| Por Victoria Ginzberg  Un nuevo proceso contra
militares argentinos se abrió en el exterior. Pero esta vez no fue en Europa, sino en
Paraguay. El juez del crimen Pedro Mayor Martínez resolvió abrir una causa para
investigar la desaparición de dos paraguayos en Argentina y de un argentino en Paraguay,
todos víctimas del Plan Cóndor. En su fallo, el magistrado mencionó que “el
principio de Justicia Universal” lo habilita para actuar en este juicio y señaló
que la desaparición forzada “posee la característica de delito continuado mientras
no se establezca el destino o paradero de la víctima”.
El juicio se inició a partir de que el abogado Martín Almada denunciara la desaparición
de Ignacio Samaniego, Oscar Luis Rojas y Federico Tatter ante la Justicia paraguaya. A
fines de febrero, el juez Mayor Martínez resolvió iniciar la investigación y
comprobación de estos hechos. El objetivo del proceso es el castigo a los responsables y
partícipes.
“Nuestra legislación contempla la posibilidad de persecución penal de estos
ilícitos, aplicando como fundamento el principio de Justicia Universal”, aseguró el
magistrado. Mayor Martínez agregó que los delitos denunciados “están contemplados
en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas” y que, como
se explicitó allí “serán permanentes mientras no se establezca el destino de la
víctima”.
En las desapariciones de Tatter, Rojas y Samaniego están involucrados miembros de las
fuerzas de seguridad argentinas y paraguayas. Los tres figuran en el “archivo del
terror” de Paraguay. Además, la Justicia de ese país cuenta desde el viernes pasado
con nuevos documentos relacionados con el Plan Cóndor, ya que ese día fue allanada la
oficina central de la Interpol paraguaya. Ignacio Samaniego nació en Paraguay. Fue
secuestrado en Argentina el 18 de septiembre de 1978, cuando salía de un bar ubicado en
San Juan y Boedo. Tenía 35 años y estaba de paso en Argentina ya que el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) estaba tramitando su salida a Suecia.
Fue visto en los centros clandestinos El Banco y El Olimpo. Alberto Barrtett, otro
paraguayo que compartió su encierro, aseguró que ambos fueron interrogados en Guaraní.
Federico Tatter nació en Paraguay en diciembre de 1922. Vivía en Argentina y fue
detenido en su domicilio particular el 15 de octubre de 1976 a las seis de la tarde. Su
caso también está siendo investigado en Alemania ya que Tatter era ciudadano de ese
país. Dieciocho años después de su desaparición, su foto fue encontrada en el
“archivo del terror”. El hombre estaba a disposición del servicio de
inteligencia paraguayo.
Oscar Luis Rojas era argentino y fue secuestrado en Paraguay el 14 de junio de 1976, once
días después de que ingresara en ese país. Según documentos rescatados del archivo del
terror, fue “expulsado” el 22 de marzo de 1977. Es decir, fue entregado a las
autoridades argentinas.
La resolución del juez paraguayo fue anexada ayer a la causa en la que se denunció la
inconstitucionalidad de los indultos a militares procesados –que aquí lleva adelante
el juez federal Gustavo Literas– por pedido de los abogados Alberto Pedroncini, David
Baigún, Albor Ungaro, Héctor Trajtenber y Sergio Di Gioioia. Literas también está
investigando el Plan Cóndor, ya que varios militares uruguayos, cuyos decretos de indulto
dictados por el gobierno argentino tendrían irregularidades, fueron incorporados a este
juicio.
| Los indultos Los querellantes en la causa que estudia la presunta inconstitucionalidad de
los indultos a militares procesados pidieron la declaración testimonial del ex jefe del
Segundo Cuerpo del Ejército, general Eduardo Cabanillas, y del ex presidente de facto
Jorge Videla. El juez que la instruye podría citarlos si considera que pueden aportar
elementos sobre el funcionamiento del centro clandestino de detención Automotores
Orletti, sede operativa del Plan Cóndor en Argentina. Cabanillas reconoció en 1977 ante
la justicia militar que revistó en la OT18, nombre castrense de Orletti. Y Videla sería
convocado como superior de Cabanillas. De este modo, la causa podría encaminarse hacia la
evaluación de las responsabilidades de los militares en sentido ascendente en la cadena
de mandos. |
La causa por Santucho y Urteaga
Declaró D’Andrea Mohr
El ex
capitán José Luis D’Andrea Mohr declaró ayer en la causa en la que se investiga el
destino de los restos de Mario Roberto Santucho y Benito Urteaga y narró que se enteró
del episodio de Villa Martelli –en el que supuestamente fueron heridos los líderes
del ERP– en una reunión de oficiales del Ejército de la unidad militar de San
Carlos de Bariloche que fue convocada especialmente para hablar de ese tema. El ex
capitán señaló también a algunos responsables del centro clandestino de detención que
funcionaba en Campo de Mayo.
“Mi única tarea es encontrar a Santucho”, le había dicho el capitán Juan
Carlos Leonetti a D’Andrea Mohr, un año antes del operativo en el que fueron
abatidos los jefes del ERP. Leonetti murió en ese operativo. El ex capitán declaró que
supo que “en el predio de la guarnición de Campo de Mayo se realizaron cremaciones y
traslados de personas por modo aéreo y que jamás volvieron”. Dijo también que
aunque no conoció el Museo de la Subversión, se enteró de su existencia por sus
camaradas, así como supo que había uno similar en el Primer Cuerpo del Ejército de
Palermo.
D’Andrea Mohr mencionó –de acuerdo a lo que figura en el libro Campo
Santo– al teniente coronel Jorge Vosso como responsable del centro clandestino de
detención conocido como “Las Casitas” o “El Campito”, que funcionó
en Campo de Mayo. Y agregó que el entonces capitán Osvaldo Miguel Guarnaccia tenía un
rol muy importante en el lugar. El testigo proporcionó al juzgado sus dos libros –El
escuadrón perdido y Memoria Debida–, en donde figuran numerosos datos que serán
cruzados con los que hasta ahora pudo recoger el juez Alfredo Bustos.
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