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 Ocho nuevas
amenazas a oficinas del Poder Judicial, Enargás, la morgue y subterráneos le dieron
continuidad ayer a la oleada de intimidaciones telefónicas que cumplió una semana. Por
la tarde, el juez federal Adolfo Bagnasco dio las primeras esperanzas de esclarecimiento,
refrendadas luego por el secretario de seguridad Miguel Angel Toma. “Hay pistas que
pueden resultar en breve”, coincidieron. Y una alta fuente del Ejecutivo le dijo a
este diario que “en ningún caso hay organizaciones tras las amenazas. Serían
particulares y ni siquiera se han detectado llamados desde un mismo teléfono”. No
obstante, fuentes judiciales admitieron que “a esta altura se investigan por separado
los avisos de bomba que recibe la empresa Metrovías”. El motivo: un reflote de la
teoría según la cual esos telefonazos responden a un conflicto gremial. Ayer las advertencias de que una bomba estaba por explotar llegaron a la Cámara de Casación del Trabajo, las dependencias de la Corte Suprema, la sede de Administración y Finanzas de la Corte, en Sarmiento al 800, al Ente Nacional de Regulación del Gas, la Morgue judicial, y dos estaciones de subte: Mitre y Loria. En la Corte insistieron en la amenaza al secretario penal Esteban Canevari, quien está a cargo de la instrucción de la causa por la explosión en la embajada de Israel. En la Cámara laboral, una voz de mujer se comunicó con el juzgado 57, a cargo de María Inés Locatelli. “El Poder Judicial es corrupto, todos los jueces son corruptos, están arreglados con el Estado y el poder”, dijo en una exaltada diatriba. Una fuente de Tribunales admitió a este diario que se investigan por separado las amenazas que escuchan los empleados de los subtes porteños, regresando a la hipótesis según la cual las intimidaciones son síntoma de un conflicto gremial interno. La diferencia estaría basada en que es sólo en las estaciones de Metrovías donde se han encontrado tres imitaciones de bombas. Por otra parte, en la reunión que ayer se realizó en el despacho de Bagnasco con el presidente de Metrovías, Claudio Cirigliano; el secretario de Transporte, Armando Canosa; Toma y personal de la Federal, quedó al descubierto “cierta incomunicación entre la seguridad de la empresa y la policía”. “La empresa tiene su propia seguridad –las empresas Search y Prosegur, ex grupo Yabrán– y de hecho hay un manual que hasta hoy la Federal desconocía”, apuntó a Página/12, uno de los asistentes a la reunión. La teoría del “gracioso” o “inadaptado” que amenaza por propia iniciativa sigue siendo la preferida tanto del juez como del gobierno nacional. A nadie, ni siquiera en la Alianza, se le ocurre pensar en una expresión de descontento preeleccionario. No descartan la idea, pero la devalúan cada vez que pueden. Ayer, el vicejefe de Gobierno de la ciudad, Enrique Olivera, usó la expresión “terrorismo telefónico” en una radio porteña. El funcionario considera que en muchas ciudades del mundo se ha buscado “alterar la tranquilidad pública especialmente en períodos especiales, como podría ser el preelectoral”. Pero que en Buenos Aires no son más que “inadaptados sociales”. La categoría es usada por cada sector para desestimar la posible motivación política de las intimidaciones. Consultado sobre qué clima se busca lograr a través de una serie tan consecuente de amenazas, Toma le dijo a este diario que “lo que se busca es provocar una molestia más, aumentar el fastidio y la preocupación cuando en una ciudad como Buenos Aires ya tenemos bastante motivo para estar en estrés”. A su turno, el jefe de Gobierno, Fernando de la Rúa, reclamó que la “SIDE y la Policía Federal tienen que actuar con más eficacia para detectar de dónde vienen” los llamados. “Parecen bromas macabras, que no pasan de eso, pero preocupan y crean alarma”, fustigó el candidato a presidente.
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