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EE. UU. ante Pinochet Por Claudio Uriarte |
![]() Pero esto es sólo parte de la verdad. En rigor, la Administración Clinton pasó ocho semanas en un agrio debate interno sobre la conveniencia o no de hacer públicos los documentos, cuyas mismas tachaduras y omisiones son como la sombra de la tensión entre intereses contradictorios que se encuentra detrás de la desclasificación. En realidad, a Estados Unidos le habría convenido que Pinochet jamás hubiera sido detenido en Londres por orden del juez español Baltasar Garzón, y sus instintos como potencia militar dominante del mundo unipolar lo empujaron fuertemente en contra de lo que, con mayor o menor precisión, se ha dado en llamar "la globalización de la Justicia". Sin embargo, estas conveniencias y estas preferencias entraron asimismo en cortocircuito con el hecho de que los derechos humanos han quedado instalados como un elemento más o menos permanente de la política norteamericana desde 1976, con el inicio de la presidencia de Jimmy Carter. Esa política conoció un momento de distorsión durante la guerra sucia por interpósitos actores librada por los Estados Unidos de Reagan contra los sandinistas nicaragüenses y las guerrillas centroamericanas que simpatizaban con ellas en los '80, pero aún entonces se mantuvo un componente reformista que puso énfasis en medidas de reforma agraria y de relativa democratización política. Cuando el sandinismo perdió las elecciones nicaragüenses en 1990, la democratización de la región siguió de facto --aunque pocos puedan calificar los gobiernos de la región como modelos de su tipo-- y los derechos humanos recuperaron su espacio. Lo que no implica que EE.UU. y derechos humanos sean lo mismo, ni mucho menos. Pero sí que, frente al caso Pinochet, la Administración Clinton quedó encerrada en sus contradicciones, y eligió zafar del tema con una transacción temporaria: la desclasificación a medias de la semana pasada.
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