|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por Carlos Rodríguez  En la puerta
del Hospital Ramón Carrillo, del partido de Malvinas Argentinas, un cartel exalta la
figura del intendente: “Cariglino y la Gente”, reza, bien visible. Ya adentro,
los médicos prescriben sus recetas en el reverso de boletas electorales que proclaman
“Duhalde presidente”, como si de promocionar un antibiótico se tratara. Allí
se cobra a quienes no tienen obra social. Pero a los pacientes no se les extiende factura
que certifique el pago. Muchos regatean el precio de consultas y prácticas, y a fuerza de
insistir, a veces, hasta logran atenderse gratis. El hospital responde a un modelo de
salud que se extiende en la provincia y es visto con buenos ojos por el gobierno de
Duhalde. Es el proyecto que pretende impulsar Aldo Rico en el vecino partido de San Miguel
y que le valió al intendente carapintada un conflicto con los médicos de repercusión
nacional. Página/12 recorrió el Ramón Carrillo. Aquí, la crónica de un día en un
hospital público, pero arancelado.“En la guardia no te dan bonos, pero igual te cobran. Cinco pesos, tres pesos o apenas uno, si sos vivo para regatear el mango”. Silvio, a los 60, sigue trabajando de albañil. En su casa faltan camas o sobran hijos, pero abundan las desgracias. Desde hace semanas concurre a la guardia para tratarse de un golpe en el tórax que sufrió al caerse de la bicicleta, “el transporte más barato que hay”. A veces le faltó el peso y tuvo que negociar “por cincuenta centavos”. María Florencia, 28, va por el cuarto hijo y se alegra porque “para la consulta de pediatría no te cobran si les llorás la carta, con la nena (Brenda, seis meses) en brazos”. Desde que comenzó el conflicto en el Hospital Larcade, de San Miguel, el modelo de salud de Malvinas es criticado por estar “arancelado y privatizado” y por ser la idea que llevar adelante Aldo Rico de su colega Jesús Cariglino. Las autoridades de Malvinas niegan el arancelamiento del sistema, pero el cobro de bonos en el Carrillo es público y notorio. El concejal de Malvinas Pedro Pérsico (Frepaso) advirtió a Página/12 que en la provincia de Buenos Aires se corre el riesgo de “malvinizar la salud”, lo que significaría “hacer de los hospitales municipales un negocio privado y cerrado de una manera anónima, clandestina e ilegal”. En la sede del Sindicato de Empleados Municipales de San Miguel, en presencia del secretario adjunto del gremio, Alberto López Camelo, una profesional del Hospital Carrillo, que pide mantener su nombre en reserva, le confirmó a este diario que “los únicos que llegan a salvarse del bono son los chicos y no en todos los casos”. La fuente justifica el anonimato diciendo que sabe que “hay que destapar la olla”, pero tiene miedo porque dice sentirse “rodeada por una verdadera mafia”. Durante la visita al Carrillo, este diario comprobó que los bonos, de color rosa, se venden en el mostrador a precios que oscilan entre los cinco y los 20 pesos. Según los datos aportados por la profesional y por López Camelo, las prácticas en la especialidad de dermatología tienen un valor de entre 20 y 80 pesos; en urología van de 20 a 50; en cardiología, un holter se cobra 35 pesos y una ergometría, 25; los precios en fonoaudiología van de ocho a 13 pesos; en otorrinolaringología de ocho a 30, y un electroencefalograma cuesta 12 pesos. Las cuatro empleadas que atienden a los que piden turno entregan unos comprobantes de color blanco, impresos por computadora, que señalan fecha, hora y especialidad, pero en ningún momento dejan asentado el pago. En los bonos rosados, el valor es escrito a mano por una empleada, pero el comprobante lo retiene el profesional y el paciente nunca se lleva una constancia. Pérsico, López Camelo y Gustavo Eugeni, titular de la Asociación de Profesionales del Larcade, aseguraron que el dinero recaudado “es administrado por una cooperadora única cuyos responsables son mantenidos en el anonimato”. Los fondos de la cooperadora concentran lo que recauda el Carrillo y el resto de los centros asistenciales del distrito: el Hospital Mohibe Akilde Menem (lleva el nombre de la madre del Presidente), el Odontológico, el Oftalmológico y el de Salud Mental, además de los centros periféricos. Una parte del dinero engrosaría los sueldos de los médicos de Malvinas que avalan el sistema y lo que ocurre con el resto es apenas silencio. Este diario trató de hablar sobre el tema con el secretario de Salud de Malvinas, Hugo Schwab, padre del modelo, pero fue imposible dar con él. Durante el pico del conflicto en San Miguel, Schwab dijo desde Malvinas, al diario regional La Hoja, que “la salud pública no debe ser arancelada”. En otro reportaje había admitido que el arancelamiento “no es fijo” sino “una cooperación voluntaria”. Agregó, frente a las críticas, que el suyo “no es sólo un programa de tinte mercantilista sino de tinte sanitario puro, donde darle la respuesta a la gente es mucho más importante que el planteo de si tiene arancel o no”. La gente que concurre al Carrillo parece asumir el pago con resignación. “La atención siempre fue mala y lo sé porque acá me operaron y tuve familia varias veces”, razonó Julia Mendoza (45). Silvio, el albañil, estimó que las quejas son menores porque “todavía, regateando, podemos salir del paso los que no tenemos ni obra social ni clínica paga”. Para el concejal Pérsico, en cambio, lo de Malvinas es “la experiencia del milagro que se puede hacer de la miseria: de la miseria física de los habitantes y de la miseria moral de los gobernantes”. El sistema de salud de Malvinas tiene tres fuentes de ingreso: los fondos de coparticipación federal (desde 1995, cuando asumió Cariglino habrían sufrido un incremento anual de tres millones de pesos), lo que se recauda por obras sociales (en el Carrillo la internación y el quirófano están dedicados casi exclusivamente a ellas, desplazando a los indigentes) y la plata que recauda la cooperadora única. Pérsico aseguró que la cooperadora es “trucha y anónima”. El cobro de aranceles comenzó en el ‘95, pero recién en setiembre de 1998 el Concejo Deliberante, con amplia mayoría peronista, aprobó una ordenanza donde “se eximía del pago de aranceles a los habitantes del distrito” de Malvinas, señaló el concejal frepasista. “Esos aranceles –agregó– nunca fueron establecidos normativamente, pero en los hechos son cobrados imperativamente a todos los que van a los cinco hospitales, vivan dentro o fuera del partido”.
|
Las características del
sistema de salud en Malvinas Argentinas quedan al desnudo con la mención de algunos
hechos anecdóticos:
Alfonso, un albañil
de 55 años, fue operado en el Hospital Carrillo, a mediados de 1998, por una colostomía.
Después, durante casi un año, debió someterse a otras intervenciones porque se le
abrió la herida, lo que le provocó una infección. El médico que lo operó la primera
vez tuvo que suturar contra reloj, porque después de Alfonso tenía turno un paciente de
obra social. Ese médico es uno de los tantos “becados”, como se llama a los
beneficiarios de nombramientos políticos. En el Carrillo, siete de cada diez son
“becados”, según información a la que Página/12 tuvo acceso.