| Por Eduardo Tagliaferro  Cuando el próximo lunes 5 de
julio el agente de la SIDE Alberto Ricardo Dáttoli, acusado del homicidio de Sofía
Fijman, se siente frente a los miembros del Tribunal Oral número 29, estaremos frente a
una escena que, aunque lejana en el tiempo, es conocida. En la misma sala de audiencias
donde se realizará el juicio oral, fueron juzgados los comandantes de las Juntas
Militares, responsables del terrorismo de Estado llevado adelante por la última dictadura
militar. El juicio, que tiene a Dáttoli como único imputado, determinará si el portón
corredizo de la Escuela Nacional de Inteligencia de la SIDE que aplastó a la señora
Fijman se accionó por accidente. O si fue un hecho premeditado.
El “Nunca más” utilizado por el entonces fiscal Carlos Strassera en su alegato
contra los genocidas de la dictadura inevitablemente estará presente durante las cuatro
audiencias en las que Dáttoli será juzgado bajo el cargo de homicidio simple. La sala de
audiencias no será la única coincidencia. Al igual que los comandantes de la dictadura,
será un hombre que utilizó el poder de los organismos de seguridad el que deberá
responderle a los jueces.
Las cuatro audiencias del juicio oral se desarrollarán entre el 5 y el 8 de julio, y
será la primera vez que un agente en actividad y miembro del plantel básico de la
Secretaría de Inteligencia sea sometido a proceso. Claro que la frontera que separa a los
hechos delictivos de los legales es muy débil para quienes integran organismos de
inteligencia que se regulan por estatutos y leyes secretas, inaccesibles para los jueces.
Los antecedentes de “sérpicos” locales que figuraron entre los llamados
“inorgánicos” y fueron procesados por la justicia son tan abundantes como
numerosa es la participación de estos agentes en la represión ilegal: Eduardo Ruffo,
regente del centro clandestino Automotores Orletti; el coronel Pascual Guerrieri, en el
Quinta de Funes, y el coronel Rubén Visuara, son algunos de los impunes de ayer que la
administración de Hugo Anzorreguy recicló como un pesado lastre para la democracia.
El cargo de homicidio simple prevé una pena de entre 8 y 25 años, y si bien Dáttoli
puede alegar que la noche del 26 de febrero de 1998 no intentó matar a Sofía Fijman, es
muy probable que los miembros del tribunal oral lo responsabilicen de “dolo
eventual”. Es decir que no podía desconocer los efectos que generaría el portón
corredizo, en caso de ser accionado. El titular de la SIDE ya declaró por escrito y
tendrá que hacerlo otra vez en persona. Anteriormente lo hicieron el director de asuntos
jurídicos, el abogado José Domingo Allevato y el titular de la Escuela de Inteligencia y
jefe directo de Dáttoli, contraalmirante Alberto Varela. El jueves pasado declaró el
jefe del área de Contrainteligencia: Jorge Lucas Casado, quien lo hizo con reserva de
identidad, la cual quedó reducida a no exponer públicamente su rostro frente a la
audiencia del juicio oral, ya que su nombre real trascendió profusamente por todos los
medios. La SIDE había reclamado sin éxito el derecho de que todos los integrantes de la
central de inteligencia declararan con identidad reservada. Prerrogativa que sólo le fue
autorizada a Lucas Casado. En la primera audiencia se escuchará el testimonio del
imputado y de los testigos presentados por su defensa.
“Yo siempre fui un operativo”, fue la respuesta de Dáttoli cuando el fiscal
Pablo Lanusse le preguntó a qué se dedicaba en la SIDE. El agente imputado del asesinato
de Sofía Fijman ingresó a la central el 20 de agosto de 1975, cuando el ex ministro de
Bienestar Social y fundador de la Triple A, José López Rega, ya había abandonado la
Argentina y la estructura parapolicial estaba siendo asimilada por el aparato estatal, que
luego estaría al mando del general Otto Paladino. Marcelo Socolosky, hijo de la mujer
asesinada frente a la Escuela de Inteligencia, denunció a Dáttoli como un represor que
habría actuado en Orletti.
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