| Por Raúl Dellatorre  Al banquero menemista Raúl
Moneta se le cerró ayer la puerta de salida para zafar de la orden de captura dispuesta
por el juez federal mendocino Luis Leiva. En una causa paralela que se sustancia en los
tribunales porteños, el magistrado Gustavo Literas lo citó a prestar declaración
indagatoria para el próximo 1º de julio, bajo los cargos de asociación ilícita y
defraudación fiscal. Si se presenta, podría ser detenido en cumplimiento del fallo de
Leiva. Si no se presenta, el juez Literas podría dictarle la orden de detención. Por
ahora, el principal accionista del CEI Citicorp Holding y ex director de Telefónica de
Argentina se mantiene en la única situación que le asegura la libertad: prófugo.
Las defensas de Moneta y de otros nueve directivos del Banco Mendoza (dos de ellos
actualmente en prisión) pretendían desconocer la competencia de Leiva y que la causa
pasara al juzgado de Literas, donde esperaban un trato más amable para sus defendidos. El
juez porteño pidió la inhibición de Leiva para unificar las causas en sus manos, lo
cual fue interpretado, en su momento, como una maniobra a favor de Moneta. Pero la
citación de ayer ordenada por Literas lo despega de las maniobras políticas en favor del
banquero prófugo.
Literas ordenó la citación de Moneta y de los restantes miembros del último directorio
del Banco República tras analizar los elementos que obtuvo en el allanamiento al Banco
Central, el viernes último. En esta causa se investigan las supuestas irregularidades que
habría cometido la conducción del República hasta su caída, fundamentalmente en
operaciones cruzadas con el Banco Mendoza, bajo control de Moneta desde su privatización.
De comprobarse las irregularidades denunciadas, no sólo quedaría comprometida la
situación de Moneta, sino también la de las propias autoridades del Banco Central. Tal
cual informó el propio juez interviniente, es a partir de las mismas constancias que
obraban en manos de la autoridad monetaria que se resolvió la imputación contra el
directorio del Banco República. Por lo tanto, recaería sobre Pedro Pou y otros miembros
del directorio del Central el cargo de no haber actuado de acuerdo con sus obligaciones en
el momento en que tomó conocimiento de los manejos irregulares.
La documentación secuestrada el viernes último en el Banco Central abarca desde la
homologación de la fusión entre el Mendoza y el República hasta las auditorías
realizadas por el BCRA en el último. Anteriormente, el mismo magistrado había practicado
allanamientos en las sedes de ambos bancos, pero recién a partir de los elementos
recabados este último viernes Literas estuvo en condiciones de imputarle cargos a Moneta,
a una decena de directores y a un apoderado “con actuación directa” en algunas
de las operaciones bajo sospecha.
La defensa de Moneta había pedido ante Literas el beneficio de eximición de prisión
inmediatamente después de que Leiva dictara la orden de detención. El magistrado
porteño se la otorgó, contra una fianza de 100 mil pesos y determinados compromisos que
debía cumplir el investigado. Según relató Literas a Página/12, “el beneficio fue
otorgado pero nunca efectivizado, porque el solicitante nunca se presentó ni depositó la
fianza en el juzgado; hicieron una presentación ante escribano que este tribunal no
consideró válida”. No obstante, con la nueva citación, “aquel pedido de
beneficio se transforma en abstracto, porque ahora tiene obligación de presentarse y, si
no lo hace, le cabe el pedido de captura”, agregó el magistrado.
Literas está a la espera de una resolución del juez Leiva respecto del pedido de
inhibición que le formulara el primero, para unificar las causas en la Capital. Pero
Leiva no parece dispuesto a ceder su investigación, centrada fundamentalmente en el
proceder de los directivos del Banco Mendoza. “Yo no descarto que siga así, con dos
investigaciones paralelas, si se ve que parten de hechos diferentes”, señaló
Literas a este diario.”La responsabilidad de los directivos del República es el paso
previo a determinar la que le corresponde a las autoridades del Banco Central, y
seguiremos la investigación en ese camino”, adelantó.
| Sin salida El juez federal de Mendoza Luis Leiva denegó ayer el pedido de eximición de
prisión de Raúl Moneta. El fallo sucede a otro dado a conocer el miércoles por el juez
de la misma provincia Alfredo Rodríguez, quien rechazó el hábeas corpus presentado por
la defensa del ex banquero menemista, en busca de resguardar la libertad de su cliente. El
argumento de los abogados de Moneta era que la orden de captura en su contra tenía
“naturaleza ilegítima”, recurso que el juez Rodríguez calificó de
“improcedente”. Por otra parte, Leiva dispuso anoche la excarcelación de Hugo
Emili bajo fianza y se esperaba que pudiera tomar la resolución con respecto de Jorge
Rivarola, los dos únicos ex funcionarios del Mendoza detenidos. |
SPOLSKI NO QUIERE VER AL JUEZ CAVALLO
Un golpe al corazón
“Si
el médico forense no confirma el problema cardíaco aducido por (Alberto) Spolski, será
traído por la fuerza pública”, señaló a Página/12 un colaborador del juez
Gabriel Cavallo. Y agregó que el médico fue enviado al Tigre, donde se encuentra el ex
banquero, acompañado por un policía. Esa era la situación del ex presidente del Banco
Patricios tras eludir ayer la cita con el magistrado. Una alta fuente judicial confirmó a
Página/12 que el banquero, en el mejor de los casos, tendrá 48 horas improrrogables para
presentarse a declarar en la causa en la que lo acusa de vaciamiento de la entidad. En esa
misma causa, Cavallo procesó a Pedro Pou, titular del Banco Central.
La denuncia que movilizó a la Justicia contra los banqueros, que involucra también a
Rubén Beraja, ex titular del Banco Mayo, fue promovida por los diputados aliancistas
Jorge Rivas, Héctor Polino y Alfredo Bravo. Antes de la convocatoria al evasivo Spolski,
Cavallo interrogó a diversos directivos del fallido banco. Entre ellos, a los directores
Víctor Santa María y el ex ministro de Trabajo Enrique Rodríguez.
Según la fuente tribunalicia las declaraciones de los adláteres de Spolski carecieron de
línea argumental y pusieron el eje en frases como “no me acuerdo” o “de
eso no me ocupaba”. Según los oficiales judiciales, ese comportamiento se explica
por el hecho de que los indagados “no pueden dar explicaciones concretas ante las
abrumadoras pruebas acumuladas”.
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