| Por Cristian Alarcón y Horacio Cecchi  Gustavo Prellezo y Sergio
Camaratta, los dos ex policías acusados por el asesinato de José Luis Cabezas, citados
como testigos en el juicio por el caso Coppola, abonaron ayer con sus contradicciones y
olvidos la teoría de la defensa del manager: que el procedimiento encabezado por el juez
Hernán Bernasconi estaba prefabricado en su contra. Camaratta, quien inició las
sospechas contra Coppola con una denuncia en la comisaría de Cariló, apoyándose en un
informante “reservado” y en “exhaustivas tareas de inteligencia”, no
recordaba en qué consistieron y no pudo mencionar un solo dato para precisar la
existencia del supuesto informante. Pero no fueron los únicos: junto con los policías
exonerados Héctor Colo y Juan Carlos Salvá, quienes participaron en el caso, dejaron al
descubierto el uso de firmas apócrifas y procedimientos bajo cuerda que derivaron en la
detención del apoderado de Diego Maradona. Camaratta terminó sumando una detención y un
proceso ordenado por el tribunal por “falso testimonio”.
La tercera jornada del juicio oral por tenencia de drogas contra Guillermo Coppola,
Héctor “Yayo” Cozza y Tomás “Paco” Simonelli, y por tenencia y
comercialización de drogas contra Claudio Coppola, se inició con la misma marca de las
dos audiencias anteriores: un gran despliegue policial en la puerta de los tribunales de
Comodoro Py 2002, correlativo con un despliegue semejante de los medios periodísticos,
una sala extremadamente pequeña más una hora y cuarto de retraso. Pero tuvo algunas
marcas diferentes: uno de los testigos citados, el ex oficial Gustavo Prellezo, se salió
de libreto y denunció que en el asesinato de José Luis Cabezas –causa en la que
Prellezo está imputado y detenido– podría haber intervenido el narcotráfico y que
“no se siguió esa línea investigadora para que no se llevara el caso a la Justicia
federal” (ver aparte).
También hubo un pedido de procesamiento por falso testimonio contra Héctor Colo, otro de
los ex policías citados como testigos porque sus olvidos fueron demasiado patéticos. El
botón de oro se lo llevó el ex oficial Sergio Camaratta, a cargo de la subcomisaría de
Valeria del Mar. Camaratta inició el caso presentando una denuncia en la que señalaba a
Coppola como parte de una red del narcotráfico. Llegó a esa conclusión después de
“investigaciones” sobre Daniel Pla, alias Flipper, (“un puntero de la droga
en la costa”), y por datos proporcionados por un informante “reservado”.
Ese informante le habría dado los ocho números telefónicos que el juez Hernán
Bernasconi ordenó luego intervenir al iniciar su cuestionada investigación. Fueron
pinchados así los números de Guillermo y Natalia Coppola, un custodio del boliche Ku, de
Pinamar, Gustavo Palmer, empresario dueño de los boliches Ku y El Alma, y Samantha
Farjat. Ayer, vapuleado hasta el cansancio por los jueces, no pudo justificar qué asidero
tuvo su “espontáneo” aporte a la Justicia.
La defensa de Coppola y la de los otros tres imputados tenía preparada para ayer la
demostración de que el procedimiento policial y judicial encabezado por el juez
Bernasconi estuvo “armado” en su contra. En un cuarto intermedio se lo escuchó
diagnosticar: “Vamos ganando seis a cero”. Su alegría comenzó con las dos
primeras horas de audiencia dedicadas por entero al ex oficial principal, Gustavo
Prellezo, segundo en jerarquía en la comisaría de Pinamar en 1996. Prellezo fue citado
porque el 11 de marzo de aquel año se trasladó extrañamente a la subdelegación de la
Bonaerense en Cariló, comandada por el oficial Héctor Colo, para tomar una denuncia que
presentaría otro ex oficial, Sergio Camaratta, a cargo de la subdelegación policial de
Valeria del Mar.
–Me comunicaron que se iba a hacer una denuncia –sostuvo Prellezo.
–¿Quién le comunicó? –preguntó el juez Eduardo Mugaburu.
–No recuerdo –respondió el ex oficial, anticipando el lugar común en que
insistiría a lo largo de su declaración, y luego imitado por sus ex colegas. Tampoco
recordó en qué consistía la denuncia de Camaratta. Elsecretario del tribunal debió
actuar como ayudamemoria leyendo el acta tomada por el mismo Prellezo a Camaratta.
Cuarto intermedio mediante, siguieron las declaraciones de Andrés Troelsen, un empresario
amigo de Coppola, y la periodista Gabriela Coccifi de la revista Gente, ambos citados a
pedido de la defensa para demostrar que el representante de Maradona “estaba
preocupado por la persecución que sufría”. Después llegó el turno del ex oficial
Héctor Colo. “Yyyy...no sé”, “Estimo que sí”, o “No me
acuerdo” fueron sus respuestas más reveladoras. Colo, en cuya subcomisaría de
Cariló se tejieron los primeros hilos del caso Coppola, se pisó en ambigüedades, no
recordaba si la denuncia de Camaratta había sido transcripta al libro de novedades de su
propia comisaría, y llegó a dudar cuando el fiscal Raúl Perotti, al borde de una crisis
de nervios, le preguntó si conocía el manual de procedimientos policial. “Lo
recuerdo en parte”, respondió Colo. No dio para más. Después de dos horas de
interrogatorio cruzado entre defensores, fiscalía y tribunal, Perotti pidió a los jueces
Jorge Tassara, Luis Velazco y Eduardo Mugaburu, que se lo procesara por falso testimonio y
ocultamiento de la verdad. Siguieron Juan Carlos Salvá, “el patrón de la
costa” como se hizo famoso cuando era uno de los sospechosos del caso Cabezas (ver
aparte) y Sergio Camaratta.
Casi a las diez de la noche, a Camaratta era la vigésima vez que le preguntaban lo mismo.
Cuáles eran las “exhaustivas” tareas de inteligencia e investigaciones que lo
llevaron a presentar la denuncia en la comisaría de Héctor Colo, en Cariló, ante
Prellezo. No pudo recordarlo y tampoco explicar por qué las dos veces que declaró ante
la Justicia al respecto, presentó dos versiones completamente distintas. Desde el
tribunal llegaron a decirle: “Camaratta, lo que usted nos dice no nos cierra”. Y
el fiscal Perotti interrumpió el interrogatorio de los jueces al ex policía para pedir,
al borde de la furia, que se le muestre al testigo las fotocopias del expediente de la
causa Pla, durante cuya investigación Camaratta habría encontrado puntas que señalaban
a Coppola. Camaratta hojeó en vano las fotocopias. El Tribunal le leyó sus declaraciones
anteriores, en las que se contradice. El siguió buscando en la causa Pla. Debería,
según el policía, existir algún indicio o vinculación del narcotráfico con los
imputados que ameritara la investigación. Pero no los encontró.
SALVA NO RECONOCIO UNA FIRMA SUYA EN EL
EXPEDIENTE
Actas surgidas de la nada
Por C. A. y H. C.
El ex
policía que durante el caso Cabezas se hizo famoso como “el Patrón de la
Costa”, por el poder que ostentaba al mando de una supuesta banda policial
organizada, resultó ayer testigo central del caso. Sucede que Juan Carlos Salvá, una
especie de ahijado del famoso comisario Mario “Chorizo” Rodríguez, fue quien
escribió en una máquina eléctrica el acta de allanamiento al departamento de Guillermo
Cóppola. También quien trasladó luego de su detención hasta Dolores a Gabriel
Espósito, el Morsa, cuñado de Diego Maradona. Para completar, estuvo en el allanamiento
a la casa del remisero Claudio Cóppola, cuando fueron detenidos Héctor “Yayo”
Cozza y Tomás “Pacco” Simonelli. Ayer, a favor de los acusados, no reconoció
como suya su firma en una de las tareas de inteligencia realizadas al comienzo de las
actuaciones. Un paso más para el objetivo de la defensa: que el juicio termine con la
nulidad de lo actuado. También reconoció que dio un auto y un chofer al policía Daniel
Diamante, para que investigue, a pedido del juez Hernán Bernasconi.
Por un momento, la escena de las seis de la tarde pareció una película de gangsters.
Contra una pared, de traje gris oscuro, camisa negra y corbata de buen muchacho, Salvá
señalaba dubitativo el plano del departamento. Intentaba explicar cómo fue allanado. La
misma escena había protagonizado la semana pasada el manager cuando indicó los sitios de
su casa que misteriosamente la policía nunca revisó la noche del 8 de octubre de 1996.
Los jueces lo tenían sin respiro al policía. No lograba recordar las valijas que no
fueron abiertas, los autos en la cochera, las tapas del aire acondicionado, la baulera.
Luego reconoció que en el acta de allanamiento nunca incluyó la agenda de Cóppola, un
objeto importante teniendo en cuenta que los investigadores suponían que el manager era
un “traficante internacional”. En un momento no supo explicar la ubicación del
lavadero. Pues Cóppola, que mereció el apodo de “El padrino”, dejó el sillón
de los acusados, y fue hasta el plano para enseñarle al “patrón” dónde estaba
parado.
“Lo de Cabezas fue por drogas”
En el juicio a Coppola, Gustavo
Prellezo se descolgó con el caso por el que está preso: pretende pasar a la órbita
federal.
El ex oficial, en un traslado por el
caso del fotógrafo.
Ayer aseguró que Cabezas investigaba un caso de drogas. |
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Por Raúl Kollmann
Sorpresivamente, sin
que tuviera relación alguna con el caso Coppola, el ex oficial Gustavo Prellezo sacó un
conejo de la galera: dijo ayer en el juicio oral que José Luis Cabezas estuvo
investigando un caso de drogas en Pinamar poco antes de que fuera asesinado y que ése
podría ser el móvil del crimen del fotógrafo. Todo indica que la jugada de Prellezo no
consiste en revelar la verdad de los hechos sino que está destinada a cambiar de
jurisdicción la causa Cabezas: actualmente está en la Justicia bonaerense, con fuerte
influencia del gobernador Duhalde, y la pretensión es que pase a la Justicia federal,
más controlada por la Casa Rosada. Esa estrategia de Prellezo coincide con la de los
abogados de la familia Yabrán, que hoy siguen en la causa, pero a cargo de la defensa del
jefe de custodia del supercartero, el detenido Gregorio Ríos. De todas maneras, la
maniobra del cambio de jurisdicción es difícil que prospere.
Gabriel Michi, compañero de Cabezas en aquel enero de 1997, sostiene que ellos no
investigaban ningún caso de drogas. La revista Noticias les había encargado que
indagaran sobre la ola de robos que sufría Pinamar y en la que justamente estaban
involucrados quienes después participaron del asesinato, los policías Prellezo,
Camaratta y Luna y los cuatro ladrones de Los Hornos, contratados por los uniformados para
que robaran en la ciudad balnearia. Según lo declarado por Michi, el único elemento que
relacionó esa investigación con drogas es que uno de los detenidos por los robos tenía
40 gramos de cocaína y esto lo anotó Cabezas en un cuaderno.
Sea como fuere, lo cierto es que Prellezo nunca habló de la cuestión hasta ayer, es
decir que supuestamente se guardó esa revelación durante casi dos años y medio. Parece
poco creíble. Todo indica que la movida –claramente preparada– es parte de su
estrategia judicial. Como en todo el caso Cabezas, aquí vuelven a formarse dos bandos:
uPrellezo, Ríos y los abogados de la familia Yabrán quieren sacar la causa de la
Justicia provincial donde sienten que ya están condenados. El enfrentamiento con Duhalde
es durísimo: acusan al gobernador de dominar la Justicia y además de haber orientado
toda la investigación contra Yabrán y no contra los poderosos ex comisarios de la
Bonaerense, que según ellos fueron los verdaderos organizadores del crimen. El letrado de
Ríos, Jorge Sandro, tiene previsto recusar a la Cámara de Apelaciones de Dolores, que va
a estar a cargo del juicio oral, y su aspiración es llevar el caso a la Justicia federal,
lejos de la influencia de Duhalde y cerca de la del Gobierno. Los dichos de Prellezo de
ayer sintonizan perfectamente con esa estrategia.
uDuhalde y los investigadores de la Bonaerense quieren retener a toda costa el expediente,
fuertemente dirigido contra Yabrán y su entorno. Por un lado, la pesquisa siempre fue
parte de la interna con la Casa Rosada y por el otro se evita una profundización de todas
las pistas que involucran a lo que fue la conducción de la Bonaerense. Si hoy se
descubriera más nítidamente que el asesinato fue realizado por encargo de los otrora
poderosos comisarios, el prestigio de Duhalde se vería fuertemente afectado. El caso
Cabezas en manos de jueces adictos al gobierno nacional apuntaría sin dudas contra
Duhalde y la Bonaerense.
En este escenario, lo cierto es que la movida de Prellezo tiene muy pocas posibilidades de
prosperar. Es difícil que un juez federal le pida a la Justicia provincial que se aparte
de la causa, sobre todo porque ante el inminente cambio de gobierno es improbable que
algún magistrado de Comodoro Py acepte asumir semejante costo político. Además, tampoco
querrán enemistarse con Duhalde, uno de los dos candidatos a presidente con posibilidades
de ganar.
Como se ve, a casi 29 meses del asesinato, la investigación sigue, como desde el
principio, en medio de vaivenes políticos y maniobras judiciales.Paralelamente continúan
sin aclararse las contradicciones, las dudas sobre el arma, la máquina de fotos y las
otras personas que participaron del crimen. En suma, la historia oficial del crimen no
cierra mientras la causa es un botín que se disputan en lo más granado del poder.
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