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![]() Rico envió un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante de San Miguel por el que, además de declarar el estado de emergencia sanitaria y poner en disponibilidad al personal del área, establece la "derivación de pacientes internados" a otros centros asistenciales, para efectuar tareas de remodelación en el hospital. De esa manera, en el Larcade se mantendrían sólo las guardias médicas y el servicio de consultorios externos. El proyecto no pudo tratarse sobre tablas, el jueves último, porque la oposición no dio quórum, pero sería aprobada sin problemas esta semana, ya que cuenta con el aval de la Comisión de Salud del cuerpo. El justicialismo cuenta con siete representantes en el Concejo, contra cinco de la Alianza. Según fuentes municipales, el hospital tiene un presupuesto de 16 millones anuales, de los cuales la mitad es aportada por la provincia. "El intendente admitió días atrás que el municipio está al borde de la quiebra, porque ha bajado muchísimo la recaudación", dijo a Página/12 la concejala Estela Prunoto, de la Alianza. Al igual que los profesionales, los ediles opositores están seguros de que el paso siguiente de Rico será el arancelamiento de los servicios del hospital. "Rico quiere implementar el mismo sistema de gerenciamiento que se aplica en el municipio de Malvinas Argentinas. En el hospital de esa comuna se lleva a cabo un sistema de arancelamiento, de tercerización de servicios y de flexibilización en el trabajo profesional", dijo a Página/12 el titular de la Asociación de Profesionales del Larcade, Gustavo Eugeni. A los profesionales les había llamado la atención la presencia en el hospital, hace unos días, de funcionarios vinculados al intendente de Malvinas Argentinas, José Cariglino, quienes habrían hecho una suerte de auditoría. Para los médicos, el modelo que implementa Cariglino es tomado como ejemplo por el ministro de Salud bonaerense, Juan José Mussi, quien, según ellos, avala la decisión de Rico. De acuerdo con esa hipótesis, el ex sublevado de Semana Santa recibiría como premio, a cambio del ajuste en el hospital, un cargo importante en el futuro gabinete de Eduardo Duhalde, en el caso de ser electo presidente, según se especula en las filas de la oposición. Mientras los profesionales y el sindicato de municipales convocaban para hoy a una movilización desde el hospital hasta el edificio municipal, Rico subía la apuesta: en declaraciones a Radio Mitre, anunció que fueron iniciados contra los médicos "noventa sumarios y denuncias penales por agresiones a los funcionarios" que iban a asumir sus cargos en el hospital. "El hospital no se privatiza ni se arancela, ni se va a echar a nadie. Los medicos tienen miedo de laburar, son unos vagos", sentenció Rico. Además los calificó de "mentirosos" y "maleducados". César Gómez, presidente del PJ de San Miguel, dijo a Página/12 que el hospital seguirá siendo gratuito, aunque admitió que el sistema de gerenciamiento apunta a "cobrarles a las obras sociales o seguros --en el caso de que los pacientes tengan cobertura--" y aclaró que "no se le cobrará a la gente que no tiene recursos". Agregó que no habrá despidos, pero insinuó que cambiarán las condiciones de trabajo.
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