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Por Raúl Dellatorre  La
sorpresiva decisión del juez federal mendocino Luis Leiva de unificar la causa del Banco
Mendoza SA con una anterior, originada en 1996, en la que se denunció la gestión de la
misma entidad antes de su privatización, apunta a fortalecer su posición para retener la
causa, contra el pedido de inhibición formulada por el juez porteño Gustavo Literas. Uno
de los factores que deberá tomar en cuenta la Cámara Federal para determinar la
competencia de uno u otro juez es la antigüedad de las investigaciones en cada juzgado.
Criterio que, hasta ahora, favorecía la competencia de Literas. Los letrados de los diez
ex directivos con orden de captura dictada por Leiva –entre ellos, el ex banquero
menemista Raúl Moneta, actualmente prófugo– consideran conveniente el traslado de
la causa a los tribunales porteños. El viernes último apelaron la unificación de causas
dispuesta por el magistrado mendocino.La fiscal María Alejandra Obregón, de Mendoza, pidió una ampliación de datos a Literas para analizar el pedido de inhibitoria, lo cual apuntaría a ganar tiempo para que el juez Leiva continúe adelante con nuevos pasos procesales. El magistrado mendocino viajó durante el fin de semana a Buenos Aires. Pese a que oficialmente se informó que el traslado obedecía a motivos personales, trascendió que durante su paso por la Capital Federal tomaría contacto con personalidades políticas vinculadas con el Gobierno. La orden de detención de Moneta –directivo y accionista del grupo multimedios CEI y de Telefónica de Argentina–, dictada el 2 de junio, desató intensas gestiones políticas y judiciales para impedir la ejecución de la medida. Fuentes legislativas señalan a Eduardo Bauzá y a Eduardo Menem como los más activos dirigentes que habrían intentado hacer variar la posición del magistrado mendocino. Desde entonces, Moneta se mantiene prófugo, al igual que otros siete miembros del directorio del banco que aquél presidía. El juez Literas investiga, desde agosto de 1998, la privatización del Banco de Mendoza, a partir de la denuncia de un accionista de la entidad de la época en que aquél era de mayoría estatal. El 17 de marzo de este año, el fiscal Norberto Quantín presentó una nueva denuncia por irregularidades contra el banco, pero referidas a su administración en manos del grupo Moneta. Tras pasar por el juzgado de Servini de Cubría, la causa recaló en el despacho de Literas el 23 de abril, quien ordenó el allanamiento de los bancos República, Mendoza y Banco Central el 3 de mayo. Inmediatamente, decidió la imputación de los cargos de asociación ilícita, subversión económica y defraudación fiscal contra un ex directivo del Mendoza en su etapa de gestión estatal. Su situación procesal no derivó en detención porque el fiscal Bernardo Montenegro rechazó el cargo por asociación ilícita. El fiscal Montenegro, tomando en cuenta que Literas tenía la causa más antigua (agosto de 1998) y que había planteado las primeras imputaciones, reclamó el pedido de inhibitoria contra Leiva. Ahora, la unificación de causas en Mendoza le quitaría uno de esos dos argumentos. Si Leiva no se inhibe de la investigación, será la Cámara de Apelaciones la que deba resolver. No se descarta, incluso, que pueda resolverse una división de la causa, entre los elementos que comprometen a los ex directivos del Mendoza y aquellos otros que inciden directamente sobre la responsabilidad del Banco Central, al haber autorizado la continuidad de la operación del Mendoza pese a las irregularidades detectadas y su posterior fusión con el República, apenas tres meses antes de decidir su suspensión.
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