| Por Eduardo Tagliaferro  Como en una partida de
ajedrez, lentamente la causa por la venta ilegal de armas va poniendo en jaque a cada vez
más funcionarios del gobierno de Carlos Menem. Ayer el juez federal Jorge Urso realizó
una movida que lo acercó a una pieza bastante protegida por el gobierno, el canciller
Guido Di Tella. Urso procesó al ex vicecanciller de Di Tella y actual embajador en las
Naciones Unidas, Fernando Petrella, al que acusó de encubrimiento por no haber entregado
a la Justicia un cable del ex embajador en Perú, Arturo Ossorio Arana, en el que
advertía de la existencia de informes provenientes de la “inteligencia peruana”
que alertaban sobre la salida de armas argentinas con rumbo hacia Ecuador.
En su dictamen, junto con el procesamiento de Petrella, Urso dictó un embargo por 20 mil
pesos a los bienes del actual embajador en la ONU. Fuentes judiciales aseguraban que tanto
la medida judicial, como el embargo dispuesto por el magistrado, serían apelados por el
abogado Carlos Daray, quien tiene a su cargo la defensa de Petrella y la del canciller
Guido Di Tella.
Además de Petrella, el cable de Ossorio Arana tenía entre sus destinatarios a Guido Di
Tella, a quien precisamente el fiscal federal Carlos Stornelli acusó de
“ocultamiento de pruebas”, la misma figura por la que ayer Urso dictaminó el
procesamiento del actual embajador en la ONU. Si el juez federal no pudo avanzar en la
situación procesal de Guido Di Tella, fue porque la mayoría oficialista en la Cámara de
Diputados rechazó el pedido de juicio político reclamado por el magistrado.
“Petrella es no sólo un funcionario que ha actuado correctamente, sino también un
caballero en todo punto de vista”, fue la solidaria declaración realizada ayer por
Di Tella, cuando fue interrogado al finalizar el debate en el Comité de Descolonización
de las Naciones Unidas. El canciller se negó a responder si a raíz del procesamiento de
Petrella, éste debería retornar a Buenos Aires; “es un tema entre el juez y los
abogados”, fue la escueta acotación de Di Tella.
“Estoy muy ocupado en la discusión del asunto Malvinas”, fue la única
respuesta realizada por Fernando Petrella, quien no quiso realizar ningún comentario
sobre la medida judicial, hasta que no se comunicara con sus abogados.
El ex ministro de Defensa, Oscar Camilión, mediante un escrito judicial presentado hace
unos meses atrás, le había reclamado a Urso que le preguntara al presidente Carlos Menem
si en una reunión realizada en la Quinta de Olivos el 18 de marzo de 1995 había resuelto
que el entonces procurador general de la Nación, el riojano Angel Agüero Iturbe,
recopilara toda la documentación que estuviera en poder de los funcionarios
gubernamentales para ser presentada a la Justicia.
–¿Usted cree que si Di Tella hubiera ocultado el cable de Ossorio Arana a la
Justicia, yo estaría procesado por omisión de denuncia? –preguntó Camilión a
Página/12.
–¡Seguro que no! –se contestó el ex ministro.
En la segunda declaración indagatoria presentada anteayer, frente al juez federal Jorge
Urso, Camilión complicó la situación procesal del jefe del Ejército, teniente general
Martín Balza, al insistir en que los militares que ocupaban cargos en la estructura de
Fabricaciones Militares cumplían con un destino militar, por lo que si bien eran
designados por el ministerio, lo eran a propuesta del Ejército. Camilión también
señaló que el convenio entre Fabricaciones Militares y el Ejército fue una iniciativa
de Balza, que él refrendó luego de que lo firmaran el subjefe del Ejército, Raúl
Gómez Sabaini y el empresario menemista, Luis Sarlenga. “No he leído las
declaraciones de Camilión”, fueron las evasivas e insistentes respuestas de Balza,
al arribar procedente de España. “Yo no lo firmé”, fue lo único que el jefe
del Ejército dijo sobre el convenio firmado por su fuerza con Fabricaciones Militares.
|
