| Por Laura Vales  Sonrió con disimulo,
conversó animadamente durante los recesos y se retiró del tribunal con un aire de
triunfo. Es que para Francisco Trovato ayer todas fueron buenas. En el juicio oral que se
le sigue por cohecho agravado dos testigos apuntalaron sus argumentos: el carpintero
Horacio Romero negó haber sido sorprendido por la Justicia desarmando el famoso placard,
y un pastor evangelista ratificó la versión del ex juez sobre cómo conoció a Antonio
Visciglia, el empresario acusado de pagar el mueble. El carpintero había sido contratado
por Trovato para trabajar en su departamento de Quintana 59; el pastor, Ricardo Do Campo,
es un viejo amigo suyo.
–Yo fui quien presentó a Trovato y Visciglia en una reunión evangélica realizada
en Olivos –aseguró el testigo–. Ocurrió en el invierno del ‘95, entre
fines de mayo y principios de junio.
El dato es considerado central por los defensores del ex magistrado, quien está acusado
de haber recibido el vestidor de 19 mil dólares de manos de Almagro Construcciones. Se
sospecha que a cambio, la empresa fue beneficiada en la causa judicial sobre la muerte de
Lourdes Manzanares, una nena que cayó por el hueco del ascensor de uno de sus edificios.
El elevador donde ocurrió la tragedia fue clausurado. El 19 de mayo de 1995, haciendo
lugar a un pedido de la empresa, Trovato levantó la clausura. Los investigadores
acreditaron que veinte días más tarde, el 9 de junio, Almagro Construcciones pagó la
madera para construir el mueble en cuestión. La compra fue autorizada por el
vicepresidente de la firma, Antonio Visciglia, pero ayer el pastor dio a entender que en
esa fecha el empresario y Trovato ni siquiera se conocían. “Ahora es Visciglia quien
debe explicar para qué era la madera”, repitieron los allegados al ex juez. El
evangelista Do Campo es un abogado vinculado con Trovato desde hace cerca de treinta
años.
–Nos conocimos en épocas de estudiantes, en la Facultad de Derecho –dijo ayer,
y agregó–: el doctor era bastante conocido en la facultad.
El comentario despertó un murmullo de risitas ahogadas entre el público. Más tarde, el
defensor Carlos Wiater se preocupó por poner en claro la buena fe de su testigo.
–Según tengo entendido, usted ha sido pastor –comenzó.
–En esa época lo fui. Soy vicepresidente de la Federación de Iglesias Evangélicas.
–¿El cargo de pastor es similar al de un sacerdote o un rabino?
–Sí, claro.
–¿Hacen también un culto de los diez mandamientos?
–Por supuesto.
–Uno de ellos, según recuerdo, prohíbe mentir ...
–Así es. Cualquier pastor debe respetar cada uno de los diez mandamientos.
La segunda persona en declarar en favor de Trovato fue Daniel Horacio Romero, un
carpintero que se encontraba trabajando en el placard cuando el departamento fue allanado.
Ese día la jueza Silvia Ramond encontró que el mueble había sido desmontado. Trovato
explicó entonces que, como había sido amenazado, había decidido mudarse y estaba
sacando las cosas del vestidor. Ayer, el carpintero dio una versión diferente aunque no
contradictoria: sostuvo que en realidad estaba armando el placard.
–Tuve que arreglar una puerta y una cajonera, y para eso primero debí sacar algunas
partes –afirmó Romero. El presidente del tribunal ordenó que le mostraran las fotos
del mueble desmontado. Después repreguntó:
–¿Para poder arreglarlo tuvo que hacer todo ese trabajo?
–Sí. Cuando llegó el allanamiento había empezado a rearmarlo.
–Que conste en actas, por favor –pidieron de inmediato los abogados de Trovato.
INCREMENTO EN EPOCA PREELECTORAL
Amenazas multiplicadas
Primero
los blancos predilectos fueron las estaciones de subte. Después, la Corte Suprema y otras
dependencias judiciales. La ola de amenazas de bomba empezó el miércoles de la semana
pasada y no paró. Ayer se sumaron seis nuevas intimidaciones que incluyeron como
objetivos al Teatro Cervantes, donde se celebró el 25º aniversario de la muerte de Juan
Domingo Perón, y la Embajada de Israel. El juez Adolfo Bagnasco volvió a desestimar la
hipótesis de que las amenazas tengan motivaciones políticas. Con todo, una
investigación realizada por el Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría (CEUNM)
revela que “en cuatro de las últimas ocho elecciones nacionales se registró un
incremento en la cantidad de amenazas intimidatorias en los dos meses previos al
comicio”.
Los tribunales de Lomas de Zamora fueron evacuados ayer después de que una voz anónima
en el teléfono advirtiera que había un artefacto explosivo en el edificio. La escena se
reprodujo también en la sede céntrica de la Secretaría de Industria y en las oficinas
de Rentas del Gobierno de la Ciudad, en Viamonte y Suipacha. Otra advertencia de bomba
afectó al Teatro Cervantes, donde estaba programada la realización de un acto por el
25º aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón con la presencia de Carlos Menem. Una
quinta amenaza afectó a la Embajada de Israel. Por último, la empresa de transportes
Atlántida recibió la advertencia de que en un colectivo de la línea 57 había una
bomba. Hasta ayer a la tarde la policía reportaba que todas habían sido falsas alarmas.
El juez Adolfo Bagnasco, que tuvo que intervenir en varios de los casos, dijo en
declaraciones radiales que, de acuerdo a lo investigado hasta el momento, “no se
desprende” que detrás de las amenazas haya razones políticas. Aclaró que el único
denominador común que se pudo determinar entre las amenazas hasta el momento es “la
improvisación”. Las hipótesis que guían la pesquisa, aclaró, son variadas.
“Hay que estar atentos y precavidos con lo que está pasando”, advirtió
Bagnasco. En el Gobierno también desligaron los episodios de los comicios de octubre y
consideraron que los autores de los avisos de bomba son “inadaptados” o
“bromistas”.
Un trabajo de investigación del CEUNM, la consultora que comanda Rosendo Fraga, vincula
las amenazas con los períodos electorales. Los resultados del estudio muestran que en los
bimestres previos a cuatro de las últimas ocho elecciones aumentaron considerablemente
las amenazas intimidatorias. En los comicios de 1985 hubieron 38 actos de violencia
intimidatoria; en los de 1987 las amenazas fueron 28; en 1991 se contabilizaron 19 casos;
y en 1993 se alcanzó el récord de 49 amenazas. En 1989 no se registraron hechos de este
tipo y en 1995 y 1997 la cantidad no fue significativa.
Algunas conclusiones del relevamiento indican que “del total de 45 hechos que se
registraron en el bimestre previo a estas ocho elecciones, el 27 por ciento (39) fueron
bombas que estallaron, el 6 por ciento (9) bombas que fueron desactivadas y el 67 por
ciento (97) fueron amenazas telefónicas de bomba”.
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