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Por Victoria Ginzberg  El juez
Federico Salvá aceptó una denuncia de la Comisaría 21 –a la que se sumará el
dictador Emilio Eduardo Massera– contra los miembros de la organización HIJOS. Se
trata de una acusación por “atentado y resistencia a la autoridad, tentativa de
robo, daño y lesiones”. Todos estos delitos habrían sido cometidos en el escrache
frente al edificio del ex marino, que se realizó el 5 de junio pasado. La agrupación
HIJOS rechazó los cargos por lesiones e intento de robo pero aseguró que “a un
genocida, lo mínimo que se le puede hacer es pintarle la casa”. Para Martín
Abregú, director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) la denuncia evidencia
la “selectividad del sistema penal”.El 5 de junio, unos cincuenta miembros de la agrupación que nuclea a los hijos de desaparecidos se dirigieron a la quinta de Pacheco, donde se había mudado Massera, para realizar un repudio contra el represor. Pero el Almirante Cero había vuelto a su departamento del barrio de Palermo, luego de la protesta que, días antes, habían realizado las Madres de Plaza de Mayo. Entonces, los chicos juntaron las verduras y frutas podridas que los vecinos de Pacheco les habían proporcionado y se encaminaron hacia la esquina de Libertador y San Martín de Tours. Frente al edificio donde Massera cumple arresto domiciliario por su responsabilidad en el robo de bebés, los manifestantes entonaron cantos de repudio, pintaron “asesino” en la vereda y tiraron bombas de pintura roja hacia la fachada. La casa estaba custodiada por poco más de veinte policías de la Comisaría 21. Según relataron Raquel Robles y Florencia Gemetro, de HIJOS, “un policía de civil agarró a un chico con intención de detenerlo y, entonces el resto lo fue a rescatar. Allí hubo forcejeos, no lo negamos, pero con respecto a las lesiones, el pibe que se intentaban llevar también está lastimado”. Las jóvenes negaron que durante los incidentes se haya producido un intento de robo. Si se descartaran las acusaciones sobre lesiones y tentativa de robo (supuestamente de un teléfono policial), los demás delitos se refieren a la realización del escrache en sí. “Pintar un edificio es una desnaturalización de un bien y eso se toma como daño”, aseguró Miguel Arce Aggeo, abogado de Massera. El letrado afirmó que “los hechos están perfectamente filmados así como los autores” y consideró que “se tendría que haber asignado mayor personal para prevenir toda manifestación de este tipo”. Los videos de los incidentes habrían sido agregados a la causa para identificar a quienes serían imputados. “Los escraches tienen un gran consenso en la sociedad. La participación de vecinos lo evidencia. Además, tienen una consecuencia muy concreta sobre el escrachado: la gente en el barrio lo repudia, los comerciantes no lo atienden, etc. La única manera que encontraron para intentar pararlo es a través de un tecnicismo acerca de si es legal o no ensuciar la pared de alguien. A un genocida lo mínimo que le podés hacer es mancharle la pared de la casa”, afirmaron Robles y Gemetro. La agrupación continuará con los escraches y el próximo será este miércoles en la casa del ex general Guillermo Suárez Mason, en Libertad y Marcelo T. de Alvear. Martín Abregú, director del CELS, manifestó que “los escraches demuestran la ineficacia del sistema penal argentino: que ese sistema sea eficaz con quienes denuncian su ineficacia es una paradoja que expone la mala redistribución del castigo, muestra que el sistema es selectivo ya que no se persigue el genocidio y sí una pintada con connotaciones políticas en una propiedad privada”.
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