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Los inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) coparon ayer el aeroparque metropolitano para corroborar si las aeronaves habían pagado el impuesto destinado al financiamiento del incentivo salarial docente. En la mayoría de los casos, los aviones privados sufrieron demoras por el trámite, pero se comprobó que habían abonado el gravamen. En cambio, las compañías de línea no pudieron exhibir la factura porque alegaron tener la documentación en la sede central de las respectivas empresas. El lunes próximo tendrán que presentarla, dijo el subdirector de operaciones fiscales de la Afip, Marcelo Ramos. El jueves se reunirán los ministros de Educación y los gremios docentes para terminar de acordar los criterios de distribución del aumento. Los datos extraoficiales permiten especular con que la primera cuota del incremento, equivalente a los seis primeros meses, será de alrededor de 500 pesos, unos 83 pesos mensuales. Los puertos fluviales de Tigre y San Fernando también recibieron la visita de los hombres de la Afip. Ramos explicó que en el puerto fluvial de Tigre, la empresa Cacciola cumplió con el pago del tributo, mientras que en San Fernando, se registró poco movimiento y el pago fue irregular. La inspección realizada sobre los autos el último fin de semana arrojó que sólo un 65 por ciento de los propietarios habían abonado el impuesto. La exigencia de exhibir la oblea será obligatoria a partir del 1º de agosto. A pesar del vencimiento del plazo para pagar el impuesto que varía entre el 1 y el 1,5 por ciento para los vehículos de valor superior a los 20 mil pesos, los transportistas siguen presentándose ante la Justicia para evitarlo. La jueza en lo Contencioso Administrativo María José Sarmiento prohibió a la Afip que impidiera la circulación de unidades afectadas al transporte de pasajeros de larga distancia que no exhiban la oblea. La magistrada hizo lugar a medias al planteo de la Cámara Empresaria de Transporte Automotor de Pasajeros Interurbana de Jurisdicción Nacional (Celadi): rechazó el pedido de suspender provisoriamente la ley y recordó que en materia fiscal rige el principio solve et repete, o sea primero pagar y luego reclamar una eventual devolución. La jueza cuestionó el anuncio de la Afip de impedir la circulación porque el transporte es un servicio público y decidió que en el supuesto en que las empresas no abonen el tributo, la Afip sólo podrá perseguir su cobro por la vía judicial. Los empresarios del transporte de cargas y de pasajeros no pierden las esperanzas de que en el Congreso los diputados oficialistas logren modificar la Ley de Incentivo Salarial para rebajar la tasa que deben pagar. El ministro de Educación, Manuel García Solá, salió a reivindicar la gestión educativa de Menem, porque mientras todos fuimos solidarios con la Carpa Blanca, a nadie le interesó que el período de los últimos cinco años de este gobierno fue el de mayor construcciones educativas del siglo, con 6700 establecimientos nuevos. El funcionario calificó como una de las paradojas del sistema educativo que nunca se invirtió tanto en el sistema como en 1997, con 9330 millones de pesos, y ése fue el año de mayor impopularidad por la instalación de la Carpa Blanca. Lo que no dijo el ministro es que ni un solo peso de la inversión se destinó al incremento de los salarios docentes. En ese año se produjeron reducciones de haberes en catorce provincias.
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