LA ADMINISTRACION DE SAN MIGUEL DURAMENTE
CUESTIONADA POR CONCESIONES IRREGULARES
Los nuevos negocios del intendente

A Aldo Rico no parecen importarle “formalidades” como hacer votar sus gastos por el Concejo Deliberante. Hay un préstamo por un millón de dólares que nadie sabe en qué se gastó, una plaza con padrino “acomodado”, sobreprecios en las compras, una carísima concesión de luz y decenas de denuncias.
La asamblea repudió la movida de Rico y reflotó la consigna antimilitar de 1983. Los médicos protestaron por traslados a puestos sanitarios remotos que vacían al hospital.

Además de su conflicto con los médicos del Hospital Larcade, el intendente de San Miguel, Aldo Rico, debe afrontar en estos días numerosos señalamientos por manejos poco transparentes o abiertamente irregulares de los fondos municipales. Esto incluye una denuncia penal por los presuntos delitos de “malversación de caudales públicos, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes del funcionario público”. La denuncia está motivada por un curioso préstamo del gobierno de la provincia de Buenos Aires al municipio de San Miguel por un millón de dólares, antes de que se formalizara el pedido correspondiente y sin que se cumplieran los requisitos legales que establece la Ley Orgánica de Municipalidades.
El misterioso millón no figuró ni en el presupuesto ni en la rendición de cuentas correspondientes a 1998 y por lo tanto no se sabe en qué se gastó. La oposición exige una investigación para establecer si esos fondos fueron destinados al objetivo enunciado o si “salieron de la esfera de la administración”. El affaire involucra tangencialmente al gobierno provincial, en manos del más poderoso aliado político de Rico, el gobernador Eduardo Duhalde. Mientras la Justicia analiza el caso, llueven los pedidos de informes de los concejales opositores, las notas sobre escándalos en el periódico local La Hoja y las presentaciones judiciales de sectores profesionales o sindicales afectados. La suma de acusaciones pone en entredicho la imagen de honradez, transparencia y orden que el carapintada ha ofrecido siempre de sí mismo, con indudables réditos electorales. Numerosas iniciativas del gobierno municipal son cuestionadas y, pese a su mayoría en el Concejo, Rico ha debido dar marcha atrás con algunos proyectos, como la concesión del estacionamiento público a una empresa privada. Por si fuera poco, se insinúa una nueva investigación sobre una licitación para incrementar y mantener el alumbrado público que le supondría al erario un desembolso superior a los trece millones de pesos, cuando el presupuesto original era de nueve.
El millón fantasma
El 6 de mayo último el concejal del Frepaso, Edgar Rubén Aranda, formalizó una denuncia penal ante la fiscalía número 2 de San Martín a cargo de la doctora Fabiana Ruiz, acusando al intendente Aldo Rico “y demás posibles coautores y partícipes” por “la presunta comisión de los delitos de malversación de los caudales públicos, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Los cargos se referían a la tramitación y gestión de un préstamo de un millón de pesos otorgados por la provincia de Buenos Aires, para “financiar un programa de saneamiento financiero” de la comuna de San Miguel. Lo hizo tras presentar numerosos pedidos de informes al Concejo Deliberante que fueron sistemáticamente ignorados. Según Aranda, los hechos ocurrieron de esta manera:
En diciembre de 1997, por el decreto 4075, la provincia otorgó a la San Miguel un empréstito de un millón de pesos, a pagar en 36 cuotas iguales y consecutivas, para ayudar a un programa de saneamiento financiero que consolidara el equilibrio de sus cuentas fiscales. El artículo 4º del decreto establecía la firma del correspondiente Convenio de Asistencia entre el Ministerio de Economía de la provincia y el municipio para fijar, por ejemplo, las metas a lograr con ese apoyo financiero. Que incluían una mejora en la recaudación fiscal de diversos rubros. El 20 de febrero de 1998, el préstamo fue efectivizado y registrado. Pero el Convenio entre la provincia y el municipio que debía formalizar el pedido recién se firmó en junio de ese año. Por alguna razón insólita en la historia de la burocracia, la plata había llegado antes de ser pedida.
Recién en setiembre, Rico remite al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza preparatoria que lo autoriza a comprometer fondos de ejercicios futuros a partir del 2 de enero de 1998. En octubre, Aranda presenta unpedido de informes que no es contestado. En noviembre, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas emite un dictamen favorable aprobado por la mayoría, compuesta por siete concejales que integran la coalición entre el PJ y el riquismo. La minoría (compuesta por cinco concejales de la Alianza) se opone con estos argumentos: el convenio viola la Ley Orgánica de Municipalidades, porque se firmó sin la previa autorización del Concejo; se hizo efectivo antes de ser aprobado y solicitado; no se implementaron las medidas dispuestas en el Programa de Saneamiento Financiero, ni se cumplieron las metas denunciadas.
En febrero del ‘99, el concejal frepasista envía en consulta copia de las actuaciones al Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia y éste contesta que no se han cumplimentado los requisitos que le permitirían establecer “las posibilidades financieras de la comuna” para contraer el empréstito. En abril de este año, en un nuevo dictamen en minoría, la oposición a Rico rechaza la rendición de cuentas correspondientes al ejercicio de 1998, porque no registra “el ingreso y egreso de los fondos provenientes” del Convenio de Asistencia. El préstamo, comprueban, tampoco fue incorporado como crédito al presupuesto municipal. También descubre que no se han cumplido las metas del convenio: lejos de haber un aumento de la recaudación, hay importantes reducciones. En el Convenio se proponía un aumento de 230 mil pesos para la recaudación de la tasa de publicidad y propaganda y hubo en realidad una reducción de 70 mil pesos. El ingreso correspondiente a los derechos de construcción debía tener un incremento de 800 mil pesos y sufrió una merma de 670 mil. Por lo tanto, “se ignora el destino que se le confirió a los fondos”. Lo cual, a juicio de Aranda, permite “cuestionar la transparencia y legitimidad del accionar del señor intendente” y concluir que hubo “una desviación de los fondos a una aplicación diferente de aquella para la que estuvieron expresamente destinados por el convenio”.
Luces y sombras
El foco de atención, valga la redundancia, está puesto ahora en el tema de la luz. En febrero el municipio llamó a licitación para la construcción de 5 mil columnas de alumbrado y el mantenimiento de las 7 mil existentes. El presupuesto original era de 9.060.000 pesos, que se elevaron a 13.500.000 cuando se adjudicó la obra a la empresa Norval SA. Según el concejal de la UCR Julio César Franchino, el mismo que fue agredido el viernes último en la patoteada del Concejo Deliberante, Norval sería exactamente lo mismo que Torsby SA, la empresa que actualmente se ocupa de la recolección de los residuos domiciliarios. Al menos ambas guardan sus camiones en el mismo lugar, en el cruce de la Ruta 8 y el Camino del Buen Ayre. Para el concejal, el presupuesto acordado sería “desorbitado”. “Se estaría pagando a razón de mil pesos por columna, cuando el valor de mercado no debería sobrepasar los 350 pesos”. El concejal ha presentado un pedido de informes para evaluar si los otros oferentes eran firmas serias o “sellos de goma”. También investigará en la Inspección General de Justicia para saber quiénes son los dueños reales de la adjudicataria. Franchino recuerda que esta importante licitación, que afecta recursos de la comuna hasta el año 2006, fue aprobada en el Concejo por simple mayoría: con los 7 votos del oficialismo. ¿Tendría esta investigación algo que ver con la paliza que le propinaron?
Prohibido estacionar
El 27 de enero pasado, leyendo el diario La Hoja, el concejal Aranda se enteró de que el Departamento Ejecutivo, a cargo de Rico, había llamado a concurso para la concesión del servicio de control del tránsito vehicular y el estacionamiento medido. La disposición administrativa se apoyaba en una ordenanza que había declarado “de interés público” la concesión delcontrol de vehículos y el estacionamiento. Aranda impugnó la decisión por considerar que la declaración de interés público no implicaba la concesión del servicio a particulares, porque esto hubiera requerido “la mayoría absoluta de los miembros del Cuerpo” (8 votos) y no la mayoría simple (7 votos) que aprobó la resolución. El acto administrativo “estaba viciado de nulidad absoluta” y así lo expresó en una nota dirigida al intendente Rico, en el que solicitaba la anulación del llamado a licitación. El oficialismo quiso seguir adelante y Aranda terminó presentándose ante la Justicia con un recurso de amparo que no prosperó. El fallo fue apelado y llegó a la Corte Suprema de la provincia. Esta vez Rico, contradiciendo su estilo, decidió jugar con prudencia y postergar la adjudicación que, según el diario La Hoja, “ha caldeado los ánimos” en San Miguel.
Regalo del padrino
Los concejales de la oposición investigan también posibles irregularidades que podrían haberse cometido en la remodelación de la plaza Bartolomé Mitre, la plaza principal de San Miguel. La Municipalidad entregó a la empresa Madidan SA (dueña del Bingo local) el “padrinazgo de la plaza”. Lo cual supone hacerse cargo de los gastos de remodelación, que ascienden a unos 200 mil pesos, a cambio de hacer publicidad por 10 años en los carteles públicos con un descuento del 30 por ciento. El padrinazgo se adjudicó sin la correspondiente convocatoria a un concurso público y en los trabajos se emplearon por lo menos cinco obreros municipales que pertenecían al Plan Barrios Bonaerenses, que financia la provincia. Algunos trabajadores denunciaron ante el concejal Aranda que les pagaban “en negro” y que había otras irregularidades en la relación laboral. Hubo un pedido de informes en enero de este año y, siguiendo la rutina, no fue contestado.
Otras denuncias frenaron la construcción de un cementerio privado; hay quejas por los remises “truchos”; protestas de municipales por el destino incierto de los descuentos que se aplican a sus salarios; una investigación respecto del pago de inmuebles a la Fuerza Aérea en los que el locatario no aparece debidamente identificado como representante del arma; indignación por la entrega de alimentos básicos a personajes que no están precisamente carenciados y sospechas respecto de la administración del hospital en conflicto, que no apuntan a los médicos, precisamente, sino al intendente Aldo Rico.

“Se va a acabar, se va a acabar la dictadura militar”

Los médicos del hospital Larcade recibieron telegramas trasladándolos por la fuerza a puestos remotos. Habrá paro y movilización.

Por Carlos Rodríguez

En una carta de julio del año pasado, dirigida al gobernador Eduardo Duhalde, el intendente Aldo Rico expresaba su satisfacción por la “mayor dedicación y entrega de los profesionales del distrito” y puso como ejemplo el “extraordinario aumento de la cantidad de pacientes” atendidos a diario en el Hospital Larcade. Ayer, para desactivar la oposición a sus planes de salud, Rico envió telegramas ordenando la “disponibilidad relativa” de por lo menos cien de esos médicos. La medida significa el traslado de los sancionados a centros de atención pequeños ubicados en la periferia de San Miguel. Como respuesta, los médicos resolvieron realizar el próximo jueves un paro provincial, a la vez que anunciaron su decisión de “no hacer abandono de los puestos de trabajo” en el Larcade.
Gustavo Eugeni, presidente de la Asociación de Profesionales del Larcade, y Alberto López Camelo, secretario de Prensa del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Miguel, criticaron a Rico por “tomar decisiones que desconocen la medida de no innovar” en torno del conflicto dispuesta por la jueza Gloria Martínez. Al mismo tiempo, señalaron lo absurdo del traslado de algunos de los profesionales. La doctora Nené Colombo, jefa de Neonatología del Larcade, por ejemplo, debería irse a una sala de primeros auxilios “donde no existe la especialidad”, desmantelando “la jefatura de un sector cuyo funcionamiento es primordial en el hospital, ya que actualmente hay 25 chicos internados”.
En una asamblea de la que participaron cerca de 200 delegados de hospitales de toda la provincia, Rico fue calificado por López Camelo, entre risas generalizadas, como “la osteoporosis de la democracia”, por el papel nefasto que tendría sobre los huesos mismos del sistema. Los oradores aseguraron que el plan de salud de Rico se aplicará en toda la provincia porque “también es el plan de Duhalde” y que eso significará “dejar en la calle, sin atención, a más de diez millones de personas que han sido excluidas del sistema”.
Por aclamación, se votó la realización de un paro de actividades en los hospitales provinciales para el próximo jueves, con una movilización, a las 10 de ese día, desde el Hospital Larcade hasta el Municipio de San Miguel. Para el 30 de junio se dispuso otro paro, con “posible extensión a los hospitales nacionales”, y una movilización, en la Capital Federal, frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en Callao al 200. En un hecho inédito desde fines de 1983, los presentes reflotaron una vieja consigna para festejar las resoluciones votadas en forma unánime: “Se va a acabar, se va a acabar, la dictadura militar”.
Uno de los médicos declarados “en disponibilidad relativa” fue Miguel Guevara, jefe de Ginecología. Por ser dirigente gremial, Guevara tiene una inmunidad que Rico parece desconocer. Otra profesional desplazada fue la doctora Cristina Bernich, cuya función específica es ser responsable de la guardia dominical. La quieren enviar a un centro periférico abierto de lunes a viernes. Las cartas documento fueron enviadas antes de que se votara la “emergencia sanitaria” en la escandalosa sesión del jueves del Concejo Deliberante. Todo parece indicar que sobre un total de 570, los sancionados serían no menos de 380. De ese modo, el proyecto oficial sería mantener apenas “una guardia mínima”, estimó el doctor Eugeni.
Ayer, el clima en el Larcade fue tranquilo, aunque en los alrededores del Palacio Municipal, un grupo de colaboradores de Rico increpó con dureza al fotógrafo de Página/12. La escena ocurrió cerca del lugar donde años atrás se exhibían seis cañones de la Guerra del Paraguay. Rico los hizo levantar y ahora, según vienen denunciando desde hace meses varios medios de prensa locales, uno de los cañones desapareció misteriosamente.

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