The Guardian de Gran Bretaña
Por Jonathan Steele Desde Pristina Con el miedo a la anarquía en
plena escalada a medida que los refugiados se vuelcan en regreso masivo a Kosovo, el
gobernador de las Naciones Unidas en Pristina tomó juramento a un puñado de jueces y
fiscales ayer en un intento de llenar el vacío creado en materia de instituciones
responsables de hacer cumplir la ley. Junto a los saqueos e incendios de casas abandonadas
de los serbios y los gitanos, que las tropas internacionales de mantenimiento de la paz
parecen impotentes para detener, se han registrado tiroteos esporádicos y robos de
viviendas u automóviles. Antes de la intervención de la OTAN, las agencias encargadas de
hacer cumplir la ley desde el Ejército hasta las fuerzas de policía municipal y de
tráfico eran totalmente serbias aparte de unos pocos gitanos. Ahora, han cesado de
funcionar.
Por el momento, las tropas de la KFOR (Fuerza de Paz para Kosovo) están actuando como una
suerte de policía sustituta. Los primeros 10 policías civiles de la ONU llegaron esta
semana. Aunque los pueblos de Kosovo se encuentran relativamente vacíos, sus ciudades han
empezado a revivir más rápidamente de lo que se había esperado, con la reapertura de
comercios y cafés. Los taxis están cobrando tarifas exorbitantes para la explotar la
falta de servicios de transportes colectivos. Más de la mitad de los refugiados han
vuelto sin esperar al programa de repatriación de la ONU. La Acnur, agencia de la ONU
para refugiados, anunció ayer que 477.000 albaneses han regresado en las últimas dos
semanas. Al mismo tiempo, los serbios están abandonando en masa el territorio. La ONU y
la KFOR están intentando alentar la permanencia de los profesionales serbios, insistiendo
en la reapertura de los servicios sobre una base de integración étnica. Los funcionarios
judiciales juramentados ayer por Sergio Vieira de Mello, el gobernador de la ONU, incluyen
albaneses, serbios y un turco.
Pero se trata de una batalla cuesta arriba, dados los temores serbios y la impaciencia
albanesa por recuperar los puestos que alguna vez detentaron. Cuando el presidente
Slobodan Milosevic abolió la autonomía de Kosovo una década atrás y puso a la
provincia bajo gobierno directo de Belgrado, virtualmente todos los albanokosovares fueron
despedidos del sector público. Ahora, esos mismos albaneses contemplan su liberación del
control serbio como la posibilidad de recuperar sus posiciones.
Cuando organizamos una reunión para los albaneses con los gerentes serbios en la
estación de televisión estatal local el otro día, perdimos el control, dijo ayer
Susan Manuel, una portavoz de De Mello. Vinieron demasiados albaneses y hubo muchos
gritos y el equipo serbio abandonó la estación de televisión. Muchos se fueron de
Kosovo ese mismo día. El gobierno provisional conducido por el Ejército de
Liberación de Kosovo pidió dirigir la estación, pero De Mello se negó. La ONU también
llevó a cabo una reunión de re-integración en el principal hospital de
Pristina. Aunque médicos serbios siguen trabajando allí, el esfuerzo fue sólo en parte
exitoso. Los médicos albaneses dirigen una especie de sistema paralelo.
Los oficiales británicos de la KFOR, que son responsables de Kosovo central, están
tratando de reintegrar dos enormes plantas de energía en las afueras de Pristina que
abastecían de electricidad a Macedonia y a Grecia así como a partes de Serbia. Ninguna
de las dos ha estado trabajando durante varios días después que algunos ingenieros
serbios se fueron de Kosovo, y la KFOR trató de reemplazarlos con albaneses.
ALERTA TRAS LA CONDENA A MUERTE A OCALAN
Turquía se prepara para lo peor
Tras
conocerse la decisión del tribunal de condenar a la pena de muerte al líder del Partido
de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), Abdalá Ocalan, las autoridades turcas han
reforzado las medidas de seguridad en las principales ciudades y el sudeste del país en
previsión de posibles manifestaciones violentas. Mientras tanto, la reacción en
Alemania, donde viven importantes minorías turcas y kurdas, fue el estallido de bombas
incendiarias kurdas contra instalaciones de la comunidad turca, sin que se registraran
víctimas.
Cuando todavía son recientes las escenas vandálicas protagonizadas en toda Europa por
los miles de kurdos que se manifestaron el pasado mes de febrero en contra de la
detención de Ocalan, la condena a la pena capital que pesa sobre el líder kurdo ha
empujado al gobierno turco a incrementar las medidas de seguridad por temor a eventuales
represalias terroristas.
Especialmente en las principales ciudades, Ankara y Estambul, y en el sudeste del país,
donde continúan los enfrentamientos esporádicos entre las fuerzas del ejército y los
activistas del PKK. Así, dos incidentes tuvieron lugar el mismo día en que el Tribunal
de Seguridad de Ankara decidía el destino del jefe kurdo. En Estambul, una joven de 17
años, que se encuentra en estado grave, se autoinmoló en señal de protesta, mientras
que en la provincia de Sirnak, al sudeste del país, jóvenes no identificados lanzaron
proyectiles incendiarios contra una comisaría de policía y se dieron después a la fuga.
Edificios gubernamentales, embajadas acreditadas en Ankara, grandes establecimientos
comerciales y lugares turísticos se encuentran en estado de alerta, ya que
son los objetivos más codiciados por las acciones terroristas. Así, tras anunciarse el
veredicto, EE.UU. decidió cerrar sus consulados de Adana y Estambul, que todavía ayer no
habían abierto sus puertas. Del mismo modo, el Ministerio de Interior ha enviado
circulares a todos los gobernadores de las provincias turcas y diversos cargos públicos
con precisas instrucciones de seguridad, mientras que el Ministerio de Justicia ha
reforzado la vigilancia en las cárceles donde se encuentran recluidos militantes del PKK,
quienes protagonizaron huelgas de hambre cuando Ocalan fue capturado en febrero.
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