Por Luis Bruschtein Carlos Spadone compró La
Razón después del escándalo de la leche podrida. Si hubiera tenido un diario
dijo en ese momento no me pasaba esto. Con este primigenio concepto
editorial comenzó el último capítulo de una saga casi centenaria, que había comenzado
conservadora con los Peralta Ramos y cuya versión menemista culminó el 28 de junio
pasado con el anuncio de que no se venderá más en los kioscos. Si aquella frase fue
cierta, no fue un buen comienzo. Y empezar mal ha sido siempre el mejor pasaje para un mal
final.
La Razón había comenzado a regalarse en los trenes el 16 de marzo, aunque para
diferenciarla de la que se vendía en los kioscos se le había agregado un pequeño
subtítulo: La Razón (en el transporte). Ese mismo mes, dos vendedores de diarios de la
estación Retiro hicieron una presentación judicial. Argumentaron que la gente no
compraba la que se vendía en los kioscos porque la recibía gratis en los trenes. El 26
de junio, el juez laboral Miguel Angel Maza, dio lugar al planteo. El 28 la empresa
decidió terminar definitivamente con La Razón que se vendía en los kioscos.
La Razón parece un tren que llegó a su estación terminal más bien Retiro que
Constitución. A lo largo de ese viaje, el diario de la tarde atravesó zonas oscuras y
agitadas. Durante la segunda presidencia de Perón, una parte del paquete accionario
había pasado a manos del gobierno. Cuando se produjo el golpe militar del 55, fue
asesinado misteriosamente el abogado del diario, Marcos Satanowski, y esas acciones
desaparecieron.
Aunque los Peralta Ramos seguían figurando al frente del vespertino, fue inocultable, a
partir de allí, su estrecha relación y dependencia de las Fuerzas Armadas y en especial
el Ejército. Durante la última dictadura, la redacción se había mudado del tradicional
edificio de Avenida de Mayo a un moderno complejo de varios pisos en la calle General
Hornos con playa de estacionamiento y helipuerto propios. En el gobierno de Raúl
Alfonsín, el diario había entrado en una crisis casi terminal. La televisión se había
convertido en un competidor imbatible para los vespertinos y varios habían sucumbido.
Jacobo Timerman fue contratado como director y pasó a editarse en la mañana. Su esfuerzo
se centró en lograr un diario que expresara la posdictadura y realizó una abundante
cobertura de los juicios a los ex comandantes. Pero la infraestructura de La Razón había
crecido en la época de oro del diario y no podía solventarse con 60 mil ejemplares del
matutino. Los avisadores actuaban con la inercia de la dictadura y fueron reacios a
publicar en un diario que criticaba a los militares.
Pese a los esfuerzos, la crisis se profundizó, se fue Timerman y entró el grupo Pirillo,
que volvió a las ediciones de la tarde. La etapa Pirillo terminó en escándalo, con la
empresa tomada por los trabajadores y acusaciones de vaciamiento. Regresaron los Peralta
Ramos y, finalmente, la marca fue adquirida por Carlos Spadone. El empresario menemista
instaló la nueva redacción en Barracas. Con las paredes ennegrecidas, las ventanas
rotas, quedó en General Hornos abandonado lo que había sido el moderno complejo de La
Razón, con un helipuerto que prácticamente nunca se usó.
La trayectoria de Spadone hasta La Razón tampoco había sido un viaje de placer. De
origen peronista, los Spadone tuvieron que empezar desde abajo para remontar el quiebre
económico familiar que había sufrido el padre de Carlos. Lo consiguieron fabricando lana
de acero, pero los negocios más importantes los hicieron con el Estado. En los 70 se
vinculó a Carlos Spadone con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Lorenzo Miguel. Y en
esa época debutó en la gráfica, editando la revista Las Bases, que expresaba a la
ortodoxia peronista y que terminó controlada por el ministro de Bienestar Social José
López Rega. En todo caso, de esa época es el comienzo de su amistad con Carlos Menem.
Aquella relación de los 70 fructificó en los 90 durante el gobierno menemista. Spadone
ha sido asesor presidencial con rango de secretario de Estado, proveedor del Estado, socio
mayoritario de Bodegas Menem y futurovecino de Anillaco. Lo cierto es que cuando el
empresario habla del presidente, parece Maradona hablando de Guillote.
Las empresas de Spadone habían sido proveedores del Plan Alimentario Nacional durante el
gobierno radical. Y lo siguieron siendo del plan materno infantil durante el gobierno
menemista. Pero el Ministerio de Salud bonaerense detectó que una partida de leche
provista por Miguel Angel Vicco y Spadone, ambos funcionarios muy cercanos a Menem, estaba
en mal estado. Fue el fin de su carrera como funcionario.
Las historias de La Razón y de Spadone confluyeron en este último capítulo del casi
centenario vespertino. Para suavizar este escenario, se incorporó como presidente del
directorio de la editorial al ex secretario de Hacienda de la dictadura, Juan Alemann, un
economista neoliberal, nada peronista. En realidad, no hizo más que repetir la alianza
con el liberalismo que había hecho Menem en el gobierno. Y desde ese lugar fue más
difícil aún construir un espacio mediático genuino. Así, los últimos años del
vespertino fueron una larga despedida.
Repudio de ADEPA La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) condenó
enérgicamente la medida judicial que prohibió la distribución gratuita del diario
La Razón en el Transporte en los andenes de la estación Retiro del
Ferrocarril Mitre. La entidad consideró que se trata de un acto de censura que
ataca las bases de la libertad de prensa contenidas en nuestra Constitución
Nacional y abogó por su inmediata revocación. El pronunciamiento está referido a
la medida cautelar dispuesta por el juez Miguel Angel Maza, a cargo del Juzgado Nacional
Laboral Nº 62, a pedido de dos vendedores de diarios y revistas, por entender que la
distribución gratuita les acarrea un perjuicio económico. Los vendedores fundaron su
petición en la presunta inconstitucionalidad de la resolución Nro. 416 del Ministerio de
Economía, que dispuso la desregulación de la venta de diarios y revistas por aplicación
del decreto 2.284/91, ratificado por la ley 24.307. ADEPA sostuvo también que la
decisión judicial constituye un grave acto de censura, porque está obligando a los
medios de prensa a implementar contra su voluntad una política empresaria consistente en
fijar un precio de tapa a sus publicaciones. |
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