Página/12

A pesar de haber declarado durante casi cuatro horas frente al juez federal Jorge Urso, el ex ministro de Defensa Oscar Camilión sabe que la causa por la venta ilegal de armas no se resuelve exclusivamente en el terreno jurídico; por eso, al salir de los tribunales federales no supo contestar si su testimonio había mejorado su situación procesal. “Mi cada vez mayor desconocimiento del derecho penal no me permite asegurar que esta larga declaración indagatoria haya mejorado mi situación”, fue la diplomática respuesta de Camilión. Durante la audiencia de ayer, Camilión deslindó sus responsabilidades y comprometió la situación judicial del jefe del Ejército, general Martín Balza, y la del ex ministro de Trabajo Antonio Erman González.
Aunque el centro de las preguntas del fiscal estaba dirigido a la parte que involucra a Croacia, al frustrado decreto de venta de armas a Liberia, y al convenio firmado entre el Ejército Argentino y Fabricaciones Militares, fue la pregunta sobre quién era el responsable de los nombramientos del personal militar en la estructura de Fabricaciones Militares la que generó el momento de mayor tensión en la audiencia de ayer.
–¿Quién sugirió los nombres de los militares que fueron designados en los cargos gerenciales de Fabricaciones Militares? –fue la pregunta que el fiscal Carlos Stornelli le dirigió a Camilión.
–El Estado Mayor del Ejército –respondió el ex ministro.
–¿Quién del Estado Mayor? –repreguntó el abogado de Camilión.
Esta pregunta tenía un destinatario claro. La reacción, aunque esperada, no dejó de sorprender a quienes estaban presentes en la audiencia, ya que nadie hubiera pensado que el juez federal interrumpiera la indagatoria.
–Si usted quiere imputar al general Martín Balza, dígalo con todas las letras. Fue la dura intervención con la que el juez federal cerró abruptamente un interrogatorio donde todas las preguntas y sus respectivas respuestas comprometían al titular del Ejército.
De hecho la pregunta ya había tenido su respuesta en otro momento de la audiencia de ayer. Camilión había afirmado que, de los miembros que integraban el Estado Mayor, sólo se reunía con Balza. Más que la pregunta concreta, era la suma de señalamientos que comprometían a Balza lo que inquietaba a Urso. El juez federal viene demorando la decisión de citarlo a prestar declaración testimonial como imputado, desde setiembre del año pasado, cuando el fiscal Stornelli acusó a Balza de ser miembro de la asociación ilícita que facilitó la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia.
Contradictoriamente con la mayoría de las situaciones judiciales que enfrentan a un magistrado y a un imputado, no era el procesado el que demostraba su nerviosismo, sino el juez federal, quien se encontraba visiblemente afectado por una úlcera que lo obligaba a levantarse reiteradamente de la audiencia y que sólo le permitió efectuar cinco o seis preguntas.
–No vamos a prolongar la molesta úlcera del señor juez federal –fue la acotación utilizada por Camilión para dar por finalizada su larga indagatoria, a pesar de su deseo de seguir ampliando su declaración judicial.

La Corte Suprema resolvió ayer instruir un sumario contra el juez federal Jorge Urso. Los auditores del tribunal lo investigarán por faltas que habría cometido al sustanciar un expediente sobre falsificación de documentos. La acordada del alto tribunal reivindica la intención de la mayoría de los ministros de recuperar las facultades disciplinarias sobre los jueces, una atribución que, según la reforma constitucional de 1994, ahora corresponde al Consejo de la Magistratura. El voto disidente de los jueces Gustavo Bossert y Enrique Petracchi reavivó el debate sobre quién debe actuar en los casos de infracciones de magistrados. Ambos sostuvieron que es inconstitucional que lo haga la Corte: “La competencia es del Consejo en todos los sumarios”, argumentaron.
A pedido del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3, la Cámara Federal había iniciado un sumario contra Urso referido a presuntas irregularidades en el trámite de un expediente sobre falsificación de documentos, fechado en 1996, y que lleva el nombre de “Luis Mercado y otros”. Según informaron fuentes judiciales a Página/12, Urso había solicitado que su expediente fuera llevado adelante por la Corte y no por los camaristas. Ayer el máximo tribunal se puso del lado del juez, conocido por tener a cargo la causa en la que se investiga la venta ilegal de armas, y dispuso reasumir la superintendencia en la pesquisa. Al magistrado podrían sancionarlo con advertencias o multas de hasta el 20 por ciento de su sueldo.
La resolución, apoyada por una mayoría de ministros, reactivó la discusión que enfrentó en diciembre del ‘98 a la Corte y al Consejo de la Magistratura cuando ambos se adjudicaban las facultades disciplinarias sobre los jueces. La polémica se desató a partir de una acordada en la que la Corte sentó, por unanimidad, su dominio sobre las actuaciones disciplinarias contra jueces. La discusión de fondo giraba en torno del artículo 114 de la Constitución reformada en 1994. Después, los consejeros dispusieron que los expedientes iniciados antes de su conformación del Consejo, el 17 de noviembre último, quedaran en manos del alto tribunal o las cámaras correspondientes. La Corte, por su parte, aclaró que no tenía ningún sumario en trámite posterior a esa fecha pero ratificó en la acordada 52 su potestad de sancionar a magistrados.
La decisión que la Corte asumió ayer se funda en que la causa de Urso es previa a la constitución del Consejo, informó un allegado al máximo tribunal. “El presente constituye un caso que justifica la reasunción, por parte de esta Corte, de la superintendencia (...) máxime cuando se trata de asegurar la vigencia de garantías de orden constitucional”, dice el texto.
En principio, en la Magistratura no ven ninguna irregularidad en la decisión de la Corte. Sin embargo, Bossert y Petracchi plantearon objeciones en sus votos. Con esta postura lograron reformular la que habían asumido el año pasado y que los llevó al arrepentimiento. Ahora plantean, según constató este diario, que “la Corte no tiene facultades disciplinarias ni antes ni después del 17 de noviembre de 1998 y es inconstitucional que instruya el sumario de Urso”.

El tribunal está de remate

No sólo el caso de Urso estuvo presente ayer en la Corte. El Tribunal también dispuso la creación de una oficina de Remates Judiciales que reemplazará al actual sistema de subastas. Según difundió la Corte, la nueva dependencia estará a cargo de un funcionario de la Administración General. Los remates serán anunciados con anticipación y habrá un sistema que servirá para constatar la existencia de fondos en las cuentas de los oferentes y permitirá efectuar el pago mediante tarjetas magnéticas o transferencias informáticas bancarias. En otro rubro, a raíz de una solicitud del Colegio de Abogados, los jueces dispusieron ampliar el horario que regía la feria judicial (9.30 a 12.30) para igualarlo al que rige el resto del año (7.30 a 13.30).