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Por Cledis Candelaresi  Desde que el
Congreso aprobó la reforma tributaria, Estados Unidos no cesó de presionar al gobierno
de Carlos Menem para que vete un artículo de esa iniciativa, con el argumento de que
lesionaba sus intereses comerciales. En esta ocasión, le correspondió a Roque Fernández
tranquilizar los ánimos norteamericanos con una carta dirigida al secretario de Comercio,
William Daley. En la misiva, el ministro de Economía intentó persuadir a la
administración de Bill Clinton de que Argentina no tiene la intención de imponer
gravámenes sobre la importación de servicios ni arancelar el creciente comercio que se
practica vía electrónica, dos desvelos estadounidenses.El artículo 8 de la controvertida norma modifica el Código Aduanero, de modo tal que “las locaciones y prestaciones de servicios... derechos de autor y derechos de propiedad intelectual”, tendrán el mismo tratamiento que las mercancías que se importan. La respuesta norteamericana fue inmediata. “Esta modificación motivó diversas gestiones del gobierno de los Estados Unidos, tendientes a procurar que el presidente Menem vetara dicho artículo”, consigna un paper de Cancillería, fechado a fines de mayo. El 10 de diciembre pasado Daley envió una nota a Fernández confesando la inquietud de su gobierno. La administración Clinton temió que al equipararse los servicios (y demás rubros) a las mercaderías, se les podrían aplicar a esos derechos aduaneros. Si lo hiciera, Argentina impondría una barrera a la importación de esos bienes o al comercio on line, rubros en los que Estados Unidos tiene indiscutida preeminencia como proveedor. Quizás para no perder esa prerrogativa es que, en la misma carta, Daley advirtió que, en caso de gravar aquellos bienes, Argentina podría incumplir los compromisos asumidos ante la Organización Mundial de Comercio. Poco después, el canciller Guido Di Tella recibió una nota de similar tenor, pero firmada por Charlene Barshefsky, funcionaria de la USTR, organismo del que provinieron las más fuertes presiones norteamericanas para que Argentina endureciera la legislación con la que ampara la propiedad intelectual (la Ley de Patentes y otras conexas). El titular del Palacio San Martín contraatacó con argumentos técnicos. En una carta dirigida a la funcionaria, Di Tella aclaró que Argentina no aplica gravámenes sobre software, pero que ya gravó desde 1995 otros artículos (como discos compactos), cuyo precio incluye un derecho de autor. A juicio argentino no existe ninguna disposición del GATT que impida gravar la importación de servicios. Finalmente, la declaración de la OMC sobre comercio electrónico “es de naturaleza política y, por lo tanto, no legalmente vinculante”. Pero fue Economía el que suscribió el compromiso político de no utilizar aquella modificación del Código Aduanero para frenar la creciente exportación estadounidense de servicios o productos intelectuales ni el comercio electrónico, que por ahora está libre de impuestos. Esta garantía fue otorgada en una de las cartas dirigidas a la Secretaría de Comercio firmadas por Fernández, y que parece haber resultado convincente. Menem no vetó el polémico artículo. Sin embargo, el reciente informe anual de la USTR detalla el conflicto bilateral pero, al mismo tiempo, alude a la declarada voluntad del gobierno argentino de no aumentar los tributos sobre el comercio exterior.
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