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Por Verónica Abdala  Para
algunos, es un sueño en vías de convertirse en realidad. Para otros, una jugada que no
cambia demasiado el estado actual de las cosas. Para todos, el final de una pelea que
enfrentó a grupos de la industria editorial durante años. El miércoles, la Cámara de
Senadores de la Nación aprobó por unanimidad la Ley de Fomento del Libro y la Lectura,
que establece que exime a todas las etapas de producción y comercialización de libros
del pago al Impuesto al Valor Agregado (IVA). Eso redundaría en un abaratamiento de los
costos de producción y, por ende, deberían incidir en el precio de los libros. La ley,
que para entrar en vigencia todavía debe ser aprobada por la Cámara de Diputados,
establece, entre otras cosas, que tampoco pagarán ningún tipo de gravámenes la
exportación y la importación de libros, y que se creará un Fondo Nacional de Fomento
del Libro y la Lectura destinado a estimular programas dirigidos a la difusión de
actividades culturales. El proyecto fue impulsado hace un lustro por los justicialistas
Mario “Pacho” O’Donnell –ex senador y ex secretario de Cultura del
gobierno de Carlos Menem– y Carlos de la Rosa, titular de la Comisión de Cultura del
Senado. Actualmente cuenta con el respaldo de la Cámara Argentina del Libro, la
Fundación El Libro, la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), la Cámara Argentina de
Publicaciones y la Federación Argentina de la Industria Gráfica (FAIGA).Los anteriores intentos de redacción de una ley del Libro habían chocado con una serie de obstáculos. Los industriales gráficos y algunas editoriales chicas se quejaban de que se eximiera del impuesto a los libros impresos en el exterior. Decían que tanto los materiales extranjeros, como los argentinos editados en otros países y luego reimportados, debían estar sujetos a gravámenes que beneficiaran la posición competitiva de la industria local. Las grandes cámaras empresarias, entre tanto, defendían la posibilidad de elegir libremente la forma de producción y comercialización. El director de la Biblioteca Nacional, Oscar Sbarra Mitre, sintetizó a Página/12 su postura frente al problema: “Estoy a favor de toda ley que fomente el ejercicio de la lectura, y que impulse la producción editorial tanto de las grandes como de las pequeñas editoriales. El hecho de que el Poder Legislativo haya votado unánimemente una ley de este tipo es un signo de evolución.” En relación con la cuestión de si los libros importados deberían o no ser afectados con algún tipo de gravamen, Sbarra Mitre afirmó que, para él, la peor solución de todas es ésa. “Estoy convencido de que, en todo caso, el problema de la competencia entre los libros producidos en el país y los que se producen afuera debe contemplarse, pero desde ningún punto de vista esa es la solución. En todo caso, habría que reducir los costos de producción en la Argentina”, dijo. La directora de Ferias de la Fundación El Libro –que todos los años organiza la Feria del Libro y la Feria del Libro Infantil–, Marta Díaz, y el ex presidente de la Cámara Argentina del Libro, Ricardo de Zabalía, mantuvieron posturas similares al respecto. Consultado por este diario, Zabalía puntualizó que “la parcial aprobación de esta ley es un hecho primordial, porque implica que la sociedad en su conjunto reconoce, a través de sus representantes, la necesidad de favorecer a la industria editorial local”. Para él, la media sanción “es el resultado del consenso de toda la gente de la cultura. A los únicos que puede perjudicar esta ley es a algún marginal deshonesto, porque toda limitación de la cultura es mala.” El crítico literario Noé Jitrik mantiene en cambio una posición crítica respecto de la ley. “A mí me parece que va a abaratar los costos de los libros nacionales, pero que mientras no se les cobre impuesto a los libros importados, la cosa no cambia. Esta es una solución aparente, más que una transformación profunda de la realidad editorial. Me parece que, además,el Estado se ve perjudicado, no en función del beneficio de todos sino en función del beneficio de los grandes industriales que pueden, por ejemplo, producir y editar afuera, lo que les sale más barato, e importar el material sin pagar impuestos.” Jitrik agregó que “a de la Rosa no lo conozco, pero a O’Donnell sí, y no me da ninguna confianza. Fundamentalmente, porque nunca se opuso a la propuesta cultural y económica de este gobierno.” En la misma línea, el presidente de la editorial Colihue, Aurelio Narvaja, dijo a Página/12 que, en su opinión, “es terrible que no se discrimine en favor de los libros argentinos”. Narvaja subrayó: “Es mejor que exista la ley a que no exista. Pero debe ser entendida como el torpe intento de un grupo de personas que intentan imitar las políticas del Primer Mundo y no les llegan ni a los talones. Países como Francia e Italia, por ejemplo, defienden su producción editorial. En Argentina, en cambio, esta ley favorecerá a las grandes editoriales que trabajan mucho afuera, que producen en el exterior y después importan los saldos. Yo preferiría que no saliera y se mejoraran estos aspectos antes de que fuera votada en Diputados, pero hay pocos que se atreven a decirlo. Prefieren que se vote de una buena vez porque creen que, si no, podría seguir demorándose. Las fallas obedecen más a la estupidez y a la ignorancia que a la mala intención”, dijo.
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