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 Para la
Fuerza Aérea, el Aeroparque Jorge Newbery “no está operando en condiciones de
seguridad, según las normas internacionales”. La definición fue enunciada ayer por
el brigadier Jorge Loretien, el delegado de la fuerza en la comisión parlamentaria que
estudia el traslado de ese aeropuerto a Ezeiza. El representante de los aviadores trazó
el sombrío diagnóstico en el marco de la primera jornada de la audiencia pública
convocada por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), para
debatir el futuro de la estación aérea porteña. Según dijo Loretien, el Aeroparque
está “saturado”: aseguró que sólo deberían hacerse 116 mil de las 134 mil
operaciones anuales.Loretien repitió que el aeropuerto metropolitano “no está operando hoy en condiciones de seguridad”. Para la afirmación basó su argumento en las normas de la Organización de Aeronavegación Civil Internacional (Ursa) que, según sostuvo, no son cumplidas en la estación aérea. De acuerdo a su perspectiva, el Aeroparque está “saturado”. Sobre los aspectos de esa saturación, Loretien mencionó el estado de la pista, las plataformas de mantenimiento y de estacionamiento de aviones. Además, los pabellones y los accesos a la estación área desde la zona sur. Estas características se cristalizan en el Aeroparque “donde anualmente pasan 6.300.000 pasajeros y se hacen 134 mil movimientos –indicó– cuando por sus condiciones sólo podrían hacerse 116 mil operaciones”. Para el brigadier, el límite principal de la estación área es la falta de espacio que “difícilmente se pondrá adecuar a las normas a menos que se rellene el río”. El debate de ayer fue convocado por el organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), coordinado por Agustín Gordillo. El objetivo fue evaluar si la comisión continúa estudiando la suspensión del traslado y la continuidad del Aeroparque después del 2005. De acuerdo al contrato, Aeropuertos 2000 está obligada a mudar el aeropuerto a Ezeiza antes de esa fecha. En diálogo con este diario, el diputado frepasista Héctor Polino cuestionó la posición de la empresa que ahora intenta evitar el traslado del aeropuerto. “El contrato de la concesión –dijo– se firmó en febrero del ‘98. ¿Cómo es posible –se preguntó– que a menos de un año de su entrada en vigencia, no convenga el traslado?”. Polino cuestionó la evaluación original de Orsna, que a un año de establecer entre las cláusulas el traslado, ahora “convoca la audiencia que de alguna forma favorece la postura de la concesionaria”. En tanto, otro de los puntos cuestionados por la Alianza fue el desconocimiento sobre los costos o ahorro del traslado. En ese sentido, uno de los funcionarios de Aeropuertos Argentina 2000, Guido Tawill, aseguró que de continuar con las operaciones en el lugar deberán hacerse inversiones de 220 millones de dólares. “Para continuar en el aeropuerto después del 2005 –dijo– se deberán hacer, entre otras, inversiones que alcanzarían los 220 millones de dólares para la construcción de una nueva plataforma”. Después de admitir como hipótesis la existencia del traslado, Tawill precisó que el traslado a Ezeiza le valdría a los usuarios un costo adicional de 50 millones de dólares. En la reunión, la diputada Alicia Castro criticó al Orsna que “presidido por Rodolfo Barra, pretende renegociar el contrato de concesión para favorecer otra vez a Aeropuertos 2000, al permitir la continuidad de la operatividad de Aeroparque”. La diputada, titular además del sindicato de Aeronavegantes invalidó, también, el pedido de la empresa que reclama el descuento del canon ante las inversiones que le exige el nuevo plan: “Este dinero –dijo– estaba destinado a mejorar los niveles de seguridad aérea y en lugar de eso, la Jefatura de Gabinete desvió los fondos a Rentas Generales”. El subsecretario de Planeamiento Urbano, Roberto Converti, planteó la decisión del gobierno de la ciudad: “El Aeroparque debe seguir funcionando, pero se debe considerar el mejoramiento del sistema de vuelo”. Converti dijo a Página/12 que el gobierno porteño no da ningúnaval a una modificación del contrato con la empresa y exigió incorporarse al debate de su renegociación, antes de pronunciar alguna posición.
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