Página/12

La ofensiva del intendente de San Miguel, Aldo Rico, llevó sangre al río: la patota que alienta el ex comando carapintada copó esta vez el Concejo Deliberante y agredió a los concejales de la oposición. Varios patovicas saltaron encima de la pierna del concejal Julio César Franchino, candidato a intendente por la Alianza, hasta quebrarle la rodilla. Luego, como si nada hubiera ocurrido, los ediles oficialistas aprobaron la ordenanza que declara la emergencia sanitaria en el distrito, pese a que una orden judicial se lo impedía. Por la tarde, cuando Rico salió a dar su parte de guerra ante la prensa, se presentó junto a cuatro intendentes y un candidato de distritos vecinos, quienes le brindaron un inusitado apoyo. Allí, el ex militar justificó la agresión: “Vinieron por lana y salieron trasquilados”, dijo, en una frase que institucionaliza la patota como política de Estado. Sus seguidores hostigaron a la prensa y una periodista denunció amenazas de muerte (ver aparte). Rico anunció que hoy volverá a instalarse en su cabecera de playa, el Hospital Larcade.
Si alguien pensó que Rico se iba a rendir, se equivocó. La ambigüedad del gobernador Eduardo Duhalde después de la incursión del martes en el Hospital Larcade, con una patota de cien barrabravas, fue la carta que necesitaba el intendente para seguir adelante. Pese a la orden judicial de no innovar dispuesta el martes por una jueza, el justicialismo se dispuso a aprobar el proyecto de emergencia sanitaria que, entre otros puntos, autoriza la derivación de pacientes internados en el Larcade a otros centros asistenciales.
Con siete concejales contra cinco de la Alianza, la aprobación no resultaba complicada para el oficialismo. Sin embargo, Rico decidió copar el recinto con más de 300 seguidores, entre patovicas y beneficiarios de planes de asistencia social. Los profesionales del Hospital Larcade, que se habían movilizado hasta el Concejo, no pudieron ingresar. Sólo entró una delegación de siete personas, entre ellas, el titular de la Confederación Médica Argentina (Comra), Jorge Ochoa, quien fue testigo del bochorno que vino después. También lograron entrar la diputada provincial Graciela Podestá y el titular de la Asociación de Profesionales del Larcade, Gustavo Eugeni.
Adentro, el ambiente se puso denso desde el comienzo. La oposición pidió la interpelación del secretario de Salud, Oscar Sanseleschi (Modin), pero el justicialismo decidió archivar la moción. Entonces empezaron los insultos cruzados. Los médicos increparon a la concejala María Nano, mientras el concejal Franchino discutía con Raúl Martínez, presidente del bloque del PJ. “En ese momento sentí que me agarraban del pelo, desde atrás, y me tiraron al piso. Después no vi más nada, pero sentí un dolor terrible en la pierna. Estaban saltando encima mío”, relató a Página/12 Franchino, que terminó con su humanidad en el Larcade: tiene fractura de rótula y rotura de ligamentos, y deberá estar enyesado al menos por 30 días.
Franchino no fue el único que recibió golpes. “Los concejales de la Alianza quedaron contra un rincón y unas mujeres del plan Barrios Bonaerenses les pegaban carterazos”, dijo Eugeni a Página/12. También fue golpeado Norberto Tarrío, del gremio de médicos bonaerenses (Cicop). “A mí me quisieron pegar, pero me pudo sacar un policía”, agregó Eugeni.
El concejal Martínez, titular del bloque del PJ, esbozó una singular explicación de la herida de su colega radical. “Se cayó y se golpeó”, dijo. Y denunció que fue agredido por un concejal de la Alianza.
El proyecto que aprobaron los concejales consta de tres puntos:

Declara el “estado de emergencia sanitaria” en San Miguel, para proceder a la “reestructuración orgánico-administrativa del sistema de salud y posibilitar la remodelación del hospital”.

Durante la remodelación, deberán mantenerse las guardias y el servicio de consultorios externos.

Se autoriza la derivación de pacientes que necesiten internación a centros asistenciales que suscriban convenios con la comuna.
Los concejales eliminaron el cuarto artículo, que establecía la “disponibilidad absoluta del personal” del hospital, que podría terminar en despidos. En realidad, ese punto ya no le hacía falta a Rico: había iniciado sumarios contra 93 médicos, por su participación en las protestas de la semana pasada.

“Vinieron a buscar pelea, la tuvieron y perdieron”, bramó Aldo Rico ante micrófonos y cámaras. Lo dijo en lo que quiso ser una conferencia de prensa pero terminó como acto partidario, y a la que el ex militar puso final abrupto, fiel a su costumbre. Rico no está solo en su embestida y lo demostró: se presentó con cuatro jefes comunales y un candidato a intendente, todos de la primera sección electoral. Responsabilizó por los incidentes a la Alianza y a “todos los elementos de bandera roja que invadieron el hospital”.
Vestía el mismo chaleco de gamuza que llevó el martes cuando copó la dirección del hospital. Se mostró desencajado y se cruzó de brazos para contestar las preguntas de los periodistas. Fue vivado por sus seguidores, que coparon el salón de conferencias y cantaron “Peronistas, ni yanquis ni marxistas”. Y al final dijo: “¿Alguna duda?”, y sin dar lugar a una nueva pregunta, se levantó y se fue.
Rico insistió en que no privatizará ni arancelará el hospital, ni habrá médicos despedidos. Pero llamativamente sentó a su izquierda al intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, que implementa en su municipio un modelo de hospital arancelado, el mismo que Rico criticó hace unos meses porque expulsaba a los pobres hacia el Larcade. En la misma mesa, lo acompañaban además Hugo Curto, intendente de Tres de Febrero; Alberto Descalzo, de Ituzaingó; Alberto Alberini de Pilar, y Mario Ishi, candidato a intendente de José C. Paz. En esos distritos, sostiene la Alianza, Duhalde pretende extender su modelo de gerenciamiento hospitalario (ver aparte).
Rico cuestionó también a lo que llamó la “corporación de prensa”. Sus seguidores convirtieron luego esa crítica en una amenaza de muerte: la sufrió la periodista María Luisa Conforte, de Radio Rivadavia, a quien se le acercó uno de los guardaespaldas de Rico y le dijo: “A vos ...”, mientras se pasaba un dedo por la garganta, en señal de degollamiento. Otro cronista escuchó a otro guardaespaldas que decía: “A ésa (por Conforte) hay que bajarla porque pregunta mucho”.

Rico y el autoritarismo: dos miradas

Graciela Römer.
“Dirigentes riesgosos”

“Con su ‘toma’ del Hospital de San Miguel, Aldo Rico mostró que la participación de un dirigente en la democracia formal no asegura que realmente sostenga los valores democráticos –sostiene la investigadora Graciela Römer–. Los dirigentes de origen militarista, como Rico o, en Tucumán, Antonio Bussi, son altamente riesgosos porque, frente a situaciones de conflictividad social, los modelos que terminan eligiendo no son los de la tolerancia y el respeto por las libertades individuales.”
“No obstante, estos dirigentes resultan atractivos para sectores cuya extracción social se ubica, según nuestras investigaciones, en la clase media baja. A Rico se lo asocia con el orden y la seguridad, por su perfil profesional y por provenir de afuera de la clase política, fuertemente sospechada de corrupción.”
“En nuestra última encuesta, de mayo pasado, se pidió a los entrevistados a priorizar entre el orden y la seguridad, por una parte, o bien, por la otra, la libertad y la democracia: el 46 por ciento prefirió el orden y la seguridad, y el 44 por ciento priorizó la libertad y la democracia.”
“Hasta octubre de 1993, el 60 por ciento priorizaba libertades democráticas, y el 33 por ciento ponía primero orden y seguridad. La demanda de orden creció abruptamente entre febrero del año pasado y mayo de este año, en coincidencia con un deterioro de la calidad de vida.”

ISIDORO CHERESKY.
“Feudalizar la salud”

“El autoritarismo de Aldo Rico es un modo de respuesta al malestar de la gente con los servicios públicos, concretamente el deterioro de los servicios de salud”, observa Isidoro Cheresky, profesor de Teoría Política Contemporánea en la UBA.
“Uno de los argumentos que esgrimió Rico fue que al hospital de su distrito, San Miguel, llegaban pacientes de distritos vecinos, cuyos servicios de salud habían sido arancelados: algo así como que ‘los de acá, con nuestros impuestos, estamos financiando servicios para los de allá’. Esta irritante idea de feudalizar la salud, impedir el acceso a los que vengan de otro barrio, puede obtener eco, apoyada en cierto egoísmo o exclusionismo vecinal; una respuesta genéricamente humanista puede no ser entendible para muchos. Para pensar una gestión progresista de estos problemas, tendría que haber una coordinación regional de los temas de salud.”
“La línea autoritaria encarnada por Rico puede hacer pie también en la falta de coordinación entre reclamos sectoriales legítimos, como los de las enfermeras y los médicos por sus salarios y condiciones de trabajo, y los sentimientos de los vecinos: entonces, un intendente que da un puñetazo en la mesa y se presenta como el que va a poner algún orden, diciendo que va a favorecer a los vecinos frente a intereses corporativos de los profesionales, puede sumar ciertas voluntades.”