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 El ministro
del Interior, Carlos Corach, pasó para la reunión de gabinete nacional de mañana la
solución de la controversia entre Economía y Trabajo en torno al aumento de 50 pesos en
el haber mínimo de los jubilados. En el encuentro “se discutirá de qué manera se
puede mejorar el nivel de ingresos al sector pasivo con los fondos provenientes de las
recientes privatizaciones, como las de telefonía” celular PCS, indicó el titular de
la cartera política. Corach recordó que “la ley dice que el 30 por ciento de lo recaudado por privatizaciones debe ser destinado a la Anses, para mejorar las prestaciones previsionales”. Sin embargo, en opinión del Palacio de Hacienda, “dado que hoy la Anses tiene déficit y está financiado por el Tesoro, la idea es cubrir con esos fondos parte del déficit y no aumentar haberes, porque no hay margen para ello”, según señaló una fuente próxima a Roque Fernández. Por otra parte, desde Economía se resisten a sumar a los fondos a coparticipar con la Anses los provenientes de la venta de las acciones de YPF. “Lo ingresado (por este concepto) tiene por destino integrar el fondo fiduciario que se creó por ley cuando se puso en marcha la privatización de la petrolera, y que está orientado a la reestructuración de los bancos de provincia”, indicó la misma fuente. En cambio, el ministro de Trabajo, José Uriburu, entiende que a la Anses debería asignarse el 30 por ciento de lo recaudado en las licitaciones de las áreas de telefonía móvil con tecnología PCS más lo que se reciba por la venta de acciones de YPF. En total, suman más de 2000 millones de pesos, por lo que Uriburu espera contar con unos 650 millones. Según los cálculos de Trabajo, ello le permitiría llevar a 200 pesos la jubilación mínima (hoy, 150 pesos) a partir de julio. En cambio, si la asignación se limita exclusivamente a la distribución de los ingresos por la licitación de PCS, la partida para la Anses se reduce a 400 millones. Uriburu sostendrá ante el gabinete nacional que los ingresos por privatizaciones constituyen fondos extraordinarios y, por lo tanto, no corresponde su utilización para otros fines, ya sea el fondo fiduciario para bancos provinciales o compensar el déficit en la cuenta de la previsión social. El cálculo presupuestario para afrontar el aumento de las jubilaciones mínimas asciende a 25 millones de pesos mensuales, con lo cual los ingresos por privatizaciones garantizarían, al menos, las necesidades de fondos adicionales de este año y el próximo. Esta argumentación chocará con la de Economía. Para Roque, el aumento de las jubilaciones debería condicionarse a que el Congreso vote una quita en las denominadas jubilaciones de privilegio y una nueva reforma previsional que contemple la eliminación de la garantía estatal de 200 pesos para los futuros jubilados (prestación básica universal), y el aumento de 60 a 62 años en la edad jubilatoria de las mujeres. En el Congreso, tanto el oficialismo como la oposición anticiparon su rechazo.
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