| Por Cledis Candelaresi  En vísperas de que se conozca
el nuevo y alto índice de desocupación, el Gobierno resolvió dar pruebas de su empeño
para mejorar la oferta de empleo y las condiciones de la seguridad social. Esta
demostración incluiría una serie de iniciativas –algunas expresadas como proyecto
de ley– para disponer desde el aumento de la jubilación mínima a 200 pesos hasta la
creación de un régimen laboral especial para discapacitados. La fórmula oficial sigue
inspirada en el mismo principio de siempre: otorgarle beneficios a los empleadores, con la
esperanza de que éstos resuelvan ampliar sus planteles de personal. Hasta anoche, la
batería no incluía la resurrección lisa y llana de los contratos promovidos, tal como
aspiraban Economía y algunos diputados oficialistas.
El ministro de Trabajo, José Uriburu, fue el encargado de comunicarle ayer a la cúpula
de la Unión Industrial Argentina la intención oficial de arremeter con un heterogéneo
conjunto de medidas previsionales, laborales y financieras. Entre éstas, la emisión de
un bono para que las pequeñas y medianas empresas cancelen deudas.
Entre los cambios al sistema de seguridad social previstos por el Ejecutivo, se incluiría
el ajuste del haber mínimo y la elevación a 62 años de la edad jubilatoria femenina.
Según fuentes empresarias, el Gobierno también avanzaría en la sustitución de la
prestación básica universal (PBU) por otra que beneficie sólo a los jubilados de
menores ingresos.
Los cambios en el terreno específicamente laboral supondrían facilitar el uso de los
contratos a término (por un año, con pago de cargas laborales pero que no entrañan
obligación de indemnizar), de modo tal que queden al alcance de cualquier empresa y no
sólo de unas pocas, como habilita la legislación vigente. También, un régimen de
ocupación especial para discapacitados y el refuerzo de partidas presupuestarias para
inspeccionar empresas con el objetivo de combatir el empleo en negro, mecanismo por el
cual las arcas públicas pierden más de 7 mil millones por año. El Gobierno podría
englobar en este paquete hasta un proyecto de ley para modificar el régimen de las
Administradoras de Riesgo de Trabajo, con el propósito de que disminuyan los costos que
afrontan los empresarios.
Pero este listado de iniciativas –en algunos casos, simple recolección de medidas ya
en danza– que Uriburu planteó a la UIA y a algunos diputados justicialistas como un
hecho inminente, aún debe pasar ciertos filtros. La suba de la jubilación mínima fue
discutida ayer por la tarde durante una reunión que el jefe de Gabinete tuvo con algunos
legisladores del PJ. En este encuentro, Jorge Rodríguez se habría ocupado de dejar en
claro que es responsabilidad del Ministerio de Trabajo proponer de dónde se obtendrán
los recursos para costear el aumento.
Esta eventual fisura entre la cartera laboral (también enemiga de la reimplantación de
los contratos promovidos o “basura”) y el resto del gabinete se reproduce en el
seno de la bancada oficialista.
Después del encuentro que mantuvieron ayer con algunos dirigentes de la CGT, los
diputados Saúl Ubaldini y Eduardo Caamaño advirtieron que el bloque no avalará ninguna
iniciativa que suponga resignar derechos de los trabajadores. De este modo, tomaron
distancia del controvertido proyecto para reinstaurar las modalidades promovidas, que
presentaron Ana María Mosso y Claudio Sebastiani con el aval de Oscar Lamberto, aclarando
expresamente que se trataba sólo de propuestas individuales.
Durante un almuerzo a solas, el duhaldista titular de la Comisión de Trabajo, Alfredo
Atanasof, coincidió con Uriburu en que no es posible reabrir la discusión sobre los
contratos promovidos, como sugirieron algunos de sus pares. “Pretender resolver el
desempleo con cambios en la legislación laboral es ocultar el problema del empleo. En
Capital y el conurbano se perdieron 80 mil puestos de trabajo en un año y no a raíz de
la legislación laboral”, fue la contundente sentencia del bonaerense.
| El corset fiscal De no mediar un cambio de último momento, Diputados debatirá hoy en el
recinto el proyecto de Convertibilidad Fiscal, que impone un límite al gasto público.
Hasta anoche, los legisladores oficialistas descontaban que podrían producirse retoques
de último momento en el recinto, donde confrontarán varios dictámenes.
La versión que consiguió apoyo de la mayoría en Comisión es la iniciativa del
duhaldista Jorge Remes Lenicov, que impone una serie de restricciones para gastar,
adicionales a las que preveía el proyecto del senador José Manuel de la Sota.
Los topes al gasto público fueron recalculados en los últimos días según la nueva
estimación del PBI. De este modo, el texto a discutir en el recinto fijaría un límite
para el déficit fiscal equivalente al 1,9 por ciento del PBI en el primer año,
proporción que iría descendiendo un 0,5 por ciento anual, hasta desaparecer.
Lo que genera más dudas es la supervivencia de los artículos que disponen controlar la
ejecución del gasto a través de un mecanismo que permita evaluar su eficiencia,
habilitando al traslado de personal y hasta la disminución de la grilla estatal. Esta
alternativa puso en alerta a los gremios estatales, que pidieron expresamente a Diputados
eliminar este punto de la Convertibilidad Fiscal que ven como una clara amenaza a muchos
puestos de trabajo. |
EN MAYO, SE DUPLICO EL DEFICIT DE LAS CUENTAS
PUBLICAS
Así, difícil cumplir con el FMI
Ayer se
conocieron dos nuevos datos que anuncian la i nminencia de otro ajuste fiscal. En mayo el
déficit de las cuentas públicas duplicó el nivel de mayo del año pasado, con lo cual
quedó aún más comprometida la posibilidad de cumplir con las metas acordada con el FMI
para todo el año. Además, el subsecretario de Política Tributaria, Guillermo Rodríguez
Usé, admitió que la recaudación de junio será un 9 por ciento menor a la prevista.
Por eso, el viceministro de Economía, Pablo Guidotti, salió a tranquilizar a los
mercados con declaraciones optimistas. El funcionario explicó que “el dinero
obtenido por la licitación de PCS (nuevo sistema de telefonía celular) va a compensar la
caída de la recaudación y pensamos que vamos a poder cumplir con las metas semestrales y
anuales” pautadas con el Fondo Monetario. La semana pasada, el Estado obtuvo casi mil
millones de pesos por la licitación de las bandas de PCS correspondientes a Capital
Federal y Gran Buenos Aires, y ayer se consiguieron otros 270 millones por las bandas del
interior (ver pág. 17).
Guidotti dijo también que “un componente importante” de la baja en la
recaudación “viene por el lado del comercio exterior, por la caída de las
importaciones”. Y pronosticó que “habrá recuperación económica” este
año, lo cual contribuiría a mejorar las cuentas fiscales.
El déficit acumulado durante los primeros cinco meses del año trepa a 2394 millones de
pesos. En junio, el saldo negativo no debería ser mayor a los 466 millones para cumplir
la meta semestral de 2850 millones acordada con el FMI. En mayo, el desequilibrio fue de
511 millones, más del doble que el año pasado.
Rodríguez Usé afirmó, ante los periodistas acreditados en el Palacio de Hacienda, que
“la recaudación de este mes estará en el orden de los 4100 millones de pesos, es
decir un 8 o 9 por ciento menor respecto de junio del año pasado”. Para el
subsecretario de Política Tributaria, “uno de los grandes motivos de la baja en la
recaudación es que las importaciones fueron entre un 25 y un 30 por ciento menores a las
registradas el año pasado”.
Pero, según el funcionario, “también hay una influencia del tema de Seguridad
Social, por la baja de aportes y los traspasos al régimen de capitalización”.
Además, reconoció que “el año pasado se registraron anticipos de Ganancia y Bienes
Personales más altos, lo que significa una reducción de aproximadamente 300 millones en
la recaudación” de este año. En tanto, Rodríguez Usé se negó a realizar una
evaluación de los resultados en el cobro del impuesto docente: “El próximo viernes
puede ser el día indicado para tener una cifra aproximada”, sostuvo.
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