| Por Claudio Zlotnik  Carlos Menem quiere demostrar
que, aunque cada vez falte menos para entregar el bastón presidencial, aún concentra el
poder. Ayer, durante la reunión de gabinete, encomendó a los ministros Roque Fernández
y José Uriburu a que tengan listos en una semana los proyectos para reformar la
legislación laboral y el que elimina la Prestación Básica Universal de 200 pesos que
reciben las personas que se jubilaron a partir de 1994, con el objetivo de subir la
mínima. Y amenazó con sacar las iniciativas mediante sendos decretos de necesidad y
urgencia en caso de que el Congreso no las convierta en ley.
“Yo les pido a los ministros y a los legisladores que se sienten, dialoguen y busquen
una solución para que el Congreso sancione las leyes. Si no, sacamos los decretos”,
dijo Menem durante el encuentro. De poco sirvieron las explicaciones de Humberto Roggero,
el titular de la bancada justicialista en Diputados, sobre la escasa receptividad que
habían tenido los proyectos entre los legisladores del oficialismo. “Presidente,
usted sabe de las presiones que existen en tiempos electorales. No es nada fácil
convencer a nuestros diputados. Ya lo intentamos, pero no nos fue nada bien”, ensayó
sin éxito Roggero. “Ustedes siempre tienen motivos para no sesionar”, contestó
el jefe de Estado. “Preparen rápido los proyectos. Y, si es necesario, los
decretos”, ordenó Menem a los ministros de Economía y Trabajo.
La ofensiva de Menem para que el Congreso sancione rápidamente los dos proyectos promete
tensar la relación entre el Gobierno y los diputados del PJ. Los legisladores ya
adelantaron su oposición a las iniciativas elaboradas por el dúo Fernández-Uriburu. Y
si bien Roggero se fue ayer de Olivos prometiendo sentarse a la mesa de negociación con
los ministros, lo cierto es que la mayoría de los diputados no quiere saber nada con
sancionar leyes que los dejen mal parados en medio de la campaña electoral.
El primer intento de acercamiento quedará en manos de Roque y de su colega de Trabajo,
cuando la semana que viene visiten a los legisladores oficialistas. “Si Fernández
nos quiere demostrar que se ‘peronizó’ de un día para otro, sacaremos del
cajón nuestros propios proyectos para aumentarles a los jubilados. Y puedo asegurar que
no le van a gustar nada”, comentó molesto a este diario un diputado del tronco
duhaldista. “Los diputados dicen una cosa en público y otra cuando se sientan con
nosotros. Yo no descarto que lleguemos a un acuerdo. La mesa de negociación está
abierta”, retrucó en diálogo con Página/12 Santiago de Estrada, secretario de
Seguridad Social y estrecho colaborador del ministro Uriburu en estos proyectos.
Para financiar el incremento de 150 a 200 pesos las jubilaciones mínimas, el Gobierno
piensa en cuatro vías:
1. La disminución paulatina de la PBU (Prestación Básica Universal), la asignación
adicional provista por el Estado que cobra la gente que se jubiló tras la reforma
previsional del ‘94. “La PBU no es un derecho adquirido sino una
expectativa”, aseguró Uriburu.
2. Recorte de las jubilaciones de privilegio (se habla de las de 3100 pesos para arriba).
3. Impulso desde la AFIP y de la ANSES de operativos para combatir la evasión y el empleo
en negro.
4. Elevación de 60 a 62 años de la edad jubilatoria de las mujeres (aunque Menem no
está del todo convencido de impulsarla).
En total, para lograr esos objetivos, el Gobierno necesita juntar 438 millones de pesos
anuales.
En cuanto a la nueva reforma laboral, en Trabajo confirmaron que se está trabajando sobre
la base de posibilitar que todas las empresas puedan contratar personal “a plazo
fijo”. Esto es, tomar empleados por el término de un año, sin obligación de pagar
indemnización ni preaviso una vez cumplido ese plazo. Además, se plantea la
reglamentación de los contratosde pasantía y aprendizaje. “La posibilidad de
aprobar la reforma es nula”, definió tajante el justicialista Oraldo Britos,
presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja. En la
Alianza, la oposición a ambas iniciativas es unánime.
La pulseada recién comienza. Omitiendo la resistencia de sus propios legisladores, Carlos
Menem redobló la apuesta. En los próximos días quedará certificado si su poder de
convencimiento hacia los diputados del PJ sigue intacto.
ALBERTO SPOLSKI, DEL PATRICIOS, SE NEGO A
DECLARAR
En el mismo camino de Pou
Por Pablo Ferreira
Alberto
Spolski, ex titular del liquidado Banco Patricios, se negó ayer a declarar como acusado
ante el juez Gabriel Cavallo en la causa que éste le sigue por administración
fraudulenta. El banquero, que sólo atinó a presentarle al magistrado un escueto escrito
sin explicación ni descargo alguno, adujo –de acuerdo a fuentes judiciales– que
“no cometió ningún delito”. Mientras esto ocurría en la zona de Retiro un
grupo de ex ahorristas de la entidad manifestó su repudio contra los ex directivos del
Patricios, a quienes responsabilizan por la pérdida de sus depósitos.
La estrategia adoptada por Spolski es simlar a la del procesado presidente del Banco
Central, Pedro Pou. Cuando éste fue requerido por el juez federal el mes pasado en esta
misma causa, se negó a contestar (optó por una insólita respuesta pública), pero de
todos modos, terminó procesado. Con ese antecedente no es difícil suponer que el destino
judicial de Spolski, que se conocerá en los próximos diez días, termine siendo similar
al del mandamás de la entidad monetaria. Sobre todo, considerando que, según confiaron a
Página/12 en Tribunales, las pruebas en su contra “son abrumadoras”.
La situación de la cúpula del Patricios se complicó aún más con la falta de respuesta
adecuadas por parte de los demás miembro del directorio de la entidad, cuando fueron
indagados con anterioridad por Cavallo. Entre los principales directivos que acompañaron
la gestión de Spolski figuran Alejandro Bilik, Abraham Rebrij y Enrique Rodríguez, ex
ministro de Trabajo durante el primer mandato de Carlos Menem. En Tribunales aseguraron a
este diario que Rodríguez habría justificado que “no tenía nada que ver”, en
relación a las denuncias de autopréstamos y otras maniobras financieras que llevaron al
vaciamiento del banco. Incluso el propio BCRA los acusó de falsificar balances. En tanto,
el resto de los acusados, pese a su alta posición en el banco fallido, se defendió en
las indagatorias con expresiones tan endebles como “no me acuerdo” o “yo de
eso no me ocupaba”.
Al respecto uno de los diputados iniciadores de la causa, el aliancistas Jorge Rivas,
consideró que “va a haber procesamiento”. “Nosotros aportamos todos los
elementos no sólo para que puedan ser procesados, sino también condenados”,
sintetizó.
Antes de decidirse por eludir el interrogatorio judicial, Spolski se colocó al borde de
la orden de captura al retardar su presencia en los tribunales. Una actitud que concluyó
el viernes pasado con la argucia de invocar una enfermedad cardíaca. El informe de los
médicos forenses desmintieron la gravedad de la dolencia y concluyeron que no estaba
impedido de concurrir a la indagatoria.
PROYECTO DE LEY DE DOLARIZACION
Y dale con esa obsesión
El
gobierno argentino enviará un proyecto de ley al Congreso para poder negociar con el
Tesoro de los Estados Unidos un eventual acuerdo de dolarización bilateral. Lo anunció
ayer en Washington el subsecretario de Finanzas, Miguel Kiguel, durante un debate sobre
dolarización organizado por el FMI.
En su opinión, para Argentina el cambio representaría entre 150 y 200 puntos básicos de
disminución en la tasa (de riesgo) que paga por sus créditos. Además, repercutiría en
mayor inversión, crecimiento más acelerado y creación de más empleos. El funcionario
subrayó que la idea de dolarizar por completo la economía argentina, lanzada a comienzos
de año por el presidente Carlos Menem, sería un proyecto que heredaría el gobierno que
será electo en octubre y asumirá el poder en diciembre.
En el encuentro, Kiguel aseguró que por la cercanía de las elecciones nacionales de
octubre, “el Gobierno quiere comenzar con el estudio técnico del proyecto y dejar
que el próximo gobierno tome la decisión política”. Aunque consideró que “la
dolarización unilateral no resuelve los problemas de señoreaje”, por lo cual el
objetivo es lograr un acuerdo con su par de Estados Unidos. En ese sentido, indicó que
hasta diciembre se intentará formar un grupo de trabajo con miembros del Tesoro y de la
Reserva Federal.
|
