El País
de Madrid
Por Ernesto Ekaizer
Enviado especial a Washington
 Los
documentos que ha aportado la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en el proceso de
“desclasificación discrecional” que impulsa Clinton sobre “abuso de
derechos humanos” en Chile, definen a Augusto Pinochet, tras las primeras semanas de
represión sangrienta, como el “líder” de los generales de la línea dura para
quienes “los extremistas o activistas marxistas deberían ser sumariamente
ejecutados, frente a los de la línea blanda, que creen en la necesidad de someterlos a
juicio, sentenciarlos y hacer el intento de reeducarlos”.
Miles de cables e informes atestiguan que Estados Unidos siguió minuto a minuto la
gestación del golpe militar y que obtuvo informes desde dentro de las fuerzas militares
sobre la brutal represión. La Dirección de Operaciones de la CIA presentó 490
documentos, número que todos los analistas y congresistas consideran aquí como una
aportación simbólica. Uno de ellos –con fecha del 29 de octubre de 1973, esto es,
veintiocho días después del golpe militar del 11 de setiembre de ese mismo año–
traza una radiografía de la situación dentro del ejército chileno, después de
examinar, en otros informes, la dureza de la represión y asesinatos.
 “Hay dos corrientes en el ejército en relación a cómo tratar a los
extremistas, los de la línea dura creen que los extremistas o activistas marxistas deben
ser ejecutados sumariamente, mientras que los de la línea blanda estiman que deberían
ser juzgados, sentenciados y que debería hacerse un intento de reeducarlos”, dice el
informe. “Los generales de la línea dura están liderados por Augusto Pinochet,
presidente de la junta, y Sergio Arellano, comandante de tropa del ejército. Los de la
línea blanda incluyen al general Oscar Bonilla, ministro del Interior; a Joaquín Lagos,
comandante de la Primera División del Ejército, en Antofagasta; Héctor Bravo,
comandante de la División del Ejército de Caballería y Washington Carrasco, comandante
de la Tercera División del Ejército, en Concepción”, añade.
Los agentes de la CIA señalan que aunque el general Carrasco apoyó el golpe militar
“se ha negado a ejecutar extremistas. Lagos ha actuado de manera similar. A raíz de
esta actitud, el general Arellano se reunió con los dos generales y les advirtió que
tomaran seriamente la campaña antisubversiva”. El cable dice que el general Sergio
Nuno, presidente de la Corporación para el Desarrollo Chileno (Corfo), se define como
miembro de la línea blanda. “Nuno sitúa al general Bonilla en la misma categoría e
identificó a Pinochet y al jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh, miembros de la junta,
como impulsores de la línea dura.”
Los agentes añaden: “Nuno ha dicho que no se opondría a la ejecución de personas
tales como Altamirano, que está en la lista de los diez políticos más buscados, pero
que sí lo haría si se trata de ejecutar sumariamente a obreros y dirigentes sindicales
en una fábrica. Nuno puso como ejemplo de estos excesos el caso de 11 trabajadores y un
dirigente sindical de una fábrica de explosivos de Antofagasta que fueron ejecutados tras
serles encontrados un plano de la fábrica junto con algunos explosivos y documentos que
los vinculaban con grupos extremistas”. Nuno, según el informe, mantiene que llevó
el caso al Consejo de Ministros como “ejemplo de represión innecesaria”. Y
añade: “Nuno dijo que mientras su posición fue apoyada por Bonilla, los generales
Pinochet y Leigh se pronunciaron a favor de este tipo de acciones duras”.
Otros documentos de la citada Dirección de Operaciones de la CIA se refieren a la
obsesiva búsqueda, dentro y fuera de Chile del dirigente socialista Carlos Altamirano y
de la irritación de Pinochet con eldirigente democristiano Bernardo Leighton. Contra el
primero se organizó un intento de homicidio en Madrid, en noviembre de 1975; el segundo
fue objeto de un atentado a tiros en Roma.
Varios materiales hacen referencia a la Operación Cóndor, el acuerdo de coordinación
entre Pinochet y las dictaduras de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Uno de ellos,
del 12 de agosto de 1976, advierte que si bien Brasil “ha adherido al acuerdo
original de cooperar e intercambiar información sobre el terrorismo y la subversión, no
ha acordado todavía participar en las acciones de la Operación Cóndor en Europa. Los
miembros de Cóndor que operarán en Europa son Chile, Argentina y Uruguay. Estos países
no han suspendido sus planes de actuar en Europa y de impartir un curso en Buenos Aires
para aquellos oficiales que operarán en Europa”.
La cifra oficial de muertos y desaparecidos en Chile asciende a 4000 personas. Los
informes despachados por la CIA dan cuenta de que en mayo de 1974 había un total de
12.206 “prisioneros de todo tipo”, de los cuales 6143 permanecían detenidos en
campos, 2292 bajo arresto domiciliario, 1291 detenidos en prisiones y 2480 arrestados en
bases de las fuerzas armadas. En los informes aparecen víctimas de diferentes
nacionalidades, entre ellas española. Mientras tanto, los informes desmienten la
existencia del supuesto “Plan Zeta” para que la ultraizquierda tomara el poder,
en que algunos militares justificaron el golpe.
WASHINGTON PIDE INFORMES
Garzón suma casos
El
proceso contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet continúa ampliándose. El juez
español Baltasar Garzón agregó 22 nuevos casos a la querella contra el ex dictador, que
ahora suman 130. La ampliación no tendrá efecto sobre el juicio que se realizaría
contra Pinochet luego de su extradición, sin embargo, puesto que la Cámara de los Lores
británica sólo permitió la extradición para los casos sucedidos después de septiembre
de 1988. Pero desde Estados Unidos, el Departamento de Justicia pidió a España pruebas
sobre el asesinato de Orlando Letelier, aparentemente para estudiar la posibilidad de
iniciar un juicio contra Pinochet por una corte legal norteamericana.
Los nuevos casos que agregó Garzón tienen el objetivo de probar la existencia en Chile
de “un plan criminal permanente desde 1973 hasta 1990 que en todo momento estuvo
controlado por Pinochet”. En el auto que presento Garzón a la Audiencia Nacional
española se afirma que en los 22 casos, los relatos ofrecen “suficientes elementos
que relacionan a Pinochet y otros imputados con su ejecución”. Sin embargo, el
escrito reconoció que “no es competencia de la jurisdicción española el
conocimiento de los hechos recogidos en la presente ampliación, ya que se cometieron en
Chile, por chilenos y contra chilenos”.
Asimismo, en un hipotético juicio contra Pinochet en España, los nuevos casos no
podrían ser incluidos. El fallo del 24 de marzo de la Cámara de los Lores británica
sólo aprobaba la extradición de Pinochet para los crímenes cometidos después de
septiembre de 1988, mientras que los 22 casos, junto con la mayor parte del total de 130
que ahora integran la causa, fueron cometidos antes de esa fecha. Garzón justificó la
ampliación afirmando que los nuevos casos forman parte del “período que se estudia
en la causa”.
Al ex dictador también se le comienza a abrir un nuevo frente en Estados Unidos, que
estaría preparándose para iniciar un proceso contra él. Según fuentes cercanas al
caso, el Departamento de Justicia pidió al gobierno español que entregue toda la
evidencia que posee sobre el asesinato en 1976 de Orlando Letelier y su secretaria
norteamericana Ronni Moffit. En 1998, los familiares de Letelier habían pedido al
presidente Bill Clinton que Estados Unidos abriera una causa contra el dictador por dicho
crimen, y funcionarios norteamericanos realizaron en ese mismo año un viaje a España
para discutir sobre un posible intercambio de información sobre el caso.
Esta iniciativa norteamericana explicaría además la conspicua ausencia entre los 5200
documentos secretos desclasificados esta semana de material concerniente al caso Letelier.
Según el portavoz del Departamento de Estado, James Foley, los documentos secretos están
siendo retenidos por el Departamento de Justicia, que continúa una investigación de 23
años sobre estos asesinatos. |
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