| Por Laura Vales  El juez federal de Santa Fe
Víctor Brusa fue denunciado ayer ante el Consejo de la Magistratura de haber intentado,
en 1977, hacer firmar a un detenido una declaración arrancada bajo tortura. El testimonio
fue presentado por José Ernesto Schulman ante la Comisión de Acusación del organismo,
que ahora pedirá nueva documentación al juzgado en el que Brusa actuó durante los años
de la dictadura.
Shulman es un militante del Partido Comunista que fue secuestrado en noviembre de 1977 por
una patota del Servicio de Inteligencia de la policía santafesina. Sus captores lo
trasladaron a la seccional cuarta de la ciudad de Santa Fe, una comisaría calificada por
la CONADEP como centro clandestino de detención, donde fue sometido a torturas y
simulacros de fusilamiento. “Allí –recordó–, donde el terror era lo
cotidiano, donde daban de comer una vez al día y no había en las celdas ropa ni muebles,
ni baño, ni nada, conocí a Víctor Brusa.”
El magistrado era por entonces secretario del juzgado federal de Fernando Mántaras. Brusa
se presentó en la comisaría cuarta la mañana siguiente a la sesión de torturas. Cuando
fue llevado ante el secretario, Shulman reconoció en los guardias las mismas caras de los
que lo habían golpeado ferozmente durante la noche. El secretario federal le extendió
una declaración terminada y le ordenó que la firmara. “Pretendía hacerme
responsable de un atentado con bombas en la Plaza España, cometido en una fecha en la que
yo había estado preso en la cárcel de Coronda a disposición del Poder Ejecutivo; la
acusación que quería que firmara había sido sacada bajo tortura a un compañero”,
dijo ayer el ex detenido frente a los siete integrantes de la Comisión. Y agregó que,
ante su negativa, Brusa lo amenazó con que los guardias volverían a interrogarlo.
El hecho ya había sido denunciado en noviembre pasado ante el juez español Baltasar
Garzón, quien procesó al magistrado santafesino por su participación en la represión
ilegal. Pero las primeras acusaciones fueron recogidas por la CONADEP quince años atrás,
cuando otras tres víctimas del terrorismo de Estado lo acusaron por hechos similares.
Rubén Maulín y Juan Carlos Pratto testimoniaron entonces que “cuando nos tomaron
las indagatorias en la seccional cuarta, en presencia del juez federal Mántaras y los
secretarios Monti y Brusa, nos encontrábamos descalzos, mojados, y con signos de haber
recibido apremios de todo tipo; como ignorando nuestro estado ellos nos preguntaban si
habíamos sufrido malos tratos, y ante nuestra respuesta afirmativa respondían que la
habíamos sacado liviana”.
El pedido de juicio político a Víctor Brusa fue presentado por los diputados Alfredo
Bravo y Elsa Fernández Combes, a raíz de una causa penal en la que el juez es
investigado ante la sospecha de haber atropellado con una lancha a un joven y luego huir.
Ese expediente es una de las pruebas de cargo reunidas por la Comisión de Acusación del
Consejo, que estudia además una sentencia por la cual el magistrado en cuestión fijó
honorarios profesionales a un abogado en 15 millones 931 pesos, suma que fue rebajada
después a 800 mil por la Cámara Federal de Rosario. Los testimonios recogidos por la
CONADEP y el procesamiento dictado por Baltasar Garzón también fueron incorporados. Y
ayer el propio Shulman entregó documentos vinculados a su denuncia.
Brusa fue nombrado con acuerdo del Senado en 1992, a pesar de las denuncias públicas
sobre su actuación como funcionario judicial de los gobiernos militares. Al cerrar su
exposición en la sala de audiencias del Concejo, Schulman recordó que estaba cumpliendo
con una promesa formulada 22 años atrás. “Mientras estuve detenido conocí a muchos
compañeros -explicó–; de algunos no supe ni siquiera el nombre, otros no tuvieron
mi suerte y figuran en la larga lista de desaparecidos. Créanme que no hay razón más
poderosa para este testimonio que cumplir con el juramento que todos nos hicimos de que
los que sobrevivieran denunciarían a los culpables hasta las últimas
consecuencias.”
APELARON LA DECISION DE REPARTIR LA CAUSA
Desaparecidos del Tercer Cuerpo
La
abogada del Servicio de Paz y Justicia (SerPaJ), María Elba Martínez, anticipó que
apelará la decisión de repartir entre las diez provincias que forman el Tercer Cuerpo
del Ejército la causa que investiga lo ocurrido con los desaparecidos en esa
jurisdicción y que hasta ahora estaba unificada en un tribunal cordobés. La abogada
manifestó que “distribuyendo la causa se pierde de vista la existencia del plan
elaborado por el terrorismo de Estado”. En ese proceso debía presentarse hoy el
general Cristino Nicolaides, pero la audiencia fue suspendida.
Personal de los tribunales federales de Córdoba comenzaron ayer las tareas destinadas a
ordenar los expedientes para enviar a los tribunales de Mendoza, San Juan, San Luis,
Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. Hasta ahora, la jueza
Cristina Garzón de Lascano manejaba todas las causas, pero había pedido que se
redistribuyeran por razones de economía procesal y mejor redistribución de justicia y la
Cámara de Apelaciones aceptó la demanda. La abogada del SerPaJ, impulsora de la apertura
del proceso, se opuso a esta medida y aseguró que presentará un recurso extraordinario
ante la Corte Suprema.
“Desparramar la causa por todo el Tercer Cuerpo es simplemente tratar de que se
desintegre y que no se revele lo que ha ocurrido durante la dictadura militar”,
opinó Martínez. La abogada también criticó que los expedientes que serán remitidos a
las otras provincias no serán tratados por las cámaras federales que alguna vez tuvieron
relación con los casos -como en Tucumán– sino que serán enviados a tribunales de
primera instancia. Si bien estaba previsto que hoy declarara como testigo el general
Cristino Nicolaides, la audiencia se suspendió luego de que el abogado del militar,
Alejandro Zeverín, presentara un escrito en el que aseguraba que su defendido había sido
citado en una causa por apropiación de menores en la Justicia porteña. La jueza decidió
suspender sin fecha la audiencia aunque el escrito de Zeverín tendría algunas
imprecisiones, por ejemplo, no se aclara en que juzgado debería presentarse Nicolaides en
Buenos Aires. El militar sería citado nuevamente en Córdoba luego de la feria judicial
de invierno. Dentro de esta causa, el lunes se realizó un allanamiento a la sede
cordobesa de la Secretaría de Informaciones del Estado. Ayer, la jueza se dedicó a
analizar el material encontrado, que –según allegados a la causa– “podría
ser de gran utilidad para una de sus investigaciones”, presumiblemente la conocida
como “búsqueda de la verdad”.
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