Página /12 en Italia
Por Laura Términe Desde Roma La Justicia italiana podrá
abrir un proceso contra los responsables de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA),
la institución militar que albergaba un centro de detención y torturas clandestino
durante la última dictadura militar argentina. La presentación judicial de familiares de
desaparecidos ítalo-argentinos ante el fiscal italiano Antonio Caporale pide la
incriminación del contraalmirante Antonio Vañek, del capitán de fragata Jorge Vildoza,
por entonces jefe del grupo de tareas 3, del capitán de corbeta Jorge “Tigre”
Acosta –subordinado de Vildoza–, del prefecto naval Héctor Antonio Febré y del
ex oficial Alfredo Astiz, ya condenado a cadena perpetua en los tribunales franceses.
La denuncia contra militares que desempeñaron tareas en la ESMA se basa en los casos del
empresario de la construcción Juan Pegoraro y de su hija Susana Beatriz Pegoraro,
desaparecidos el 18 de junio de 1977, y detenidos ilegalmente en la Escuela de Mecánica y
en la Base Naval de Mar del Plata. Susana fue secuestrada cuando estaba embarazada de
cinco meses y dio a luz una nena a fines de octubre del mismo año.
Inocencia Pegoraro, la madre de Susana, viajó a Roma para dar su testimonio al fiscal
Caporale, quien entre las pruebas reunidas cuenta con las declaraciones de Sara Osatinsky
y Ana María Martí, sobrevivientes de la ESMA y testigos de la presencia de los Pegoraro
en el centro de detención. En una declaración de 1990, Osatinsky recuerda la presencia
de Astiz y de Acosta en la ESMA. El Tigre Acosta me dijo una vez que él erael responsable
de la vida y la muerte de todas las personas que estaban en el campo. El fue uno de mis
torturadores”, dice Osatinsky en una parte del escrito.
La denuncia que tiene en sus manos el fiscal contiene además las desapariciones de la
ciudadana italiana Angela Aietta de Gullo y su hijo Jorge Gullo, quienes según el
testimonio de Lisandro Cubas habrían estado detenidos en la ESMA.
Otro elemento de prueba lo constituye el testimonio de Adolfo Scilingo ante el juez
español Baltasar Garzón, durante el cual el capitán de marina cuenta los “vuelos
de la muerte” que se realizaban con los detenidos de la ESMA. El fiscal Caporale
deberá saltar un nudo judicial antes de mandar la denuncia contra la ESMA al ministro de
Justicia, quien tiene la palabra final para que se inicien las investigaciones
preliminares en Italia, que podrán dar lugar a un proceso. Es que los casos Pegoraro
fueron archivados en 1995 por un juez italiano por falta de pruebas y es necesario que el
mismo magistrado reabra las causas si considera que hoy existen elementos nuevos.
“Las investigaciones de Garzón en España, del juez Bagnasco en Argentina y el
arresto de Policarpio Vázquez, no existían hace cuatro años”, analizó ante
Página/12 Jorge Iturburu, miembro de la Liga Internacional por el Derecho y la Libertad
de los Pueblos, quien acompaña las denuncias en Italia desde hace más de diez años.
Policarpio Vázquez, suboficial de la marina de Mar del Plata, está detenido por
falsificación de documentación relativa al nacimiento de Karina Evelyn Vázquez Farrá
–anotada como hija de Vázquez y su esposa Ana María Farrá–, quien según una
investigación de Abuelas de Plaza de Mayo podría ser la hija de Susana Pegoraro, aunque
todavía no fueron hechos los análisis que confirmen esa probabilidad. La apertura de un
proceso contra los responsables de la ESMA obtuvo ayer el apoyo del Comité de Derechos
Humanos de la Cámara de Diputados italiana, que prometió enviar una carta al ministro de
Justicia avalando la denuncia de familiares. El titular de esa cartera deberá decidir si
en este caso se puede aplicar el artículo 8 del Código Penal italiano, que permite
juzgar a los responsables de un delito político sufrido por un ciudadano italiano en
territorio extranjero. La denuncia se suma a otra realizada la semana pasada que aporta
pruebas sobre la existencia del Plan Cóndor y pide el proceso para nueve militares
argentinos, uruguayos y paraguayos, y que también espera el visto bueno del ministro de
Justicia para desembarcar en los tribunales locales.
| Debate por la ESMA El debate para determinar el destino de las instalaciones de
la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) está en marcha: legisladores porteños y
dirigentes de organismos de derechos humanos se reunieron ayer y resolvieron empezar a
trabajar sobre la base de los ocho proyectos presentados en la Legislatura local, luego de
que el presidente Carlos Menem ordenara por decreto el traslado de la ESMA y la
demolición de sus instalaciones. Al encuentro concurrieron el procurador general de la
ciudad, Ernesto Marcer –quien en representación del gobierno porteño logró que la
Justicia frenara la orden de Menem–, y Laura Bonaparte y Graciela Lois, promotoras de
otro amparo que también resultó favorable. La comuna porteña reclama el dominio del
predio de la ESMA y sostiene que en su momento fue cedido a la Nación con el único
objeto de que la Marina instalara allí sus escuelas. Aunque con matices, la idea que
prima entre los legisladores y los organismos de derechos humanos es transfomar las
instalaciones de la ESMA en un “museo de la memoria”. |
|
