| Por Cledis Candelaresi  José Uriburu, reemplazante de
Erman González al frente del Ministerio de Trabajo, defiende como “el mal
menor” la propuesta de subir las jubilaciones mínimas a costa de bajar otras
también magras. Y avala el criterio de hacerlo mediante un decreto de necesidad y
urgencia. Reclama que su cartera participe en las decisiones económicas generales y
promete que, al dejar su cargo, renunciará a la jubilación de privilegio que le
correspondería. Pero quizás más audaz fue la confesión con la que arrancó su diálogo
con Página/12:
–El Estado negrea mucho. Por limitación de gastos, se está generando un problema
muy serio con los contratados que, en algunos casos, están en esa condición desde hace
más de diez años. Básicamente es personal técnico, profesionales, economistas. Vale
aclarar que, en el caso de los proyectos ligados al PNUD (Naciones Unidas) no se los puede
ocupar en otra condición: el contrato es una imposición externa. Claro que el mayor
negreo se registra en el sector privado y en las pymes. Las grandes disponen de
tecnología más sofisticada para la contratación informal.
–¿Cuál es la estrategia del Gobierno para combatir el empleo en negro?
–La medida clásica: la inspección. Pero lo más inteligente y sensato es una baja
en las alícuotas de los impuestos, que aliente el blanqueo económico. La empresa que
tiene empleo en negro es porque tiene todo un circuito fiscal y social en negro. Por
ejemplo, el año pasado se bajó al 10,5 por ciento el IVA a la carne y, en términos
absolutos, se recauda más. La estrategia a largo plazo es un tema de educación. A fin de
año vamos a empezar a implementar un plan para que los chicos que terminan el secundario
conozcan las implicancias sociales del empleo en negro: que es no tener una cobertura en
salud, o no tener protección sindical. Pero también es necesario que los bancos cumplan
la ley 17.250, que se sancionó hace diez años. Entonces, si un empresario no llevaba su
certificado de aportes, no podía tramitar siquiera una chequera. Esto se fue perdiendo.
–¿Los sindicatos participan de esa fiscalización?
–Sí, a través de los controladores sindicales. Pero el problema a veces es la mala
relación entre los gremios y sus representados. Algunos dirigentes nos advierten que,
“si voy a la fábrica, me echan a pedradas a mí”. En muchos lugares hay
resistencia al control porque existe el temor de que si se obliga a una empresa a pagar
sus aportes, cerraría la fuente de trabajo.
–¿Pero las inspecciones no son selectivas?
–Sí. Cruzando datos de Anses, AFIP y obras sociales, tenemos una tomografía de los
candidatos antes de inspeccionarlos.
–¿Trabajo intentó que otras áreas del Estado cedieran recursos para costear un
aumento a las jubilaciones mínimas?
–No. Siempre pensé en nuestro propio presupuesto y en alguna reforma del sistema
previsional.
–¿Es posible subir las jubilaciones mínimas sin modificar la PBU?
–No en este momento. Estamos viendo con un ojo el problema previsional y con el otro
el fiscal. Así que no pensamos en utilizar ningún recurso que afecte la caja del Estado.
Esto no quiere decir que, en teoría y en base a la legislación vigente, no se podría
apelar a otros recursos.
–¿Cuáles?
–Los originados en privatizaciones. La Ley de Reforma del Estado prevé que el 30 por
ciento de esos ingresos se destinen al sistema previsional. El tema es que éste es
deficitario y el Tesoro ya lo está financiando. En definitiva: un aumento de la mínima
debe generarse en el propio sistema jubilatorio.
–Por sí o por no: ¿lo que ingrese en el Estado por PCS e YPF puede utilizarse para
ajustar las jubilaciones?
–No. Por eso estamos propiciando una retarifación de la PBU (prestación básica
universal de 200 pesos que paga el Estado) y suba de la edad jubilatoria de las mujeres.
No hay otra alternativa y ésta es la política del mal menor. Quienes nos critican van a
generar un problema más serio del que tenemos hoy.
–¿De qué forma, exactamente, se rebajaría la PBU?
–Vamos a proponer una relación inversamente proporcional a los ingresos.
Posiblemente partiendo de 400 pesos a 1000: a los haberes de 400 pesos le correspondería
la PBU íntegra y a los de 1000, nada.
–¿Si los jubilados de privilegio que trabajan resignaran su haber, podría
aumentarse 100 pesos a quienes cobran la mínima?
–No. Cuando conocí el tema de las jubilaciones de privilegio, me sorprendí, porque
no son tantas. En el sistema nacional, incluyendo las cajas provinciales transferidas, no
llegan a ocho mil los jubilados que cobran por encima de los 4000 pesos.
–¿Quiere decir que a Trabajo no le preocupa el costo de estas jubilaciones?
–Cuando llegamos presentamos varios proyectos de leyes. Uno, para rebajar
gradualmente las jubilaciones altas que, si fueron otorgadas antes de la Ley de Reforma
Previsional, llegan a los 12 mil pesos. Otro para derogar los regímenes de privilegio que
fue cuestionada por la Justicia por contener dos artículos supuestamente contradictorios.
Ahora estamos mandando un proyecto interpretativo, para que no queden dudas de que los
regímenes especiales deben ser eliminados. Y enviamos otra iniciativa para que toda
persona que accede a un cargo público, de subsecretario para arriba o como legislador, si
tiene una jubilación de privilegio debe renunciar a ella.
–¿Qué posibilidad tienen de prosperar en el Congreso?
–Los diputados son los representantes del pueblo y el pueblo se expidió contra los
privilegios. Pero los diputados, por interés propio, razones partidarias o porque están
cerca de las vacaciones de invierno, dicen que no es el momento político para tratar
algunos proyectos como aquéllos. No cumplen con su mandato.
–Posiblemente cumplirían con ese mandato oponiéndose a modificar la PBU, que
significaría subir unas jubilaciones a costa de rebajar otras.
–El problema no es que el Congreso se oponga sino que no planteen alternativas. La
Constitución también establece un mecanismo extraordinario para la sanción de las
leyes.
–El decreto de necesidad y urgencia.
–Exactamente.
–¿Existe la decisión política de retarifar la PBU con un decreto de necesidad y
urgencia?
–Es una decisión del Presidente. Y él ya la tomó.
–¿Y el ministro de Trabajo la convalida?
–Donde manda capitán... ¿Cómo les explicamos a los que ganan 150 pesos que tienen
que esperar más?
–¿Y cómo les van a explicar a los que cobran apenas más de 400 pesos mensuales que
les van a rebajar su jubilación?
–Se lo estamos explicando hoy. Es una medida antipática, pero nadie presentó una
alternativa. Estamos eligiendo el mal menor.
–El Gobierno está pensando en flexibilizar el empleo de los contratos por tiempo
determinado.
–¡Flexibilización no! Yo desterraría esa palabra. Mejor es hablar de
modernización. No se trata de decir: ya entregamos todo. No estamos entregando nada. La
legislación laboral sólo regula un aspecto de la nueva realidad económica globalizada.
Lo único que proponemos es que se suspenda por 24 meses una cláusula que hace que los
contratos por tiempo determinado se terminaran transformando en por tiempo indefinido.
–¿La flexibilización y la rebaja de aportes sirven para generar empleo?
–Sin duda que sirven. Pero no es la mejor vía. Es mucho más eficiente una política
arancelaria o fiscal. O una que estimule la actividad económica, como la de los bonos
Brady. Eso es mucho mejor que una rebaja de aporte. Estoy absolutamente en contra de cómo
salió el sistema de refinanciación de deudas para pymes, porque se excluye a quienes
deben más de 200 mil pesos. Roque Fernández me había asegurado que no habría ninguna
limitación. En Argentina estamos acostumbrados a que los ministros de Trabajo son los que
ponen la cara sólo para anunciar el índice de desocupación. Sin embargo, cuando se
define un arancel también se define cuánto empleo se va a importar. Y quien toma esa
decisión tiene la obligación de consultar al ministro de Trabajo.
–Usted dijo que los desocupados son personas sin capacitación...
–Eso surge de las encuestas, no lo digo yo. La mayoría de los desocupados es gente
sin calificación. Claro que hay desocupación en sectores de alta capacitación, por
edad, cargas familiares.
–Usted es un hombre joven y estuvo en la actividad privada. ¿Cuando deje de ser
ministro, renunciará a la jubilación de privilegio?
–Espero que no me corresponda. Por eso mandamos una ley para derogar los regímenes
de privilegio. Por interés propio preferiría que el Presidente lo resolviera por un
decreto de necesidad y urgencia, aunque sé que a algunos va a irritar que (Carlos) Menem
haga uso de esa facultad. Yo tengo 49 años y 35 años de aporte, porque trabajo desde los
15 años.
–¿Y si no se derogaran los regímenes de privilegio?
–Renunciaría.
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