| Por Adriana Meyer  Desde que los transportistas
ocuparon las rutas y lo pusieron en jaque, el Poder Ejecutivo amagó con el estado de
sitio. Si bien el presidente Carlos Menem no tiene mayores intenciones de usarlo,
conservó en sus manos el proyecto de decreto. Página/12 consultó a cuatro
constitucionalistas si esta medida excepcional medida es aplicable en la actual coyuntura.
Estas fueron sus respuestas.
Rafael Bielsa: “Desde el punto de vista técnico tiene que darse una conmoción
interior, que esa situación ponga en peligro el ejercicio de la Carta Magna y sus
autoridades, y que además haya perturbación del orden. Sólo la suma de estos elementos
justifica que el Ejecutivo envíe un proyecto al Congreso para establecer el estado de
sitio. Pero la Constitución utiliza palabras imprecisas, por lo cual el criterio para
establecerlo es político y no jurídico. De todos modos, sería un desatino que el
Congreso determine que hay conmoción interna y si lo hace debería ser por tiempo
transitorio. Según trascendió, el proyecto de decreto de estado de sitio que maneja el
Ejecutivo tiene dos vicios: no fija un plazo, porque su texto dice que sería ‘hasta
tanto subsistan razones’. Y además extiende exageradamente el ámbito de aplicación
porque no localiza el conflicto, sino que habla de ‘todo el país’. Desde el
punto de vista práctico declarar el estado de sitio no tiene sentido porque el Gobierno
podría incautar camiones pero no puede poner gendarmes a conducirlos. Hace 50 años se
hizo con los tranvías y en la época de Perón con los ferrocarriles, pero eran
transportes públicos. Y además es inútil porque si los camioneros cometen delitos hay
que aplicar el Código Penal. Los jueces no pueden revisar el acto declarativo del estado
de sitio, pero están facultados para revisar después la razonabilidad de las medidas
concretas derivadas del mismo. En el caso Granada la Corte Suprema falló a favor de una
persona que había sido detenida “irrazonablemente”. Entonces, además de poco
práctico e inútil, con esta situación es también inconveniente”.
Daniel Sabsay: “El estado de sitio es un herramienta excepcional para aplicar en
situaciones de extrema emergencia como es un ataque exterior o la conmoción interior, es
decir, cuando subyace grave crisis institucional en la que unas personas quieran atentar
contra las autoridades. En este momento de ningún modo los protagonistas quieren eso. El
lockout aún no produjo desabastecimiento y la libertad de tránsito fue afectada
parcialmente. Llegado el caso se puede aplicar la ley de Abastecimiento y la de Seguridad
interior respectivamente. El estado de sitio es una medida de riesgo y antecedentes
negativos porque es el estado de máxima suspensión de garantías que son derechos y de
concentración de poder en el Poder Ejecutivo, aunque limitado por el pacto de San José
de Costa Rica. En determinados períodos como el llamado “Plan Conintes” de la
época de (el presidente Arturo) Frondizi se erigió en instrumento de persecución
política. Y en países con un pasado y una cultura autoritaria hay que tener mayor
cautela, porque generalmente se lo aplica con tendencia a desbordar en abusos. Pero el
lockout también es ilegítimo porque persigue una medida inconstitucional como exceptuar
a unos de lo que otros ya pagaron. La igualdad ante la ley en materia tributaria está
específicamente señalada en la Constitución. Pensar en el estado de sitio es una
aberración jurídica, pero para solucionar el asunto pensaron en otra aberración
legislativa”.
Alberto García Lema: “La decisión sobre el estado de sitio es de naturaleza
política y depende de cuestiones de hecho, no es jurídica. Se trata de una medida de
excepción para situaciones graves en las que los poderes políticos evalúan si es
conveniente aplicarla. Ante el desabastecimiento de productos básicos de consumo el Poder
Ejecutivo y el Poder Legislativo examinarán cuál es la peligrosidad de la
situación”.
Jorge Vanossi: “El estado de sitio no puede convertirse en una herramienta para
controlar conflictos sociales. Además, elrestablecimiento de la ley de Abastecimiento
tendría que haber pasado por el Congreso porque el Presidente sigue gobernando de facto
con sus más de quinientos decretos de necesidad y urgencia... Esa norma frena la
especulación, pero sobre todo le da más atribuciones al Ejecutivo. Hay que atacar las
causas y no los efectos. Las causas de este problema docente no se resuelven con medidas
extremas”.
LAS TEORIAS DE LOS ESPIAS Y SERVICIOS DE
SEGURIDAD
Todo es una gran conspiración
Por Raúl Kollmann
“Todo esto es parte de un plan para poner a las Fuerzas Armadas y de seguridad en la
calle, que Carlos Menem se ponga en el centro del escenario y el destino final es la
postergación de las elecciones.” Semejante visión conspirativa está hoy instalada
en hombres de primera línea de los servicios de inteligencia –ya muy cerca de
Duhalde y con gran desconfianza en el Presidente– que creen que hay toda una maniobra
política para dejar correr a los camioneros y crear la necesidad de “un estado de
excepción”. Buena parte de la clase política cree que se trata de un diagnóstico
delirante aunque ayer dos radicales de primera línea, Federico Storani y Leopoldo Moreau,
les hicieron saber a sus compañeros de partido que “acá se está agrandando el
conflicto y detrás hay una jugada de la derecha y del propio Menem”.
Los más menemistas en los servicios de seguridad –policías, gendarmes,
prefectos– e inteligencia vienen reiterando desde hace meses el diagnóstico de la
inestabilidad social, pero le echan la culpa al Frepaso y en algunos casos hasta hablan de
Montoneros como si la organización todavía existiera. Son los que ven subversivos en la
agrupación HIJOS y desconfían de los sacerdotes que reflejan a los sectores más
carenciados. Estos expertos en represión respaldarían cualquier iniciativa del
Presidente. “Menem no se va a ir así nomás”, fanfarronean, sugiriendo que el
conflicto con los camioneros y los de Neuquén y Corrientes abren la posibilidad de que se
quede y vuelva a acumular el poder que según ellos nunca perdió.
En una vereda distinta están los que empezaron a acercarse al duhaldismo. También ellos
sostienen que detrás del movimiento de camioneros hay una maniobra extraña, alentada
desde el poder. “Los han dejado correr para crear el clima de conmoción. Con una
situación de caos van a plantear la militarización y después el fujimorazo, es decir
que intentarán cerrar el Congreso o postergar las elecciones. Menem y sobre todo la gente
que lo rodea se quieren perpetuar, cueste lo que cueste”, disparan.
A prudente distancia de esa visión, otros integrantes del submundo de la inteligencia
reconocen como fantasiosa la idea de que Menem prepara un autogolpe o una postergación de
las elecciones. Sin embargo, insisten en que el propio Presidente alentó la postura de
los camioneros impulsando el proyecto de reducción del 70 por ciento del impuesto y
haciendo después un guiño para que fueran al paro: todo tendría el supuesto objetivo de
ponerse nuevamente en el centro de un escenario del que ya ha sido desplazado. “La
estrategia es no perder poder, establecer el estado de sitio, mostrar mano dura y
presentarse como el hombre del orden”, diagnostican.
Para la mayor parte de los políticos todas estas elucubraciones no son más que
“pescado podrido” de los servicios. Ayer Storani y Moreau incluso mencionaron
que hubo algún nivel de vinculación entre el grupo Albatros, los hombres de la
Prefectura que participaron del alzamiento de Seineldín, y algunos camioneros, pero esos
mismos dirigentes radicales desecharon la idea por falta de pruebas. Lo cierto es que
desde las Fuerzas Armadas, de seguridad e inteligencia se han echado a rodar versiones y
cada uno difunde a su manera una posible novela de terror con imágenes sacadas del
pasado.
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El 25 de octubre de 1985 –y hasta el 9 de diciembre de ese año–
Alfonsín impuso el primero. Previamente, el 21 de octubre el gobierno había dispuesto el
arresto del consultor Rosendo Fraga, del represor Guillermo Suárez Mason y de otras 10
personas. Esa orden dictada sin orden judicial provocó fuertes críticas que el gobierno
intentó paliar decretando el estado de sitio con posterioridad.