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 Estados
Unidos hizo mucho ruido, pero por ahora las nueces son pocas. El gobierno norteamericano
desclasificó ayer formalmente 5800 documentos secretos sobre el golpe de Estado de 1973
de Augusto Pinochet contra el presidente Salvador Allende y sobre violaciones a los
derechos humanos cometidas en Chile entre 1973 y 1978, el período de mayor represión de
la dictadura. Pero la información desclasificada –que podría servir para aclarar
algunos aspectos de la participación norteamericana en la dictadura chilena– es
restringida y no incluye documentos clave como el del asesinato del ex canciller chileno
Orlando Letelier en Washington.“Estos documentos resultan de una revisión voluntaria de los archivos del gobierno de Estados Unidos relacionados con violaciones de los derechos humanos, terrorismo y otros actos de violencia política cometidos antes y durante la era Pinochet”, anunció ayer el portavoz del Departamento de Estado norteamericano James Foley. Esta primera entrega del material publicado en Internet está compuesta por 25.000 páginas de datos que abarcan los años entre 1973 y 1978. En una segunda etapa se prevé la publicación de documentos sobre los períodos entre 1968-1973 y 1979-1991. En la desclasificación intervinieron seis agencias gubernamentales norteamericanas. De los 5800 documentos publicados, 5000 provienen del Departamento de Estado, 490 de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), 60 del Pentágono, 100 de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y 200 de los Archivos Nacionales. Pero aunque la cifra resulta imponente, su contenido parece no serlo. Peter Kornbluh, jefe del Proyecto Chile del Archivo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, calificó a los documentos publicados como “la parte fácil” y aseguró que el material más explosivo será divulgado recién dentro de unos meses en un intento por minimizar su impacto. “La CIA es la que más tiene para mostrar pero también la que tiene para ocultar”, advirtió Kornbluh al referirse a la escasa información desclasificada por la CIA. “La documentación hecha pública hoy es tan extensa que no es posible formular evaluaciones o reacciones inmediatas en cuanto a su contenido”, comentó el embajador de Chile en Estados Unidos, Genaro Arriagada. Según el diplomático chileno, la desclasificación “tiene algunas restricciones que obedecen a consideraciones de seguridad nacional de Estados Unidos, de protección de sus agentes y de respeto a la privacidad de las personas”. James Foley admitió que un número limitado de documentos no ha sido publicado, incluyendo los relacionados con el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier en Washington en 1976 a manos de la policía secreta chilena DINA. El motivo, según fuentes jurídicas y diplomáticas en Washington, es que desde la detención de Pinochet en Londres, el 16 de octubre pasado, el Departamento de Justicia estadounidense considera la posibilidad de una reapertura del caso Letelier, para el que estaría reservando esa información. “También se quitó información de algunos documentos para evitar serios daños a las actuales actividades diplomáticas de Estados Unidos”, agregó Foley. El embajador de Estados Unidos en Chile, John O’Leary, entregó ayer a la directora de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile, Marta Cruz Coke, una copia de los documentos originales. “Estados Unidos ha querido desclasificar estos documentos demostrando un gesto de transparencia respecto a los hechos del pasado –afirmó el representante norteamericano-. Los documentos hablan por sí mismos.” O’Leary aseguró que la decisión fue tomada por el presidente Bill Clinton pero descartó que tuviese alguna relación con la detención de Pinochet en Londres. Sin embargo, la publicación del material hasta ahora secreto podría ayudar a la investigación del juez español Baltasar Garzón sin involucrar directamente a Estados Unidos en una disputa diplomática con Chile. “Los documentos fueron dados a conocer al público. Cualquiera de ellos puedeentrar a Internet y enviárselos por e-mail al juez Garzón”, ironizó Kornbluh. Los principales organismos defensores de derechos humanos manifestaron su esperanza de que los documentos ayuden a procesar a Pinochet en España por presuntas torturas y asesinatos, aunque no permitan su extradición a ese país porque la Justicia británica decidió que el ex dictador sólo podrá ser procesado por hechos cometidos después de 1988. “Los documentos demuestran que Estados Unidos estaba perfectamente informado de lo que ocurrió a partir del golpe de Estado en relación a las violaciones masivas de derechos humanos –aseguró José Miguel Vivanco, de la organización Human Rights Watch–. Esperamos que puedan arrojar una nueva luz sobre la participación del general Pinochet en ellas.”
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