| Por Horacio Verbitsky  La policía de investigaciones
de Chile detuvo ayer al gerente general de la editorial Planeta, Bartolo Ortiz y a su
editor Carlos Orellana, por violar la Ley de Seguridad del Estado con la publicación de
la obra de la periodista Alejandra Matus El Libro Negro de la Justicia chilena. Según
informó la editorial, los dos detenidos fueron incomunicados hasta de sus defensores. La
orden fue impartida por el juez de cámara Rafael Huerta, quien entiende que la
publicación del libro forma parte de un complot con ramificaciones internacionales para
desprestigiar a la Justicia chilena.
Pese a que los gobernantes son elegidos por el voto popular, siguen rigiendo en Chile
leyes incompatibles con el ordenamiento jurídico democrático, como la que permite
declarar infractores a la seguridad del Estado a quienes critican a funcionarios
públicos, militares, policías u obispos y castigarlos con cinco años de prisión. A
ello se agrega la caprichosa interpretación judicial del artículo 7 del Código de
Procedimiento Penal, que obliga a los jueces a proteger a las víctimas de un delito, y
del 114, que les permite secuestrar los instrumentos que hayan servido para cometerlo. En
virtud de esta homologación de un libro con un arma la Corte Suprema de Justicia ya
había secuestrado en 1993 el libro Impunidad diplomática, del periodista Francisco
Martorell, a pedido del empresario más poderoso de Chile que se sintió agraviado. La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió que esa medida era incompatible con
el artículo 13 del Pacto de San José, según el cual la libertad de expresión no puede
ser sometida a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores y exhortó al gobierno
chileno a permitir el regreso de Martorell y la circulación de su obra. La primera parte
del pedido fue satisfecha, pero el libro sigue prohibido. En su descargo ante la CIDH, el
gobierno de Chile respaldó la pretensión de la Corte Suprema de que el honor de las
personas tiene prioridad sobre la libertad de expresión. La CIDH rechazó esa afirmación
por incompatible con los instrumentos jurídicos internacionales a los que Chile está
obligado.
Alentada por tan claudicante posición del gobierno, en abril de este año la justicia de
Santiago secuestró los ejemplares del Libro Negro que acababan de distribuirse. También
emitió una orden de arresto contra su autora, quien llegó al aeropuerto antes que los
detectives y pudo huir hacia Buenos Aires. La denuncia la presentó el juez de la Corte
Suprema Servando Jordán porque Alejandra Matus escribió que se meaba en los pantalones y
otras cosas más graves. La detención de los editores demuestra ahora una voluntad
contumaz de perseguir a quienes se animan a ejercer un derecho elemental que rige en todos
los demás países miembros de la OEA. Con El Libro Negro de la Justicia chilena son 25
los casos en los que, luego de concluida la dictadura, se ha aplicado a periodistas y
políticos la ley de seguridad del Estado para reprimir críticas a funcionarios
públicos. Ni Alejandra Matus y las organizaciones de periodistas y de defensa de los
derechos humanos que la respaldan, ni el juez español Baltasar Garzón, ni la Cámara de
los Lores británicos podrían haber producido un desprestigio de la justicia chilena
similar al que ella misma se infiere con estas decisiones anacrónicas y cavernarias.
En 1971, cuando España vivía el último lustro de la dictadura de Franco, el dibujante
Forges publicó una pieza maestra del humor político. Un barbudo sentado en un banquito y
con una lámpara apuntándole al rostro era interrogado desde las sombras por varios
detectives de civil, como los que ayer se llevaron a Bartolo Ortiz y Carlos Orellana. Uno
de ellos lo instaba: “Confesad, sabemos que sois 36 millones”. El complot que
acechaba a la España de Franco tenía componentes y dimensiones similares al que hoy se
cierne sobre el Chile que aún se resiste a dejar de ser de Pinochet.
| El golpe de la censura Apenas fue presentado en sociedad, a mediados de abril, El Libro Negro de la
Justicia Chilena (Planeta), de la periodista Alejandra Matus, sufrió un golpe censor que
le impartió la Justicia del país vecino. La policía irrumpió en la editorial con una
orden judicial para incautar todos los ejemplares de la publicación. También se dispuso
el arresto de la autora, quien escapó a tiempo rumbo a Buenos Aires. El detonante había
sido la querella iniciada por el juez de la Corte Servando Jordán, que invocó la Ley de
Seguridad Interior al sentirse afectado por el contenido de la investigación. El texto de
Matus desnuda la corrupción en la Justicia de chilena y, entre otros puntos, detalla las
relaciones de la Corte con los militares golpistas y la forma en que el alto tribunal dio
legitimidad a la Junta Militar de Gobierno encabezada por Augusto Pinochet. Los
responsables de Planeta en Chile, Bartolo Ortiz y Carlos Orellana, reafirmaron en todo
momento como ciertos los dichos del libro. Eso les valió ayer su detención, al ser
considerados coautores del delito de injurias. El director de Editorial Planeta en
Argentina, Ricardo Sabanes, viajó a Santiago de urgencia y se reunió con el abogado
Hernán Montealegre, que patrocina a los editores. “Estamos tratando de ver cómo
sacarlos pronto de la cárcel”, dijo a Página/12 desde Santiago sin descartar la
posibilidad de que se pague una fianza. “Encarcelar a editores por publicar un libro
implica que la sociedad chilena no tiene acceso a la información de la manera libre, que
se apresa a gente que hace circular ideas. Estamos sorprendidos”, remató. La Unión
de Trabajadores de Prensa (UTPBA) y la Asociación Periodistas expresaron su repudio. |
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