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Por Alejandra Dandan  Los
subterráneos recibieron ayer, por tercer día consecutivo, nuevas amenazas de bomba, pero
esta vez la empresa Metrovías no suspendió el servicio. De todas maneras, las
intimidaciones resultaron falsas. La línea amenazada –en cuatro oportunidades–
fue la C, que une las estaciones Retiro y Constitución. Aunque la causa que motoriza las
amenazas sigue siendo una incógnita, desde el Gobierno se insistió en relacionarlas con
“un conflicto gremial”. Sin embargo, el juez federal Adolfo Bagnasco, que
interviene en la causa, aseguró que según los directivos de Metrovías, no existen
conflictos que hagan pensar en esa hipótesis (ver aparte). El juez reveló que tres de
las diez amenazas fueron efectuadas desde teléfonos públicos. Como medida preventiva,
Bagnasco dispuso un chequeo nocturno de túneles, puestos de control y dependencias de
Metrovías. Se ordenó además la intervención de todos los teléfonos de la compañía y
se dispuso la presencia de unos 300 hombres de la Policía que custodiarán cada una de
las 64 estaciones. Al mediodía, un anónimo obligó a desalojar a la DGI.“En los llamados no existió ningún tipo de reivindicación gremial”, dijo Bagnasco respecto del motivo que originaría las amenazas hechas a la empresa de subtes desde el miércoles. El magistrado se reunió con directivos de la empresa, quienes le aseguraron que “no tienen conflictos gremiales con sus empleados”, según destacó. Para Bagnasco, habría un efecto de “empatía”, una suerte de contagio que multiplicaría las llamadas. Así también se habría sumado como víctima la sede de la DGI en Avenida de Mayo al 1300. El juzgado dispuso, junto a la Comisión Nacional de Regulación de Trasporte y la empresa Metrovías, un control especial a raíz de la seguidilla de amenazas. Se trata de un grupo de “intervención rápida” que intentará, en casos de futuras intimidaciones, coordinar medidas de seguridad para evitar una interrupción del servicio. El dispositivo incluye un refuerzo de vigilancia y el estado de alerta del personal. “Desde la noche del jueves –explicó el magistrado–, todas las noches, hasta que pase esta ola de alarmas, se hará un operativo de peinado de todas las líneas en túneles, baños y demás instalaciones de las estaciones.” Esta disposición se tuvo en cuenta ayer cuando se decidió no cortar el servicio de la Línea C pese a las amenazas recibidas. “Ya teníamos la zona revisada”, dijo el juez, que de todos modos ordenó a la Brigada de Explosivos un rastrillaje de la zona del tramo de subte que une Retiro y Constitución. El jefe de Gobierno porteño, Fernando de la Rúa, optó por la cautela. “Yo no me la creo –dijo–, pero a veces ante los bromistas hay que tomar en serio las cosas.” Por eso pidió que “todo el aparato del Estado se ponga al servicio de brindar la más completa seguridad”. Mientras exigió el reclutamiento de ese aparato entre la SIDE y Policía Federal, De la Rúa rechazó la interpretación de que los episodios tengan por destino su gobierno. “No empecemos a hacer el juego a los que hacen amenazas telefónicas para crear inquietud”, advirtió. Juego o no, ayer las amenazas siguieron. Y por partida doble. A los llamados en Metrovías, se agregó una voz anunciando la existencia de una bomba en el edificio de la DGI que nuclea las regiones 9, 10 y el área de devoluciones de exportaciones. Los 700 empleados de la sede abandonaron el edificio durante una hora y media, y esperaron pacientes que la policía, después de revisar el edificio, dijera: “Falsa alarma”. “Después del paso de la policía se volvió a la normalidad”, explicó Guillermo Farías, subdirector general de Operaciones Impositivas Uno. La delegación nuclea la zona de Puerto Madero hasta Dorrego, y atraviesa el centro geográfico de la ciudad y el área de exportaciones tiene a su cargo las devoluciones de toda Capital y el conurbano. “A esta altura –dice Farías–, no sabemos el motivo, no es posible adjudicarle a nadie el llamado ni por asomo.” Para prevenir próximos parates, el secretario de Seguridad, Miguel Angel Toma, dispuso una tropa de entre 250 y 300 policías distribuida en todas las estaciones de subtes. Toma decidió enviar a los uniformados después de la orden dada por el juez porteño Facundo Cubas, que intervino en la primera amenaza del miércoles pasado. “Hubo un pedido de Cubas –dijo Toma a Página/12– para que se colocaran policías en todas las estaciones. Yo lo cumplí porque tengo que acatar la orden del juez, pero la empresa tiene la responsabilidad de seguridad interna.” Y lo aceptó, a regañadientes: “Para poder poner 300 policías hay que sacarlos de otro lado, no se trata acá de desvestir un santo para vestir otro”. Fuentes del juzgado de Cubas, en diálogo con este diario, remitieron la disposición a una estricta medida de seguridad. En este marco, rechazaron que la suspensión del servicio del miércoles haya sido exagerada: “Si Metrovías nos llama para denunciar amenazas se supone que quien da verosimilitud a las llamadas es la empresa y como acá hay un millón de pasajeros bajo tierra, lo menos que se podía hacer era cortar el servicio para protegerlos”. Un encuentro entre Cubas y Bagnasco que tendrá lugar en las próximas horas definirá las competencias de ambos jueces para determinar cuál seguirá con la investigación. LOS PASAJEROS NO DEJAN DE USAR EL SERVICIO
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El conflicto gremial:
altas fuentes del gobierno nacional se inclinan a pensar que las intimidaciones
responderían a “un conflicto gremial por una situación salarial o a un conflicto
dentro del gremio”. Sin embargo, tanto la empresa Metrovías como la Unión
Tranviarios Automotor (UTA) descartaron esta posibilidad. “No estamos en situación
de conflicto con la empresa y si lo estuviéramos tampoco haríamos algo así. Esto nos
afecta a todos”, señalaron fuentes de la UTA.