Página/12

LOS INFORMES NORTEAMERICANOS REVELAN PARTE DE LA OPERACION CONDOR
Lo que EE.UU. sabía (y calló) sobre Chile

Los documentos divulgados por Estados Unidos sobre las violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar chileno muestran el conocimiento que tenía Washington de las actividades de la DINA y de la Operación Cóndor. No hay información sobre su colaboración en estos hechos.
El bombardeo al palacio presidencial La Moneda, símbolo del golpe militar liderado por Pinochet. Los documentos norteamericanos se refieren al período más duro de la represión (1973-1978).

Los 5800 documentos secretos desclasificados anteayer por las agencias gubernamentales norteamericanas suman 20.000 hojas. Todas ellas abundan en detalles sobre el período más brutal de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1978), pero a nivel del conocimiento –y no de la eventual colaboración– que tenía el Pentágono y la Casa Blanca de las violaciones a los derechos humanos. Además, ninguno de los datos suministrados puede por el momento engrosar la lista de pruebas acusatorias contra el ex dictador en la causa que el juez español Baltasar Garzón sigue contra Pinochet en Madrid, y que mantiene al ex dictador en Londres a la espera de una definición en su proceso de extradición. El gobierno chileno, que busca actualmente traer a Pinochet a Santiago por “razones humanitarias”, se sumó a los elogios que despertó la noticia en Chile, mientras la derecha calificaba de “oportunista” la actitud del gobierno de Estados Unidos. Casi como si fuera una ironía, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, Sola Sierra, murió ayer de un paro cardíaco.
En la documentación dada a conocer en Washington hay material para conocer las actividades represivas de la policía secreta de Pinochet, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y de la llamada Operación Cóndor, el acuerdo de represión entre Pinochet y otros dictadores latinoamericanos para “asesinar terroristas o simpatizantes de organizaciones terroristas”. Ambas cuestiones pueden derivar en pruebas de la responsabilidad directa de Pinochet en la tortura y asesinato de los detenidos durante su régimen, pero no podrá formar parte de la causa que sigue Garzón en la Audiencia Nacional de Madrid: según el fallo de la Cámara de los Lores británica, el proceso de extradición y juicio de Pinochet en España sólo se puede referir a los casos de tortura ocurridos después de 1988 en los que pueda demostrarse la responsabilidad directa del ex dictador en los hechos mencionados. El otro aspecto que queda en evidencia es la activa promoción del golpe pinochetista por EE.UU., pero no surgen elementos de complicidad en sus actividades represivas posteriores.
Quizás por esa razón, el gobierno chileno no ha tenido problemas en celebrar la desclasificación de estos documentos. “Cualquier antecedente que se entregue para esclarecer los hechos que ocurrieron durante ese período es bueno para la estabilidad y la tranquilidad del país”, declaró Carlos Mladinic, el ministro secretario general de Gobierno. “Simplemente pensamos que el hecho de que haya sido entregado el material a los archivos de este país facilitará la labor a todos los investigadores para que tengan las fuentes necesarias para construir la historia y la verdad en este país”, agregó el funcionario.
Quienes están enojados son los representantes de la derecha chilena. “Estamos en presencia de una gigantesca operación de propaganda”, bramó el senador vitalicio Jorge Martínez Busch, ex jefe de la Armada durante la dictadura. Los representantes de la UDI (Unión Demócrata Independiente, el partido más “pinochetista” de la derecha chilena) expusieron tres argumentos para su enojo: el oportunismo político de Estados Unidos para desclasificar estos documentos justo cuando se decide el futuro de Pinochet en Londres, la violación a la soberanía de Chile que aparece en la colaboración norteamericana con Pinochet (lo mismo que expresaron cuando el ex dictador fue detenido el 16 de octubre), y la verdad a medias que representan informaciones donde las fuentes aparecen protegidas u ocultas.
Lo que se desprende de los documentos, por ahora, es sólo el conocimiento del gobierno norteamericano, más precisamente de la CIA, de las actividades represivas del régimen militar chileno y las de la Operación Cóndor. Uno de los informes de la CIA, fechado el 31 de enero de 1974, señala que durante ese mes el ejército capturó y asesinó a Bautistavon Schowen, uno de los líderes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). “Cuando se haga público, parecerá que Von Schowen fue capturado y después murió cuando trataba de escapar”, dice el escrito. Otro informe, de junio de 1974, revela la visita de funcionarios estadounidenses al centro de detención de Pisagua, cuyo comandante les explicó que se había fusilado a 27 personas.
En cuanto a la Operación Cóndor, un informe de la Agencia de Información de la Defensa norteamericana, del 1º de octubre de 1976, señala que el plan fue “establecido recientemente” entre los gobiernos de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil y Bolivia. El documento cita casos de “operaciones conjuntas” como el de setiembre de ese año, cuando en Argentina fue desactivado un grupo extremista uruguayo denominado OPR-33.

Muerte de una luchadora

Anteayer, durante la ceremonia de entrega de los documentos norteamericanos sobre la represión militar chilena, estaban los principales personajes que habían reclamado justicia durante 25 años. Menos uno: Sola Sierra, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Estaba en el Hospital Posta Central de Santiago, esperando ser operada de una hernia de columna. Ayer, Sola Sierra murió a raíz de un paro cardiorrespiratorio mientras era intervenida. Luego de 20 años de lucha para conocer el paradero de su esposo, Waldo Pizarro, y el de los 3000 desaparecidos reconocidos oficialmente en Chile, Sierra había colaborado abiertamente con el juez español Baltasar Garzón luego de la detención de Augusto Pinochet, ocurrida el 16 de octubre pasado en Londres.

POR ASESINATOS COMETIDOS EN 1973 Y 1984
Francia relanza dos causas

Página/12 en Francia
Por Eduardo Febbro Desde París

La Justicia francesa volvió a encausar ayer dos procedimientos contra el dictador chileno Augusto Pinochet, que habían quedado fuera del paquete de las cinco querellas presentadas en Francia a finales de 1998 y a principios de este año. La Corte de Apelaciones de París dispuso en un nuevo fallo que se reabriera el proceso por “crímenes contra la humanidad” que implica a Pinochet en el asesinato en Chile de dos ciudadanos franceses, Henri Ropert, asesinado en 1973, y el padre André Jarlan, ultimado de un balazo en su casa del barrio La Victoria en el año 1984.
La Cámara anuló así dos de los cinco dictámenes emitidos en diciembre de 1998 y enero de 1999 mediante los cuales el juez parisino Roger Le Loire había rechazado la instrucción de estos dos casos. Le Loire juzgó en ese entonces que ambos crímenes no podían incluirse en la definición de “crímenes contra la humanidad” y que, en consecuencia, los hechos estaban prescriptos. Sin embargo, los abogados dieron vuelta la madeja enviando los legajos a otro juez, Hervé Stéphan, en quien recayó la responsabilidad de instruir la causa y determinar si se trata o no de crímenes contra la humanidad y si los hechos están o no cubiertos por la prescripción. Los abogados franceses y las familias de las víctimas consideran que los dos asesinatos no están prescriptos y que, por lo tanto, caen bajo la denominación de crímenes contra la humanidad. La abogada de los familiares, Sophie Thonon, explicó que la Justicia francesa sólo considera como crímenes contra la humanidad “los cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Por esa razón, ambos legajos habían sido rechazados en un principio”.
La causa, ahora, cambia de rumbo. Hasta el momento, la Justicia francesa había dado curso a los procesos por “secuestro acompañado de torturas”. Los expedientes calificados con esos cargos sirvieron de base para el pedido de arresto de Pinochet y la consiguiente extradición solicitada por Francia a Gran Bretaña en noviembre de 1998. Los medios judiciales y los abogados estimaban ayer que era aún muy pronto para pronunciarse sobre las consecuencias de la decisión de la Corte de Apelaciones de París, sobre todo para afirmar si se puede contemplar un nuevo pedido de extradición u otra demanda de arresto apoyada ahora en el cargo de crímenes contra la humanidad. Con todo, el hecho de que se haya designado a un juez para reexaminar los expedientes implica un cambio fundamental en la óptica de los procesos, tanto más importante cuanto que la carátula de crímenes de lesa humanidad tiene un carácter excepcional, por cuanto siempre se los liga casi exclusivamente a los crímenes de guerra. De una u otra forma, pese a las argucias que encuentren los abogados del dictador, la suerte de Pinochet corre en un apretado pasillo de acusaciones: “Si no es España, será Francia, pero Pinochet caerá”, comentaban ayer en París los familiares de las víctimas. Sophie Thonon calificó de “decisiva” la actitud de la Corte de Apelaciones. Por otra parte, la abogada pidió la apertura de los archivos de los servicios secretos franceses que, según la abogada, contienen importantes informaciones sobre el Plan Cóndor. Thonon reveló que en uno de esos documentos hay detalles acerca de una reunión cumbre sobre el Plan Cóndor celebrada en Buenos Aires.
En otro orden de cosas, un segundo general fue condenado ayer por la Justicia francesa. Se trata del panameño Manuel Antonio Noriega, sentenciado a 10 años de cárcel por lavado de dinero del narcotráfico y al pago de una multa de 14 millones de dólares.

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