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Por Claudio Zlotnik  Con las
elecciones presidenciales cada vez más cerca, los diputados justicialistas pusieron a las
compañías de servicios públicos privatizadas en la mira. Convencidos de que las ex
estatales vienen teniendo ganancias extraordinarias, muy por encima a la rentabilidad
promedio de las empresas líderes, los legisladores quieren que sean las privatizadas las
que terminen financiando el aumento en las jubilaciones mínimas. Además, planean
obligarlas a pagar un tributo que sirva para compensar rebajas tarifarias que las
compañías debieron realizar pero que nunca se efectivizaron. Con los proyectos que ya
están listos para ser analizados en distintas comisiones, los legisladores calculan que
podrían recaudarse unos 800 millones de pesos en el próximo año. En tanto, otra
batería de iniciativas tendrá como objetivo fortalecer el control de los servicios
públicos.Por ahora, la arremetida de los diputados oficialistas contra las privatizadas está dividida en cuatro partes, aunque los propios legisladores admiten estar analizando otras iniciativas: * Eliminar la rebaja de aportes patronales a las empresas de servicios públicos. Los aproximadamente 300 millones de pesos anuales que se recauden se destinarán para financiar una parte del aumento de 50 pesos de las jubilaciones mínimas. El ministro de Trabajo, José Uriburu, a quien en el gabinete le rechazaron otras ideas para concretar el incremento de esos haberes, ya bendijo esa iniciativa. Ayer estuvo reunido con el titular de la bancada del PJ en Diputados, Humberto Roggero, durante la cual le dio su visto bueno. * Aplicar la cláusula de neutralidad tributaria prevista en los contratos de concesión de los servicios. Según este punto, las compañías están habilitadas a subir las tarifas cuando suben los impuestos. Pero están obligadas a bajarlas en caso de que disminuya la carga tributaria. Los diputados quieren cobrarles ahora a las concesionarias unos 500 millones de pesos que las empresas siguieron facturando a pesar de que hubo rebajas impositivas. En ese sentido, en la bancada del PJ no pierden de vista que las empresas dejaron de tributar aranceles por la importación de bienes de capital entre 1993 y 1996, así como dejaron de pagar por los impuestos a los sellos y a las transferencias de cheques. Pero esa menor carga no la reflejaron en rebaja de tarifas. * Ya está en marcha una iniciativa tendiente a dar mayor competencia al sector petrolero. Para los diputados, es necesario regular la actividad de las petroleras, en especial en lo referente a la relación que éstas tienen con los dueños de las estaciones de servicio. Si bien el proyecto aún no está redactado, la idea es legislar para que los contratos entre las petroleras y los estacioneros sea "más simétrica". * Convertir en ley el "Marco Regulatorio General de las empresas públicas privatizadas". Esta norma, una versión light de la que creaba un superente de control de los servicios públicos manejado por el Parlamento, y que tuvo un fuerte rechazo del Gobierno, intentará dar respuesta a lo que los diputados consideran como "pobre" labor de los entes reguladores de control. En principio, la supervisión de los entes quedará en manos de una comisión bicameral. El marco regulatorio reglamentará el artículo 42 de la Constitución, por el cual quedarán definidos los derechos y obligaciones de los organismos de control, el rol del Congreso frente a los entes ya sea a través de la designación de sus directores y de la conformación de la comisión de usuarios y la reglamentación de las audiencias públicas, entre otros puntos. Hasta ahora, sólo dos entes se encuentran regidos por leyes del Congreso: el Enre (eléctrico) y el Enargas. Los demás (aeropuertos, peajes, comunicaciones, por ejemplo) se atienen a lo dictado por diversos decretos y resoluciones del Ejecutivo. La idea de lanzar una ofensiva contra las privatizadas ya llegó a los oídos de Carlos Menem. Tal como lo comentó Página/12 el viernes pasado, Roggero se lo hizo saber en Olivos no bien finalizó la reunión de gabinete. Y le adelantó la inminente conformación de una "Comisión Especial de Investigación de las Ganancias Extraordinarias de las Empresas Privatizadas", que sería presidida por Mario Cafiero. Al respecto, el jefe de Estado prefirió no emitir opinión. En su monólogo ante Menem, el diputado sacó a relucir que las privatizadas ganaron 8130 millones de pesos más que el grupo de 200 empresas líderes del país desde 1991 hasta 1997. Y, basado en un informe elaborado por Flacso, le informó que mientras en las privatizadas la relación utilidades sobre ventas trepa al 12,1 por ciento, para el resto de las compañías más importantes del país es de apenas el 0,8 por ciento. Pero no es todo. Un dato revelador de la extraordinaria rentabilidad que obtienen las concesionarias se observa en que en ese período sólo concentraron el 38,8 por ciento del total de las ventas. En ese lapso, Telefónica y Telecom recuperaron casi cinco veces lo invertido en la compra de Entel. En medio de la campaña electoral, en el Congreso apuran controvertidos proyectos que derivarán en intensas negociaciones con las privatizadas. Los legisladores del PJ toman como ejemplo la norma impulsada en Gran Bretaña, cuando los conservadores fueron desalojados del poder y el laborista Tony Blair aplicó un impuesto extraordinario a las suculentas ganancias de las privatizadas. Si bien hasta el momento no pasó de los papeles, en el PJ van en busca de algo parecido: transferir al conjunto de la sociedad parte de los importantes beneficios obtenidos por las ex empresas estatales.
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