EL IMPUESTO DOCENTE SE PODRA PAGAR DESPUES DE LAS ELECCIONES
Que lo arregle el próximo

Los diputados aprobaron prorrogar el pago del fondo para los maestros hasta el 15 de noviembre, cuando Menem tendrá sólo 25 días por delante y podrá decir que no puede resolver el problema sin acuerdo de su sucesor.
La Alianza también tuvo su propio scrum hasta que logró definir una posición común. Votaría en contra de la eliminación del impuesto, pero terminó huyendo hacia adelante.

“Esto es tremendamente raro”, repetía por su teléfono celular el radical Raúl Vicchy. Lo “raro”, en realidad, era el papelón casi unánime que estaban haciendo los diputados en la sesión convocada para sancionar la modificación a la Ley de Incentivo Salarial Docente. Con la presión del lockout de los camioneros, el anuncio de paro de los colectiveros y el arrastre de veintisiete meses de Carpa Blanca, los legisladores parecían no saber qué hacer. Finalmente, el oficialismo archivó el proyecto de reducción del gravamen y votaron la prórroga hasta el 15 de noviembre del pago del impuesto sobre autos, aeronaves y embarcaciones.
La interna Menem-Duhalde partió al bloque peronista y para evitar ponerlo en evidencia no avanzaron en las exenciones. Radicales y frepasistas licuaron en esa fractura sus propias desavenencias. “Ahora nadie va a pagar”, despotricaban los aliancistas.
El 18 de noviembre del año pasado, menemistas, duhaldistas y aliancistas se abrazaron y festejaron la sanción del Fondo de Incentivo Docente. Siete meses más tarde, la sensación de haber votado una ley que no solucionó el conflicto docente y provocó nuevos frentes de disputa era lo único que unificaba el discurso de las bancadas dividas internamente.
Los cambios fueron vertiginosos. A las 17.30, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Oscar Lamberto, presentó en el recinto el proyecto de reducción del impuesto del 70 por ciento para transportistas de cargas y pasajeros, del 30 por ciento para aeronaves y embarcaciones y la exención para los autos oficiales, policías, bomberos, taxis y remises. “Los 70 millones de pesos que se perderían por estas rebajas los va a garantizar el Tesoro de la Nación”, aseguró Lamberto. Hasta ese momento el peronismo estaba convencido de que sólo tendría que conseguir que la mayor parte de las “conciencias” de los legisladores radicales se sumaran a esa propuesta.
El radical Rodolfo Terragno, quien había avalado, en disidencia, la propuesta de rebaja de la tasa del 1,5 por ciento al 0,3 por ciento para el gravamen sobre autos y aeronaves, hizo un mea culpa por la Ley de Incentivo Docente y dramatizó con que “a ese chico que la semana que viene no le va a llegar la leche por la falta de abastecimiento no le podemos decir que la culpa sea de uno u otro. Tenemos que encontrar una solución”. Terragno estaba lejos de reflejar la postura unánime del bloque. Excepto José Gabriel Dumón y Raúl Vicchy, quienes también habían aceptado la propuesta de Lamberto y Humberto Roggero como una fórmula para zanjar el conflicto planteado por el reclamo de los propietarios de camiones, la mayor parte de los radicales refunfuñaban en voz baja.
Los corrillos se retroalimentaban dentro de los bloques y entre las cabezas de cada fuerza. El frepasista Darío Alessandro responsabilizó en primer lugar al gobierno por “no cumplir con la Ley Federal de Educación que establece la duplicación del presupuesto educativo en cinco años”, consideró que modificar la ley era “premiar a los que no pagaron” y recordó que “el peaje (de alta incidencia en los costos de los transportistas) aumentó un 70 por ciento entre 1991 y 1998, al tiempo que sigue injustificablemente alto el precio de los combustibles”.
Los cafés y los bizcochitos de grasa corrían por las bancas mientras aparecían las fisuras en los bloques. La frepasista Mary Sánchez propuso “antes que nada rechazar el veto a la garantía del Tesoro Nacional para el fondo de 700 millones de pesos” y machacó con que “el impuesto sobre autos, aeronaves y embarcaciones fue una propuesta del gobierno porque no aceptaron ninguna otra”. El ex ministro Domingo Cavallo coincidió en el primer punto con Sánchez ante la sorpresa de los radicales.
–Miralo, ahora nos corre por izquierda –murmuraba la radical Cristina Guevara, molesta con la postura de algunos de sus correligionarios que habían anunciado el respaldo a la ocurrencia del oficialismo.
En ese momento, el senador peronista Augusto Alasino cruzó el Salón de los Pasos perdidos y desde atrás de la cortina empezó a llamar a losdiputados duhaldistas. La interna entre el presidente Carlos Menem y Duhalde había estallado otra vez en el Parlamento. “Duhalde no puede quedar como el candidato antieducación y, además, dar señales de que negocia bajo presión”, empezaron a repetir algunos mientras otros, menos elípticos, jugaban a que “Menem pague el costo de reprimir”. En segundos, la bancada peronista se vació. Roggero dijo que “así no podemos seguir” y radicales y frepasistas festejaban el desbande peronista que tapaba el propio.
Tras bambalinas, los peronistas negociaban mientras el frepasista Alfredo Bravo pedía indignado que alguien le explicara “la farsa de votar leyes por unanimidad para estar meses después a fojas cero”. La fórmula para superar el papelón fue pasar a un cuarto intermedio. Cuando todos creían que la sesión naufragaba, el peronismo volvió a sus bancas. Evitaron la votación del proyecto de Lamberto y acordaron impulsar la prórroga del pago del impuesto. La Alianza perdió por 97 a 82 el intento de extender el vencimiento sólo hasta el 31 de agosto y triunfó la postura de Roggero de llevarlo al 15 de noviembre. “Nos querían meter el quilombo dentro de la campaña electoral y logramos patear la pelota afuera”, festejaban los hombres de Roggero. El problema quedará para el próximo presidente, sea quien fuera.

LOS TRANSPORTISTAS SE AFLOJARON Y ENSAYAN SU DEFENSA
“No obligamos a volcar la leche”

Por Raúl Dellatorre

Mario Romero, directivo de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas, dialogó con Página/12 y explicó la posición del sector, sin ahorrarse críticas a los sectores empresarios que cuestionan la medida de fuerza.
Los directivos de la CATAC siguieron ayer, hasta última hora de la noche, los acontecimientos que se sucedían en la Cámara de Diputados. Esperaban una votación que favoreciera una quita del 70 por ciento en el impuesto docente para los autotransportistas. Finalmente, la prórroga en el vencimiento del impuesto y la declaración de ilegalidad de la medida de fuerza aflojó la dureza que mantenían hasta el atardecer.
–Hay muchos sectores empresarios, especialmente de la industria de la alimentación, que los han criticado muy duramente por la medida de fuerza. ¿Han tenido contacto con ellos?
–Nos ha llamado la atención que industrias que van a desaparecer con esta política, como nosotros, nos critiquen porque protestamos. Cuando ellos protestan o aumentan los precios porque le aplican algún impuesto, nosotros los hemos respetado. Pero parece que a veces, cuando alguien no tiene nada que decir, dice cualquier cosa.
–Pero había un compromiso de CATAC, por ejemplo, de dejar pasar al transporte de leche y, según los industriales del sector, no ha sido así.
–Nunca se les prohibió el paso. Fíjese que han volcado leche únicamente donde hay cámaras de televisión. ¿No le sorprende? A ningún camión se lo paró o se lo obligó a volcar la mercadería. El que quiso seguir siguió. Serán aquellos que pagan el impuesto y están contentos de pagarlo.
–¿Qué posición tienen respecto del desabastecimiento de alimentos que están provocando con estas medidas?
–Nosotros no somos responsables del desabastecimiento. Todos sabían, por lo menos con diez días de anticipación, de este paro. No tomaron precauciones sólo quienes no creyeron en el cumplimiento de la medida. Por otra parte, hasta el viernes (por mañana) está asegurado el abastecimiento, si no hay estampida de los consumidores, por el miedo que esta gente les está metiendo en la cabeza.
–¿Por qué no levantaron la medida apenas se conoció el dictamen de comisión favorable a la quita en el impuesto, como se habían comprometido a hacer ayer (por el martes)?
–No era ése el compromiso. Hasta que no hubiera una señal clara en favor de nuestro reclamo, no íbamos a levantar la medida.

Por Adrián H. Mouján

Antes de conocer el resultado de la votación el presidente Carlos Menem firmó a las 19.30 los decretos para restablecer la ley de Abastecimiento y declarar la ilegalidad del lockout empresarial que le generó un importante conflicto a cinco meses de su salida del gobierno. Menem quiso aparecer adoptando un rol expeditivo. Pero además consiguió el apoyo del duhaldismo y la Alianza, que rechazaban el estado de sitio, para resucitar la ley de Abastecimiento.
Los artículos a los que la Secretaría de Seguridad Interior, a cargo de Miguel Angel Toma, que sería la encargada de implementarlo, consideraba ayer fundamentales son el dos y el cuatro.
El dos señala que “en caso de necesidad imperiosa de asegurar el abastecimiento y o prestaciones de servicio, se podrán intervenir temporariamente empresas de transportes”.
El cuatro dice que “se sancionará a quienes desviaren el abastecimiento normal o habitual de una zona a otra sin causa justificada”. Los que no cumplan con la ley podrán ser castigados con multas, clausuras y, en casos graves, prisión.
–¿El Gobierno quiere dar una imagen de energía? –preguntó Página/12 a Alberto Kohan.
–No es que se actúa con dureza, se está actuando en el marco de la ley –dijo el secretario general de la Presidencia–. Por un lado hay un impuesto y lo que el gobierno debe hacer es cobrarlo, pero por otro lado hay un lockout patronal que impide la libre circulación, los traslados de mercadería esencial y el consumo. En una situación difícil hay que tomar decisiones acordes y necesarias.
Esta historia comenzó a gestarse el martes por la noche cuando el gobierno comunicó que tenía listo el decreto de estado de sitio que debería ser aprobado por el Parlamento. Pero en la Subsecretaría de Coordinación Técnica del ministerio de Interior, a cargo de Jorge Castells, un asesor desempolvó la ley de Abastecimiento. La norma fue sancionada durante el último gobierno de Juan Domingo Perón y suspendida por Carlos Menem y Domingo Cavallo mediante un decreto de desregulación de 1991, complementario de la Ley de Convertibilidad.
Algunos de los artículos de esta ley fueron aplicados durante el gobierno de Raúl Alfonsín para facilitar la implementación del Plan Austral. Cuando el texto de la ley llegó a manos de Corach, el ministro comenzó a estudiarla, pero también a elaborar una estrategia tendiente a convencer a Menem de que era más conveniente bajar los decibeles y elaborar una nueva posición. Ayer por la mañana, sin embargo, en su habitual contacto con los periodistas Corach insistió con el decreto de estado de sitio.
El titular de Interior se fue a la Casa Rosada a reunirse con el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez; el ministro de Economía, Roque Fernández; el de Defensa, Jorge Domínguez y el secretario general de la presidencia. Menem, que ya había recibido el respaldo de la Unión Industrial Argentina para decretar el estado de sitio, quedó muy conforme con la nueva propuesta, pero le reclamó a Corach que en la reunión del Consejo de Seguridad consiguiera el consenso de todos los presentes.
Mientras tanto, en La Plata, el ministro de Justicia y Seguridad, León Arslanian, también había recordado la existencia de la legislación sobre abastecimiento. Sugirió entonces a Duhalde no apoyar el estado de sitio y sostener esta iniciativa con menos repercusión institucional. Cuando lo llamaron desde la Casa Rosada para confirmar su presencia en el Consejo de Seguridad, Arslanian comentó que estaba en desacuerdo con el estado de sitio. Y para evitar malos entendidos lo anunció en público antes viajar hacia la Capital Federal.
–La solución a la crisis debe abordarse desde otros ámbitos –dijo Arslanian–. Estamos en condiciones de garantizar la circulación por las rutas nacionales y provinciales. Su instauración (por el estado de sitio)es una medida extraordinariamente extrema. No están dadas las condiciones para implantarla.
Un rato después recibió el aval de Duhalde, quien advirtió a los empresarios que podían llegar a ser sancionados penalmente si continuaban con los cortes de rutas. “No han sucedido hechos tan graves que justifiquen decretar el estado de sitio”, agregó el candidato presidencial del PJ.
En la Capital Federal, al hablar del estado de sitio Fernando De la Rúa le pidió a Menem que “no se precipite, porque es prematuro y grave”. El secretario de gobierno porteño, Enrique Mathov también llevó a la reunión del Consejo de Seguridad la propuesta de restablecer la ley de Abastecimiento y, al igual que Arslanian, mantuvo contactos previos con Corach.
El ministro abrió el encuentro con una descripción de la situación y mostró las tres únicas cartas que tenía en la mano: la ley de abastecimiento, declarar ilegal el lockout empresarial y, como solución final, el estado de sitio. Los gobernadores hicieron escuchar su negativa al estado de excepción. Después, Mathov y Arslanian presentaron la propuesta que finalmente fue aceptada por todos los presentes.
El gobierno se llevó un consuelo. Consiguió que, además, se aprobara la declaración de ilegalidad al lockout.

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