OPINION
Docentes bajo el mionca
Por Julio Nudler |
Será
que los transportistas son tan fuertes, o será que el Gobierno está tan debilitado que
ya no puede imponer el cumplimiento de la ley? A esta altura, con el menemismo en
desbande, lo más que puede hacer es administrar malamente el Estado. Más le vale no
arriesgarse a provocar brotes de desobediencia. Nadie quiere pagar un peso más, y quien
pueda organizar la resistencia dejará al aparato oficial en ridículo. Casi como en 1989,
llegó el momento en que los funcionarios no están en sus despachos, y sólo los
celulares, que en el ocaso radical no existían, crean hoy la engañosa impresión de que
los responsables están del otro lado del teléfono.
En cuanto a este impuesto en concreto, su blanco es conceptualmente confuso. Grava tanto a
un bien de consumo durable, como es en la mayoría de los casos el coche, como al camión
o al colectivo, que son bienes de capital. En estos últimos casos, percute sobre los
activos sin tomar en cuenta los resultados de la explotación. Gane o pierda dinero, la
empresa debe pagar. Este rasgo controversial de todo impuesto al capital o al patrimonio,
que son de alguna forma la cristalización de utilidades pasadas, difícilmente
provocaría una rebelión de los afectados si no se combinaran los dos factores hoy
presentes: la recesión, larga y profunda, y la anemia del poder político.
En este contexto, a las grandes empresas de transporte, que poseen flotas de decenas y
hasta cientos de vehículos, les resulta fácil arrastrar a los más chicos, que se suman
a este lock-out porque hoy sólo consiguen fletes bajando tarifa, y no pueden trasladar ni
absorber un costo adicional. En su conjunto, el sector ganó fuerza con la expansión
geográfica del mercado, fruto fundamental del Mercosur, y con la tercerización, proceso
por el cual la industria desgajó de su seno el transporte. Si las grandes firmas,
particularmente las de alimentos y bebidas, siguieran siendo dueñas de sus camiones,
difícilmente se harían un paro a sí mismas.
El nuevo cálculo de la matriz de insumo-producto mostrará que en la economía argentina
los fletes pesan entre 4 y 5 por ciento en el valor final de las mercancías, con picos de
alrededor del 10 por ciento en casos como el de la leche. Esto significa que la incidencia
económica del transporte no es despreciable, y que no es inocuo descargar un costo
adicional sobre él.
Como tema crítico para la sociedad, el abastecimiento es una plataforma apta para
presionar desde allí al poder político. Hace poco la utilizó el agro, que montó un
lockout comercial, sembrando el temor de góndolas vacías. Finalmente, la mentada escasez
no se notó. Pero hay que recordar que también los dueños de la tierra se alzaron contra
un impuesto –el que grava la renta presunta– indiferente al resultado de la
explotación. Un año tan malo como éste, de demanda floja y precios caídos, no era el
mejor momento para establecerlo, pero, casualmente, también para el fisco son tiempos
duros. Baste decir que la recaudación cayó en junio 9 por ciento, y que sin el impuesto
docente hubiera bajado 14.
Después de una cadena de desinteligencias y malas decisiones, al Ejecutivo y al
Parlamento les esperan momentos difíciles. Una alternativa es recular ante la
insubordinación fiscal, perdiendo la poca imagen que conservan e irritando a los que ya
pagaron, además de resentir la recaudación. Si se rechaza la protesta, el Gobierno
deberá garantizar el transporte de cargas y pasajeros. Entre esos dos extremos puede
caber una negociación del conflicto, que contemple los problemas de los transportistas
chicos y apague estos nuevos focos de incendio, sin dejar a los docentes bajo el camión. |
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