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SANCIONAN A LOS CUIDACOCHES TRUCHOS
Permitido estacionar

La Legislatura porteña incorporó al Código de Convivencia la prohibición de cobrar sin autorización   por cuidar autos en la calle, un método habitual cerca de lugares de paseo y estadios.

El diputado Aníbal Ibarra sufrió el apriete de los muchachos.
“Mire que si no paga, mi jefe se va a enojar mucho.”

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t.gif (862 bytes)  La Policía Federal ya no tendrá pretextos para impedir que se cobre estacionamiento en lugares públicos y gratuitos: la Legislatura porteña aprobó ayer una ley que prohíbe expresamente la actividad de los “cuidacoches”, cuando no cuenten con la correspondiente habilitación para trabajar. La norma, que será incorporada como un nuevo artículo del Código de Convivencia Urbana, establece que no está permitido “exigir retribución por el estacionamiento o cuidado de vehículos en la vía pública, sin autorización legal”.
“Ahora la Policía Federal no tiene excusas para no actuar”, señaló a Página/12 el diputado de la Alianza Eugenio Zaffaroni. El proyecto fue aprobado sobre tablas con el apoyo de los legisladores de la Alianza, con excepción de Facundo Suárez Lastra, quien se abstuvo de votar al igual que los miembros del bloque justicialista. Tanto Suárez Lastra como la bancada peronista aclararon que no se oponían a controlar a los “cuidacoches”, pero pretendían que el tema fuera debatido en comisión, antes de tratarse en el recinto. “Consideramos que en el Código Contravencional ya existen las herramientas que podrían resolver el problema, a través de la aplicación de las figuras de ‘hostigamiento y maltrato’ y ‘ejercicio ilegítimo de una actividad’”, explicó la diputada peronista Juliana Marino. Los diputados de Nueva Dirigencia se sumaron al voto a favor.
Una vez que la ley entre en vigencia –debe ser promulgada por el jefe de Gobierno y publicada en el Boletín Oficial–, la policía deberá labrar actas de infracción si detecta la presencia de “cuidacoches” ilegales. “Si a la persona que exige el cobro le hacen el acta y a pesar de ello no cesa con la contravención, o la reitera, el agente podrá detenerla”, explicó a este diario el vicepresidente de la Legislatura, Aníbal Ibarra, quien además relató que semanas atrás vivió en carne propia la presión de un “cuidacoches”, frente al zoológico, adonde fue con sus dos hijos. “Estacioné e inmediatamente se me acercó un hombre, que me exigió que pagara 5 pesos para dejar el auto. Como me negué, me dijo que lo sacara de ahí, porque si no, su jefe se iba a enojar mucho, y me aclaró que el lugar pertenecía a la concesión Plaza Italia. Sabiendo que la concesión era trucha, lo dejé igual y me fui. Mi hijo mayor, Pablo, de 10, se puso muy mal y me pidió que lo cambiara de lugar, porque se sintió atemorizado por la violencia verbal ejercida por el cuidacoches. Tenía miedo de que rompieran el auto. Le expliqué que no iba a haber problemas y el auto quedó ahí. Cuando volví a buscarlo no había sufrido ningún daño. Llamé a la comisaría 23ª para alertar sobre esta situación y me informaron que no podían hacer nada, porque no había una norma específica”, contó Ibarra.
La iniciativa sancionada en la sesión de ayer fue acordada el miércoles en la Comisión de Labor Parlamentaria, sobre la base de cuatro proyectos de los diputados de la Alianza, Ibarra, Silverio Fernández Gaido, Felipe Figuerero y Lautaro García Batallán.
Los denominados “cuidacoches” han pululado en los últimos años en la ciudad de Buenos Aires, en las cercanías de algún sitio de espectáculos o recreación y en los alrededores de los estadios, especialmente durante los fines de semana. Sin autorización de la comuna, exigen el pago de 3 a 10 pesos para estacionar en lugares públicos, e incluso, a veces, en calles en las que está prohibido dejar el auto. Mientras en la comuna aseguraban que la función de control era exclusivamente policial, el comisario de la 23º, Roberto Siderenko, en cuya jurisdicción está el zoológico, argumentó que los uniformados no podían hacer nada por un vacío legal.

 


 

RECHAZO DE LA LEGISLATURA AL CASINO FLOTANTE
Todos contra la timba en el río

t.gif (862 bytes) La Legislatura porteña, con el voto del bloque justicialista incluido, expresó ayer “su más profundo rechazo” al proyecto del Poder Ejecutivo nacional de instalar un casino flotante frente a la Ciudad de Buenos Aires. A la vez, pidió al jefe de gobierno, Fernando de la Rúa, que realice “todas las acciones” correspondientes con la finalidad de impedir su instalación y la de cualquier sala de juegos dentro del ámbito de la ciudad.
El rechazo está contenido en un proyecto de declaración presentado por el diputado de la Alianza Cristian Caram, y votado por unanimidad por el cuerpo legislativo en la sesión de ayer, a una semana de conocerse las intenciones de Lotería Nacional de llamar a licitación para concesionar la explotación de una sala de juegos que funcionaría en un barco amarrado en la ribera porteña.
En realidad, el proyecto original de Caram hacía referencia únicamente al casino flotante, pero a pedido de la bancada justicialista, el repudio se hizo extensivo a cualquier proyecto que pretenda poner una ruleta en jurisdicción de la ciudad. El peronismo quiso dejar asentado este aspecto, para comprometer a toda la Legislatura a frenar también una iniciativa en ese sentido si el gobierno porteño llegara a impulsarla, teniendo en cuenta que, semanas atrás, el mismo De la Rúa envió al cuerpo un proyecto de ley que regula los juegos de azar. Allí, el jefe de gobierno establece como facultad del Poder Ejecutivo comunal el establecimiento de casinos.
La creación de un casino flotante generó una nueva polémica entre la Nación y la ciudad. Tras el anuncio de Lotería Nacional, el gobierno porteño aseguró que el Ejecutivo nacional no tiene competencia para crear una sala de juegos sin autorización de la Legislatura, aun cuando esté sobre las aguas del Río de la Plata. La Constitución de la ciudad, por otra parte, prohíbe la privatización o concesión de casinos. Según explicó el vicepresidente de Lotería Nacional, Jorge Lima, en 30 a 40 días el organismo hará el llamado a licitación.

 

A la escuela sin el DNI

Los hijos de inmigrantes podrán ir a la escuela aunque no tengan su documentación en regla. Así lo dispuso ayer la Legislatura porteña, que convirtió en ley un proyecto presentado por los diputados aliancistas Eugenio Zaffaroni y Cristian Caram, originado en la gran cantidad de chicos de escasos recursos que no pudieron acceder a la escuela por no tener regularizada su situación migratoria.
La nueva ley establece que se inscribirá en las escuelas dependientes del Gobierno de la Ciudad a los menores de 18 años que lo requieran (por sí o por medio de sus representantes), aun cuando no cuenten con el documento de identidad correspondiente.
Si los chicos no tuvieran documentos personales, las autoridades escolares los inscribirán según los datos de la documentación de filiación que presenten, o los que proporcionen; en este caso, los datos definitivos se obtendrán cuando el alumno termine el trámite de radicación, o regularice su situación migratoria.

 

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