte, la Dirección de Recursos Humanos expresó por nota que "luego de casi un año de experimentar en su puesta a punto, se llegó a la conclusión terminante de que la asistencia técnica ofrecida por IBM no es capaz de poner en condiciones el mentado programa". Marcer concluyó que el Sigagip "nunca pudo ser puesto en condiciones para su utilización, apreciación que fue confirmada por IBM".

Según el procurador, "no fue respetado el interés general", como tampoco la "juricidad, moralidad y eficiencia" que deben caracterizar las contrataciones en la administración pública, lo cual lleva a configurar "un acto nulo de nulidad absoluta". "La omisión del proceso licitatorio así como el incumplimiento de las formalidades legales exigidas en una contratación directa no pudieron haber pasado desapercibidas para los intervinientes y firmantes del convenio", concluyó el funcionario.

"Hay cierto hardware que es utilizable en forma independiente de aquel sistema Sigagip, por eso recién sabremos cuánto perdimos cuando evaluemos con qué nos podemos quedar para compensar la pérdida de tiempo y recursos", explicó una fuente cercana a la investigación. Esta es una de las cuarenta y cinco querellas criminales que realizó la Procuración desde que comenzó la actual gestión en el gobierno autónomo. Según una fuente oficial, desde la época colonial hasta hoy el organismo de control sólo había concretado cuatro procesos en la Justicia.

IBM y el Estado

"Este gobierno sólo pagó a IBM por prestaciones reales porque hay ciertos servicios, como el pago de los salarios, que no se pueden cortar", aseguró a este diario el mismo informante. En tiempos de Adalberto Rodríguez Giavarini al frente de la Secretaría de Hacienda, sus colaboradores lograron bajar los costos en la renegociación de un contrato con IBM por el alquiler de computadoras personales para el área administrativa. Pero para curarse en salud el Gobierno de la Ciudad decidió no contratarla más. A su vez, hace un año la Big Blue anunció con estridencia que pensaba abandonar su habitual clientela estatal, pero algunos legisladores nacionales opinan que la empresa seguirá mamando de la interminable leche del Estado a través de la tercerización.

El diputado aliancista Horacio Viqueira planteará mañana en la comisión del Congreso nacional que investiga los contratos entre el Estado e IBM, la necesidad de requerir al Gobierno de la Ciudad una copia del expediente sobre este caso, en el que constan los informes periciales. Viqueira señaló a Página/12 que "IBM parece haber tenido un `modus operandi' en su relación con muchos organismos estatales de todo el país como clientes cautivos (ver recuadro), en la que suele haber contratación directa y la empresa incurre en incumplimiento y mala prestación del servicio que vende". El legislador agregó que "aún no sabemos quiénes fueron los subcontratistas, pero no sería extraño que apareciera Consad (la empresa del ex funcionario Juan Carlos Cattáneo a través de la cual se canalizaron los sobornos del caso IBM-Banco Nación) porque ya había actuado encubierta en la época del intendente Carlos Grosso". Uno de los investigadores del flamante caso IBM-intendencia Domínguez coincidió en que "es posible que haya participado Consad".

Ya no sos mi topadora

Cuando el licenciado en administración de empresas Jorge Domínguez asumía como ministro de Economía del interventor en Mendoza Antonio Cafiero, corrían los últimos días del gobierno de Isabel Perón. Desde 1983 dirigió el Banco de Santa Fe y en 1991 ocupó el máximo cargo en Yacyretá. Tres años más tarde, el Presidente lo puso en la Municipalidad y mandó al entonces intendente Saúl Bouer al ente binacional. Carlos Menem lo fue reciclando una y otra vez a lo largo de estos nueve años. Y él fue saltando de cargo en cargo siempre acompañado por su equipo de confianza. Cuando arrasó con las casillas de la villa de emergencia de Retiro, porque había que "despejar" ese espacio para construir la autopista Illia, se ganó el mote de "topadora", que llevó orgulloso hasta que su suerte empezó a cambiar. El voto de los porteños en 1996 lo relegó a un tercer lugar y así llegó el premio consuelo: el sillón del ministerio que había ocupado Oscar Camilión. Ahora teme un destino judicial parecido al que todavía molesta a Carlos Grosso, ex intendente igual que él y vecino suyo en el Palacio Estrougamou, el coqueto solar de Esmeralda y Juncal.

DOMINGUEZ YA TUVO SIETE PROCESOS JUDICIALES
Un licenciado acostumbrado al banquillo

Por A.M.

Desde que asumió como funcionario del gobierno de Carlos Menem tuvo siete procesos abiertos en la justicia, a los que se suma la reciente denuncia del procurador porteño. En una de las causas fue sobreseído y tres están archivadas. Otros tres expedientes, en los que Domínguez figura como imputado, se fueron acumulando en un juzgado de instrucción. La Justicia federal está investigando su patrimonio. Y todavía no fueron cerradas dos causas derivadas de su paso por la Villa 31 de Retiro. Aquí están, éstas son.

* Por enriquecimiento ilícito (denuncia del fiscal José María Campagnoli) y por cohecho agravado y recibir dádivas (denuncia de los diputados socialistas Jorge Rivas y Alfredo Bravo), a raíz de su viaje a Francia para ver el Mundial de Fútbol en 1998. Está en trámite en el juzgado federal de Gustavo Literas.

* Por defraudación a la administración, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, a raíz de la venta del inmueble de Coronel Díaz y Beruti. El juez Mariano Bergés lo procesó en 1996, pero la Cámara del Crimen lo desprocesó y pidió el juicio político de Bergés. La causa pasó a manos del juez Jorge Baños, pero ahora la tiene la jueza María Gabriela Lanz. El 10 de diciembre de 1998 la magistrada solicitó su desafuero para indagarlo, pero el 3 de junio de este año la comisión de la Cámara de Diputados lo rechazó. Desde marzo, el expediente está otra vez en la Cámara del Crimen, porque la defensa de Domínguez pidió la nulidad de la citación a indagatoria y que Lanz se aparte de la causa.

* Por malversación de fondos públicos, Gustavo Beliz lo acusó de utilizar tres millones de pesos de las arcas comunales en publicidad de campaña. Primero la instruyó el juez Baños y ahora lo hace la jueza Lanz.

* Por incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y sustracción de documento público, a raíz de las irregularidades detectadas en el Plan Nacional de Radarización. La investigaron los fiscales Claudio Navas Rial y Carlos Rívolo, y pidieron su sobreseimiento. La jueza María Servini de Cubría estuvo de acuerdo.

* Por administración fraudulenta y malversación de caudales públicos, a raíz de las irregularidades en el pago de indemnizaciones para el desalojo de la Villa 31. El representante legal de los vecinos, Gastón Yaryura, recibió amenazas de muerte. La causa se inició en el juzgado de Roberto Hornos, quien fue ascendido. El expediente pasó al juzgado de instrucción de Héctor Ramos, el juez que renunció tras protagonizar un escándalo en un albergue transitorio. Está archivada.

* Por incumplimiento de los deberes de funcionario público, a raíz del nombramiento de Eugenio Askenazi, el ex jefe de los inspectores municipales que estaba inhabilitado y con una condena firme. El juez de instrucción Adolfo Calvette se declaró incompetente y ahora está en manos del juez en lo correccional Omar Facciuto. Estaría archivada.

* Por usurpación de funciones jurisdiccionales, violación de deberes de funcionario público, lesiones, daños, amenaza y violación de domicilio, por el desalojo de la Villa 31. Está archivada en el juzgado correccional a cargo de María Laura Garrigós de Rébori.

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