| Por Nora Veiras  La secretaria general de la
Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), Marta Maffei, estaba ayer
satisfecha por el resultado del paro de la Central de Trabajadores Argentinos (ver más
información en la página 7) y molesta por el lock out dispuesto por los propietarios de
camiones en contra del impuesto sobre autos, aeronaves y embarcaciones destinado al
aumento salarial docente. Pero la dirigente evitó confrontar con los camioneros. Después
de dos años y medio de Carpa Blanca, los maestros no están dispuestos a dilapidar el
consenso social logrado por su reclamo. Maffei estimó que con lo recaudado
“alcanzaría para distribuir 60 pesos mensuales por cargo docente retroactivos a
enero”.
–¿Qué piensa sobre la protesta de los propietarios de camiones?
–Todos los sectores tienen derecho a protestar dentro de la ley para defender sus
derechos. No tengo nada que decir si se mantiene en los carriles de lo legal. Ni yo ni
nadie tiene nada que decir.
–Más allá de los dueños de flotas de camiones, hay pequeños propietarios que
aseguran que no pueden pagar.
–No puedo estar en el bolsillo de cada uno. Pero hay formas legales para demostrar si
una persona no puede pagar. Si algunos no pueden hacerlo no es lógico reclamar una
eximición general para todos, puedan o no.
–¿La ley de Incentivo Docente lo prevé?
–No, pero está previsto en la ley tributaria.
–¿Qué opina sobre el proyecto de la bancada peronista para reducir en un 70 por
ciento la tasa para el transporte automotor y en un 30 por ciento para aeronaves y
embarcaciones?
–Tengo dudas respecto de la viabilidad jurídica. La ley de Incentivo Docente tiene
una vigencia de cinco años pero el plazo de pago para 1999 venció el 18 de junio. En
función de las opiniones de tributaristas y juristas creo que no hay posibilidad de
sancionar una ley tributaria retroactiva. En todo caso se podrá modificar hacia el
futuro. En 1999, todos los que no pagaron son deudores. Una cosa es modificar la ley para
blanquear a los deudores y otra cosa modificar la alicuota de aquí para adelante.
–¿Quiere decir que se quebraría la legalidad?
–Es una locura legislar para atrás. Por otra parte, políticamente la
responsabilidad de fijar cuál es el régimen tributario, quién tiene que pagar, cómo,
en qué tiempo, con qué recursos se garantiza el fondo de 700 millones de pesos, depende
de los diputados y senadores. Verán ellos de qué forma se garantiza.
–¿Considera entonces que los que se niegan a pagar el impuesto están en rebeldía?
–Están en rebeldía fiscal porque el impuesto ya venció. El año fiscal para este
impuesto venció el 18 de junio. Está claro.
–Parece que a través del lock out, los transportistas van a lograr la reducción.
–El que tiene capacidad de lobby puede hacer eso y mucho más, como ya lo han hecho
efectivamente en otras oportunidades. Me parece que si quieren resolver el tema para el
2000 hay más tiempo, pueden trabajar seriamente. El proyecto de impuesto sobre autos y
embarcaciones fue del Ejecutivo. Hubo un montón de proyectos descartados por el
oficialismo.
–¿Qué opina sobre la decisión del Gobierno de convocar al Consejo de Seguridad
Interior para evitar las consecuencias del lock out de los camioneros?
–Esa decisión tiene que ver con la necesidad de garantizar el abastecimiento de
mercaderías. Si el lock out produce desabastecimiento es un delito.
–Los diputados justicialistas Telmo Pérez y Oscar Lamberto calificaron a la ley de
Incentivo Docente de un “mamarracho”.
–La actitud de esos diputados es intolerable para la democracia. Es una vergüenza.
Siento vergüenza ajena.
CUARENTA CUADRAS TAPONADAS
Cordón en el Congreso
Los
autotransportistas de pasajeros de corta, media y larga distancia se movilizarán hoy
hacia el Congreso, rodeando el Palacio Legislativo en un perímetro de 40 cuadras a la
hora en que deba sesionar la Cámara de Diputados.
Entre las 15 y las 18, unas 400 unidades circularán por las avenidas Entre Ríos, Callao,
Córdoba, Pueyrredón, Jujuy y Belgrano reclamando la eliminación o, al menos, la quita
del 70 por ciento en el impuesto para el financiamiento docente que alcanza a los
vehículos utilizados en el transporte automotor. La protesta de los colectiveros
agravará el habitual caos del tránsito de los días miércoles.
“Ahora el problema es exclusivamente de los diputados, porque originalmente el Senado
nos había excluido del impuesto”, señaló a Página/12 Héctor Tilve, presidente de
la CEAP, una de las dos cámaras convocantes. “Aceptaríamos una rebaja del uno al
0,3 por ciento en el impuesto como solución final, pero igual creemos que esta ley va a
tener que ser corregida por completo”, señaló. “El 85 por ciento de nuestro
capital de trabajo son las unidades, por eso el impuesto se hace insoportable”, se
quejó el empresario.
El directivo autotransportista le tendió un puente ayer a la Alianza, buscando el apoyo
de la oposición a la rebaja del impuesto que recae sobre sus representados. “Hemos
visto una expresión muy moderada del jefe de Gobierno de la Ciudad, expresando que algo
había que hacer para evitar este perjuicio al autotransporte, siempre que se compense la
pérdida para el fondo docente. Podría ser por vía de descontarle el aporte a los
partidos políticos, como propuso el bloque justicialista”, dijo.
Tilve buscó diferenciarse de la medida dispuesta por los autotransportistas de carga, al
referir que “comprendemos la situación de los camioneros, pero nuestras
manifestaciones se darán dentro de la normativa a que nos obliga la prestación del
servicio; no queremos que ocurra cosas como lo que se están viendo, como el
desabastecimiento de productos, que en el caso de los combustibles incluso nos puede
afectar a nosotros: hay empresas de autotransporte que, en muy pocos días más, van a
tener que dejar de prestar el servicio”. Dentro del señalado respeto a las
normativas, Tilve aseguró que la marcha de hoy “respetará semáforos y tratará de
no entorpecer el tránsito, por eso llevaremos una cantidad limitada de unidades de
colectivos”.
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