| Por Cledis Candelaresi  Argentina es el país de
América latina que destina más recursos por habitante a gasto social. Sin embargo, es
imposible reconocer ese esfuerzo fiscal en las deterioradas prestaciones de Seguridad
Social, Salud y Educación, rubros a los que el gobierno de Carlos Menem prometió darles
preeminencia. El BID, tanto como Marcos Makón, ex subsecretario de Presupuesto de Domingo
Cavallo y Roque Fernández, coinciden en la misma inquietante explicación de esta
paradoja: muchos fondos no llegan a sus destinatarios por deficiencias administrativas y
corrupción.
El plan de erradicación de escuelas rancho podría ser uno de los pocos ejemplos de lo
opuesto. En este caso, 40 millones de pesos resultaron suficientes para sustituir en todo
el país las construcciones de adobe por otras de material. Según Makón, ahora titular
de la Asociación Argentina de Presupuesto Público, la clave de ese aprovechamiento es
que se eliminó la intermediación, ya que la Nación giró directamente los fondos a las
cooperadoras encargadas de la reconstrucción. “De haber apelado al procedimiento
tradicional, habría alcanzado para mucho menos”, opinó ante Página/12 el ex
funcionario.
“En Argentina hay fondos suficientes para garantizar educación básica y servicios
de salud a toda la población que realmente lo necesita. Como en muchos países de
América latina, más que un problema de recursos es un problema de cómo éstos se
asignan: muchas veces no llegan adonde deberían llegar por la mala gestión, y también
por corrupción.” La sentencia corresponde a Carlos Molina, economista del Instituto
de Desarrollo Económico y Social del BID, y le fue escuchada durante un seminario sobre
gasto social que esa entidad dictó en Cartagena de Indias (Colombia) hace pocas semanas.
Esta entidad –al igual que el Banco Mundial o los economistas locales más
ortodoxos– suele utilizar aquel planteo para argumentar a favor del arancelamiento de
algunas prestaciones estatales, básicamente la educación universitaria. Pero la
percepción de que el dinero disponible para esas áreas se malgasta coincide plenamente
con lo que también sostienen otros especialistas en temas presupuestarios (ver nota
aparte), no partidarios de tarifar el ingreso a las universidades.
Unos y otros coinciden que si Argentina utilizara los fondos de Salud y Educación para
atender exclusivamente al tercio más pobre de la población, por ejemplo, podría
garantizarle cómodamente educación básica y una adecuada asistencia médica, sin
necesidad de aumentar un centavo los presupuestos de estas áreas.
Argentina es el país de América latina con mayor gasto social per cápita. Según el
relevamiento de la Cepal, consignado en los últimos documentos del BID sobre el tema, el
país lidera el ranking con un desembolso anual de 1570 dólares por habitante, seguido
por Uruguay y, más lejos, por Brasil.
Esta ubicación de privilegio se repite al medir la asignación de recursos por rubro.
Argentina gasta 334 dólares anuales per cápita para ofrecer educación gratuita a toda
la población, sin discriminación de estratos sociales. Sobre la base de que el 36 por
ciento de los argentinos está bajo la línea de pobreza, puede calcularse que si el
Estado empleara el dinero de que hoy dispone para atenderlos exclusivamente a ellos, aquel
valor por habitante se triplicaría.
Gustavo Cosse, director de Costos del Ministerio de Educación de la Nación, da algunas
pistas para hacer aquel cálculo. Para proveer educación básica –ocho primeros
años de estudio, incluyendo equipamiento–, el Estado gasta ahora 913 dólares
anuales por alumno. Esta cifra creció desde los 846 dólares promedio de 1994, al igual
que fue aumentando el gasto global en Educación. Según un reciente informe remitido por
la Jefatura de Gabinete al Congreso, Nación, provincias y municipios destinarán este
año a Educación casi 10 mil millones de pesos, presupuesto casi tan abultado como el de
Salud. Sin embargo, este creciente esfuerzo económico no consiguió evitar el constante
deterioro en la calidad de las prestaciones.
“Hay una muy mala asignación de recursos y baja productividad, y los resultados son
inferiores a los esperados, no sólo en relación a cuánto se gasta, sino por el nivel
educativo y sociocultural de la población, que demanda más y mejores servicios”,
comentó a Página/12 Ginés González García, ex subsecretario de Salud de Eduardo
Duhalde y presidente de la Fundación Salud, especializada en análisis de costos.
Los últimos informes del BID sobre el tema consignan que Argentina gasta 362 dólares
anuales per cápita en Salud, más de lo que destina a esa área cualquier otro país de
Latinoamérica (excluyendo a Cuba).
Un parámetro para juzgar si ese monto es alto o bajo puede ser el aporte al Plan Médico
Obligatorio de las obras sociales: sin medicamentos, llega a los 15 dólares por mes, lo
que equivale a 180 por año. El importe coincide exactamente con lo que la Fundación
Salud calcula como el gasto de quienes dependen de los servicios públicos y no cuentan
con ninguna obra social.
LO DENUNCIA MARCOS MAKON, PRESIDENTE DE ASAP
“Intermediación y burocracia”
Por C.C.
Los
magros haberes jubilatorios, las deterioradas escuelas públicas y los hospitales no
sostienen la idea de que el gasto social en la Argentina es alto, al menos en relación a
otros países de la región. Sin embargo, no sólo el BID sugiere que con los mismos
fondos podrían hacerse mejores cosas. Un análisis del presupuesto nacional realizado por
la Asociación Argentina de Presupuesto Público también pone de manifiesto que el 64 por
ciento de los recursos del país tienen aquel destino. Gran esfuerzo fiscal que pasa casi
inadvertido.
En un reciente estudio sobre la ley de Presupuesto de 1999, la Asociación
–organización no gubernamental que, entre otros organismos, integran las direcciones
de presupuesto provinciales– detalló la composición del gasto social. Excluyendo la
Seguridad Social, éste insumirá algo más de 10 mil millones de pesos este año,
equivalentes al 20 por ciento de la recaudación total de la Nación.
Pero el mismo estudio intenta demostrar que, por la forma en la que está estructurado
aquel gasto, es difícil redistribuirlo si no media una nueva reforma del Estado.
Marcos Makón, titular de esa entidad y ex subsecretario de Presupuesto de Domingo Cavallo
y Roque Fernández, también señala la otra cara de esta cuestión, no plasmada en el
informe escrito: “Muchos fondos se dilapidan, en gran medida, por la intermediación
y la burocracia administrativa”. Lo que el texto sí detalla son algunos de los
obstáculos que encuentran técnicos y políticos para buscar la eficiencia:
 Existen 127
programas sociales, muchos de ellos con finalidades comunes. Excluyendo los que administra
Trabajo, sólo una decena de ellos acaparan el 85 por ciento de los fondos.
Sólo es
posible reasignar automáticamente el dinero de programas costeados por el Tesoro Nacional
(876 millones de pesos), pero no es posible hacer lo mismo con los financiados por los
organismos internacionales (BID y Banco Mundial) o con recursos garantizados a través de
leyes específicas (6800 millones de pesos).
El 91 por
ciento de los 1263 millones de dólares de gasto en personal afectado a programas sociales
corresponde a los agentes de planta permanente de la administración, erogación muy
difícil de suprimir.
El grueso de
los recursos insumidos por los Servicios No Personales tienen por destino el pago de
profesionales técnicos y consultores. Presidencia de la Nación es la dependencia que
más gasta en estas contrataciones.
Presidencia
administra casi tantos fondos para servicios sociales como Educación: 2053 millones de la
Rosada, contra 2517 del Palacio Pizzurno.
El tema parece preocupar también a los empresarios. La última encuesta periódica del
Instituto Para el Desarrollo Empresarial Argentino (IDEA), realizada sobre 128 ejecutivos
de empresa, demuestra que una de las principales preocupaciones patronales es tanto la
magnitud del gasto público como su pobre eficiencia.
Ante la pregunta “¿En qué área pública debería el Estado invertir sus
impuestos?”, el 85 por ciento opinó que en “educación básica”, el 52
señaló “salud pública”, y el 35 por ciento restante reforzó este criterio,
señalando que el dinero debería destinarse a la “infraestructura en salud”.
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