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 La Cámara
de Diputados aprobó anoche en general –con los dos tercios de los presentes– el
proyecto de ley de convertibilidad fiscal, que impone topes al gasto público como
proporción del PBI. Apurados por las presiones del mercado financiero, que amenazaba con
un retiro en masa de capitales si no se establecían límites al gasto del futuro
gobierno, los legisladores oficialistas cerraron filas para emitir un mensaje
tranquilizador. El proyecto que se votaba anoche apunta a llegar al año 2003 con un
déficit cero, con reducciones sucesivas que empiezan a partir de este mismo año. El proyecto –que pasó a tratamiento en particular por artículo al cierre de esta edición– establece un techo del 1,7 por ciento del PBI como déficit fiscal para el año corriente, que debería reducirse al 1,3 por ciento el año próximo y al 0,6 por ciento en el 2001. El proyecto presentado en minoría por la Alianza era levemente más flexible, fijando un tope de 1,5 por ciento para el 2000 y reducciones escalonadas en los siguientes, hasta llegar al equilibrio en el 2004. Alberto Pierri, presidente de la Cámara, precisó al inicio de la sesión que “Diputados se arroga ser cámara iniciadora porque, por ley, le corresponde legislar en materia fiscal”. Salió así al cruce de probables presiones del Senado, que anteriormente aprobó un proyecto presentado por José Manuel de la Sota. El proyecto aprobado por Diputados deberá pasar ahora por la Cámara alta antes de ser convertido en ley. El miembro informante de la bancada justicialista, Jorge Remes Lenicov (principal referente económico del duhaldismo), señaló que “con este proyecto se pretende llegar al 2003 con déficit cero” y agregó que “queremos ponerle tope a la deuda para no dejarles a nuestros hijos esa pesada carga”. También se refirió a la creación del fondo anticrisis dentro del mismo proyecto, “para cuando se produzcan crisis internacionales o una disminución de la economía que hagan peligrar el mantenimiento del gasto social”. Remes apuntó que “lo que pretende la ley es autoobligarnos, como Estado, a mantener niveles de productividad y eficiencia, y esperamos que las provincias aprueben normas similares teniendo en cuenta que entre ellas y las municipalidades se llevan el 50 por ciento del gasto público”. Por su parte, el diputado de la Alianza encargado de fijar la posición del bloque, José Gabriel Dumón, adelantó el voto negativo de su bancada y retrucó a Remes Lenicov que los inversores extranjeros “no realizarán una inversión mayor por esta ley”. “El justicialismo se acordó diez años tarde en traer al Parlamento este proyecto mal llamado de convertibilidad fiscal porque, en realidad, es de emergencia fiscal, y en tanto el gobierno ha realizado un gasto cholulo y tilingo a través de sus funcionarios”. Dumón sostuvo que desde el oficialismo “se pretende atar las manos” a un eventual futuro gobierno de la Alianza. Oscar Lamberto, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, cuestionó en cambio a la oposición por no acompañar la ley y señaló que la iniciativa “tiene un gran valor político” para mostrar que, “pase lo que pase”, con el cambio de gobierno se mantendrá la estabilidad. El oficialismo aceptó anular del texto original del proyecto la eliminación de todos los organismos del Estado descentralizados y autárquicos que no lograran autofinanciarse en un 90 por ciento de sus gastos corrientes. De esta manera, mantienen su situación organismos tales como la Comisión Nacional de Energía Atómica, Instituto Malbrán, Teatro Nacional Cervantes y Cenareso, entre otros.
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