El País
de Madrid
Por Ernesto Ekaizer
Desde Washington
 La familia
de Orlando Letelier se dirigirá esta misma semana al Departamento de Justicia de Estados
Unidos para solicitar que una copia de los documentos desclasificados, pero mantenidos en
reserva, sobre el atentado que acabó en Washington con la vida de Orlando Letelier, ex
ministro del gobierno de Salvador Allende, en 1976, sean entregados al juez Baltasar
Garzón, que instruye la causa contra el general Augusto Pinochet. El abogado Samuel
Buffone declaró que “habiendo sido ya desclasificados, no existe impedimento legal
alguno para que se entregue una copia a las autoridades españolas”.
Buffone tiene 52 años y ha dedicado una parte de su vida profesional, que se desarrolla
en uno de los grandes estudios de abogados de Washington DC, al caso Letelier. A partir
del brutal asesinato perpetrado en el centro de esta ciudad el 21 de setiembre de 1976,
Buffone se hizo cargo de llevar adelante la demanda por asesinato contra los responsables
inmediatos, que fueron condenados en Estados Unidos. Sin embargo, los instigadores del
crimen, como el general Manuel Contreras, no pudieron ser juzgados aquí, habida cuenta de
que el gobierno de Chile rechazó la demanda de extradición enviada por EE.UU. Tampoco el
ex dictador Augusto Pinochet ha sido acusado por este caso.
La primera vez que se ha reconocido oficialmente la existencia de dicha investigación fue
el pasado miércoles 30 de junio. Un comunicado de los Archivos Nacionales daba cuenta de
que varios documentos desclasificados sobre el asesinato de Letelier se mantienen
retenidos, “fundamentalmente porque están relacionados con una investigación en
curso”. Un funcionario del Departamento de Estado ya anticipó, en una carta dirigida
a las familias de Letelier y Moffitt, sobre dicha investigación. Según Buffone, la
colaboración de Estados Unidos con los jueces españoles Manuel GarcíaCastellón y
Garzón ha sido prácticamente nula hasta ahora. “Si hubiese sido al revés, si el
tratamiento que Estados Unidos ha dado a España en el caso de Chile lo hubiese ofrecido
España a Estados Unidos, habría sido un escándalo aquí. Ni se han enviado los
documentos solicitados hace ya más de dos años, ni se ha podido todavía tomar
declaración a uno de los principales implicados, el ex agente de la Dirección de
Inteligencia Nacional (DINA), Michael Townley”, explicó.
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