Página/12 en Francia
Por Eduardo Febbro Desde París Al día siguiente de que el
gobierno belga decidiera retirar de las circulación todos los productos de la marca
Coca-Cola a raíz de la contaminaciones de decenas de personas que habían ingerido la
famosa bebida gaseosa, el gobierno de Luxemburgo siguió la misma iniciativa mientras que
en Holanda fue Coca-Cola quien tomó la decisión de sacar sus productos de la venta. En
Francia, a última hora de anoche, la secretaria de Salud ordenó la suspensión de la
comercialización de la Coca-Cola en lata, así como de los demás productos de la marca.
Con un atraso considerable frente a la urgencia del caso, Coca-Cola recién
“descubrió” cuáles fueron las fallas en la producción por las cuales la
bebida más famosa del mundo había provocado vómitos, malestares fuertes y retorcijones
de estómago entre las personas que consumieron el producto entre el jueves pasado y el
lunes.
Según precisó Philippe Lenfant, responsable de Coca-Cola Bélgica, las intoxicaciones de
los últimos días se deben a dos razones: la primera es la utilización de un “gas
carbónico de mala calidad”, es decir, el C02 que sirve como gasificador de la
bebida; la segunda es la contaminación del revestimiento anticorrosión colocado en la
base de las latas de Coca-Cola con una pintura fungicida que se emplea en las cajas de
transporte. Philippe Lafont aseguró que el producto no había penetrado en las latas
pero, sin embargo, se negó a precisar cuántos lotes, botellas o latas habían sido
afectados.
Curiosamente, los dos accidentes se produjeron simultáneamente en dos plantas diferentes
de la firma norteamericana, una situada en Bélgica, la otra en Francia. En la planta
belga de la localidad de Anveres la intoxicación se propagó a raíz del gas carbónico
empleado. En la planta de Socx, cerca de la ciudad de Dunkerque, en el norte de Francia,
fue el fungicida el que impregnó el producto.
Pese a que Coca-Cola aseguró que sólo el mercado belga había sido afectado y argumentó
que “los problemas constatados están limitados geográficamente y no tocan el
mercado francés”, países como Francia y Luxemburgo constataron en las últimas
horas casos de intoxicación similares a los que se produjeron en Bélgica.
En Luxemburgo, unas diez personas resultaron contaminadas, mientras que en Francia la
secretaria de Estado de Salud, Marylise Lebranchu, anunció que dos personas habían
sufrido malestares que podrían coincidir con el consumo de Coca-Cola. La funcionaria
francesa consideró anoche que “no somos capaces de saber cuáles son los lotes
contaminados, cuántas latas fueron vendidas en Bélgica y cuántas entraron en Francia.
Por esta razón, pedimos a todos los comerciantes que suspendan la comercialización de
todos los productos de la marca. Es lamentable, pero creo que se trata de una lección
para nosotros y para el futuro de las empresas que fabrican productos de consumo
masivo”. Philippe Marty, miembro de Coca-Cola Francia, precisó ayer que “no es
el producto en sí mismo el que está en tela de juicio”. Según Marty, apenas una
docena de lotes distribuidos en Bélgica están contaminados.
Sin embargo, las afirmaciones de los directivos de Coca-Cola no parecen haber convencido a
las autoridades de los países involucrados: Bélgica, Luxemburgo y Francia. Los tres
tomaron medidas preventivas mientras que la Comisión Europea, que el viernes pasado
había activado su sistema de “alerta rápida” para los problemas de seguridad
sanitaria, se volvió a reunir ayer. Como si fuera poco, Coca-Cola, que alegó haber
“presentado las conclusiones necesarias ante la Inspección Belga de Productos
Alimentarios”, no logró convencer a las autoridades belgas para que levantaran la
ley seca. Desde el pasado 9 de junio, más 130 personas,entre ellas decenas de niños,
sufrieron males diversos ligados al consumo de Coca-Cola y los demás productos derivados
de la marca. El escándalo alcanzó ayer una clara dimensión política. Antes de que
Luxemburgo y Francia calcaran las medidas de urgencia decididas en Bélgica, los
dirigentes de Coca-Cola arguyeron que “el gobierno belga está bajo la enorme
presión del escándalo que surgió con la contaminación de los pollos con dioxina. El
gobierno digirió mal ese caso y eso es lo que lo llevó a actuar de manera
excesiva”.
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