| Por David Cufré  El Ministerio de Trabajo
desistió de su proyecto para elevar de 150 a 200 pesos las jubilaciones mínimas,
mediante una reasignación de partidas en el gabinete. Como informó Página/12 el último
viernes, los pares del ministro de Trabajo, José Uriburu, rechazaron de plano ceder
recursos propios en pos de ese objetivo. Ante el insalvable obstáculo político, la
cartera laboral se avino a consensuar con Economía un paquete de medidas previsionales,
laborales y financieras, que daría como resultado reflotar la propuesta de aumentar los
haberes jubilatorios. Sin embargo, el nuevo intento también parece condenado al fracaso
de antemano. El bloque justicialista de Diputados se pronunció con rapidez contrario a
las sugerencias del Poder Ejecutivo, que buscan modificar el esquema previsional y
profundizar la flexibilización del trabajo.
Sin ese respaldo, el paquetazo del tándem Uriburu-Fernández quedará en estado de pura
discusión teórica, puesto que las principales medidas deben ser tratadas por el
Congreso. En una reunión que mantuvo ayer el pleno del bloque oficialista, en la que su
presidente, Humberto Roggero, informó los términos de los proyectos del Ejecutivo
–al mediodía había estado reunido con Uriburu y Fernández–, los legisladores
rechazaron especialmente la propuesta de cambiar la estructura de la Prestación Básica
Universal. Esa es la principal fuente de recursos a la que apeló la cartera laboral para
aumentar las jubilaciones.
La PBU es una asignación de 200 pesos que cobran todos los jubilados, ya sea del régimen
de reparto o de capitalización, adicional a los haberes que les corresponden en función
de los aportes realizados durante su etapa activa. La idea de Uriburu es suprimir ese
derecho para quienes perciben jubilaciones superiores a los 700 pesos, y disminuir el
monto –entre un 10 y un 20 por ciento– para los que ganan entre 201 y 699 pesos.
Con los fondos que se ahorraría el Estado, dispondría un incremento para las
jubilaciones más bajas.
Sin embargo, entre los legisladores de la Alianza y el justicialismo existe consenso en
descartar esa iniciativa. “El Gobierno tira cualquier cosa para forzar definiciones
del duhaldismo, pero sabe que ninguna de las propuestas de flexibilización laboral y de
sacarles plata a unos jubilados para dársela a otros tiene ninguna chance de prosperar en
el Congreso”, interpretó en diálogo con Página/12 un legislador cercano al
gobernador bonaerense. En las filas del candidato presidencial justicialista ven los
proyectos del Ejecutivo como meras zancadillas políticas hacia su jefe.
Después de haber trabajado intensamente en las últimas dos semanas, Uriburu presentó
ayer finalmente el paquete de medidas previsionales y de flexilización laboral. Ellas
son:
 Eliminar
restricciones para que todas las empresas puedan utilizar el contrato a plazo fijo. De ese
modo, podrán tomar empleados por el término de un año, sin obligación de pagar
indemnización ni preaviso una vez cumplido ese plazo.
Reglamentar los
contratos de pasantía y aprendizaje.
Modificar la
PBU, para aumentar las jubilaciones mínimas. Iniciativa que no sería aprobada en el
Congreso.
Poner un tope a
las jubilaciones de privilegio.
Elevar
progresivamente la edad jubilatoria de las mujeres, fijándola en 62 años dentro de un
lustro.
Cerrar el
listado de enfermedades profesionales dentro del régimen de ART, y aumentar de 110 mil a
180 mil pesos el tope indemnizatorio por fallecimiento.
Plan
“Brady” para que las empresas refinancien sus deudas bancarias. El Banco Central
aprobaría la iniciativa en los próximos días, después de analizarla ayer junto a la
cúpula de la Unión Industrial.
Por la noche, Roque Fernández pidió desde la tribuna de la Bolsa de Comercio, adonde
concurrió a dar una conferencia, que los legisladores “acompañen estas propuestas,
que necesitamos para combatir el desempleo”.
“El Ejecutivo pretende volver a un esquema de flexibilización laboral que ha
demostrado ser ineficaz para reducir la desocupación”, respondió en diálogo con
este diario el diputado justicialista Alfredo Atanasof, quien preside la Comisión de
Legislación Laboral.
FRACASO LA SESION PARA TRATAR CONVERTIBILIDAD
FISCAL
Nadie se quiere poner el corset
“Este gobierno, que despilfarra recursos, ahora quiere atarnos de manos con un
proyecto para limitar el gasto público. Nosotros somos disciplinados y no necesitamos una
ley de convertibilidad fiscal para gastar razonablemente”, sentenció ayer ante
Página/12 el jefe del bloque de la Alianza, Federico Storani, poco después de que
fracasara la sesión para tratar esa iniciativa. Pero, en realidad, no sólo la oposición
cuestiona el proyecto. También genera dudas en el seno del propio oficialismo.
Aunque la iniciativa iba a ser tratada ayer en el recinto, la falta de quórum impidió
comenzar la sesión. Una primera explicación es que muchos diputados del interior se
quedan en sus provincias abocados a las internas. La otra, es que ni siquiera el
justicialismo está muy convencido de votar el proyecto impulsado por el duhaldista Remes
Lenicov.
Todos los bloques la consideran una señal necesaria para los mercados y el establishment.
Entre otras restricciones, la iniciativa limita el gasto fiscal a cierta proporción del
Producto Bruto Interno, restringe la posibilidad de endeudarse y establece mecanismos para
evaluar la eficiencia de lo que se gasta.
Pero en ambas bancadas también surgieron reparos políticos. En el propio PJ existe la
sensación de que impulsar incondicionalmente una ley de este tipo le reportará pocos
réditos. “Siempre las señales son hacia los acreedores externos o hacia los
empresarios. Es hora de que demos alguna señal hacia los trabajadores”, reflexionaba
ayer un operador de Humberto Roggero, jefe de la bancada del PJ.
“Es una ley de humo. ¿De qué sirve si, al mismo tiempo, se dan muchas atribuciones
al jefe de Gabinete para que modifique los recursos como quiera o si una ley de
Presupuesto puede invalidarla?”, se preguntaba ayer ante este diario el diputado
radical Horacio Pernasetti.
A pesar de estos reparos, la Alianza está dispuesta a votar el proyecto. La mitad de los
124 diputados que ayer bajaron al recinto para debatir la convertibilidad fiscal eran de
la oposición, en su mayoría, aliancistas. En los últimos días trataron de consensuar
con el oficialismo una serie de retoques al texto del proyecto, algunos de los cuales
fueron aceptados por el propio Remes.
Uno de los propósitos perseguidos con esos cambios fue el de limitar el déficit desde
este mismo año y no desde el año próximo, cuando el gobierno esté en manos de Eduardo
Duhalde o Fernando de la Rúa. Por esta razón, la Alianza propuso que en 1999 el déficit
fiscal no pueda superar el 1,9 por ciento del PBI, margen que bajaría al 1,7 por ciento
en el 2000 hasta desaparecer en el 2003. Los retoques sugeridos también incluyeron la
imposición de un límite preciso a las atribuciones del jefe de Gabinete.
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