| Por Nora Veiras  El aumento salarial a los
docentes, que se financiará con los fondos recaudados mediante el impuesto a autos,
aeronaves y embarcaciones no contempla a los colegios privados sin subvención del Estado.
La Asociación de Entidades Educativas Privadas de la República Argentina (Adeepra)
advirtió que 938 colegios “no pagarán el aumento” porque la única forma de
hacerlo sería trasladando el incremento a las cuotas. El planteo anticipa un conflicto,
puesto que la Ley Federal de Educación establece que los docentes de establecimientos
privados deben cobrar, por lo menos, igual que los del sector público. Por su parte, el
candidato presidencial por la Alianza, Fernando de la Rúa, aseguró que en caso de
triunfar respetará la vigencia de cinco años prevista en la ley que creó el Fondo de
Incentivo Docente.
La situación de los maestros y profesores que trabajan en colegios no subvencionados es
muy variada de acuerdo con la capacidad económica de lospropietarios. El director del
Colegio Manuel Dorrego del Barrio Obligado de Bella Vista, Marcelo Cabrera, dijo a
Página/12 que “estamos de acuerdo con el aumento a los profesores pero de ninguna
manera lo podemos aplicar. Nosotros estamos en condiciones de que la provincia de Buenos
Aires nos subsidie pero no lo hace. Tenemos una cuota de 45 pesos que con las materias
extraprogramáticas llega a 65, pero con las becas a los hermanos el promedio vuelve a los
45 pesos. La paga apenas el 65 por ciento de los padres, si aplicamos el aumento de unos
50 pesos como dicen, encima retroactivo a enero, tenemos que firmar nuestra propia partida
de defunción”. El panorama se torna más complejo por la inequidad con la que se
distribuye el subsidio estatal que por ley debe ser destinado a pagar el sueldo de los
docentes. El mismo Cabrera planteó el caso de un establecimiento, ubicado a veinte
cuadras del suyo, que cobra una cuota de 160 pesos y recibe el 100 por ciento de
subvención. El secretario general de Adeepra, Perpetuo Lentijo, dijo que “se
manejaron cifras alegremente y nadie, ni el propio sindicato, se preocupó porque los
docentes de colegios no subvencionados no fueran discriminados” y alertó que
“por esa discriminación, muchos maestros se van a presentar reclamando igualdad ante
la Justicia”.
El secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), Horacio
Ghilini, dijo que “todos tienen derecho a cobrar el aumento” y aclaró que
“en el caso de los colegios subvencionados percibirán el dinero recaudado del Fondo
y los que no reciben apoyo estatal, lo tendrá que pagar el empleador”. La secretaria
general de CTERA, Marta Maffei, señaló a este diario que “es obvio que los colegios
que paguen salarios por encima del oficial no van a abonar el incremento” y planteó
sus dudas sobre las limitaciones de los propietarios para afrontar el aumento. Maffei
espera tener precisiones esta semana sobre el monto total de la recaudación del impuesto
pero advirtió que “hay una comisión especial de Lealtad Comercial que controla el
tema de las cuotas y, en ese ámbito, los propietarios tendrán que demostrar en qué
estado económico se encuentran. A veces se promueven actividades que no son
indispensables en desmedro del salario de los docentes. Hay que tener en cuenta que las
escuelas privadas son una opción de un sector de la comunidad. El Fondo de Incentivo
Docente fue un recurso logrado para los trabajadores de la educación con dependencia del
Estado en forma directa o mediante subsidio”.
| Amparo denegado a Ctera La justicia porteña se declaró incompetente para entender en una acción de
amparo, en la que se pedía que se ordene al Estado nacional “inmovilizar” los
700 millones de pesos previstos como recaudación del impuesto a los automotores,
destinados al Fondo de Incentivo Docente. Según informaron fuentes tribunalicias, la
medida fue adoptada por la jueza en lo contencioso-administrativo, Clara Do Pico, ante el
recurso presentado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República
Argentina (Ctera). La magistrada, al declinar intervenir en el proceso solicitado por el
gremio docente, envió todas las actuaciones al juez federal de La Plata, Ricardo Ferrer,
quien había hecho lugar a la medida cautelar, presentada en esa ciudad y también en la
Capital Federal. El 3 de junio pasado, el juez platense hizo lugar al planteo de Ctera
para que el Poder Ejecutivo “dé cumplimiento con la recaudación del total del
producto del Fondo de Incentivo Docente”.
Otro paro transportista
La Confederación Argentina del Transporte Automotor de
Cargas (Catac) prevé realizar un paro nacional del sector dentro de la primera quincena
de julio en rechazo al impuesto que establece el Fondo Nacional de Incentivo Docente,
según informó la entidad empresaria. La decisión del paro se adoptó en el marco de una
asamblea en la que “los representantes de todos los puntos del país estuvieron de
acuerdo en que los operadores de carga no habían pagado el impuesto, a pesar de su
vencimiento, ya que les resultaba económicamente imposible hacerlo”. El empresario
del transporte terrestre, aéreo y marítimo resiste el pago de este gravamen y hace un
par de semanas realizó una ruidosa manifestación hasta el Congreso de la Nación
reclamando un cambio en la ley que exceptúe al sector. Consideran que “no
corresponde aplicar un gravamen sobre herramientas de trabajo que ya se encuentran
alcanzadas por otros tributos”. Según estimaron los empresarios, con la alícuota
actual deben pagar en conjunto unos 130 millones de pesos. Durante el fin de semana
fuentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, revelaron que la
recaudación por este impuesto se acerca a los 300 millones de pesos, provenientes del
pago realizado por los propietarios de automóviles de uso particular. |
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