Por Susana Viau El defensor mendocino de Raúl
Juan Pedro Moneta, Jorge Garguir, interpuso un recurso ante la Cámara Federal de la
provincia para que se deje sin efecto la orden de captura que pesa sobre el banquero.
Garguir adelantó que, si la respuesta es negativa, el próximo paso será hacer una
presentación ante la Corte Suprema. La Cámara, entre tanto, accedió ya a las
solicitudes de eximición de prisión presentadas por Jacques Matas y Emilio Magnaghi,
ambos integrantes de Magna Inversora, la sociedad que acompañó al prófugo Moneta en la
gestión del Banco Mendoza y está formada por la flor y nata del empresariado local. Por
lo demás, el tribunal ya habría habilitado la feria judicial para tratar las solicitudes
de Moneta y sus socios y familiares, Benito Jaime Lucini y Pablo Lucini.
El goteo de eximiciones de prisión que benefició, entre otros, a Eduardo Lede, Matas y
Magnaghi provocó desazón tanto en el juzgado federal de Luis Leiva como en la fiscalía
federal de Alejandra Obregón, quienes comienzan a temer un ritmo más lento en las
investigaciones que ellos venían realizando a marcha forzada. Las primeras eximiciones de
prisión fueron firmadas por los camaristas Otilio Romano y Julio Demetrio Petra, dado que
el tercero, Alfredo López Cuitiño, se encuentra con licencia por enfermedad. Por el
contrario, esas resoluciones llevaron alivio y cierta distensión a los prófugos de mayor
envergadura y a miembros del propio gobierno, profundamente preocupados por las
imprevisibles consecuencias de la caída de los bancos Mendoza y República. El tema, y no
es una cuestión menor, amenaza con golpear a las puertas de los socios prominentes de
Moneta a nivel internacional: dos hombres de la SEC (Security and Exchange Commission, un
equivalente a la Comisión de Valores), dependiente del Tesoro de los Estados Unidos,
quienes viajaron a Buenos Aires para, luego de los abundantes desayunos y una pasada por
el gimnasio del hotel Sheraton, donde se hospedaron, abocarse a determinar hasta qué
punto el crash de los dos bancos afectaba al socio americano del CEI. La prensa y las
centrales sindicales españolas también siguen con interés las alternativas de un
proceso que involucra a la filial argentina de Telefónica.
La decisión de la Cámara respecto de los socios menos públicos de los bancos hizo
alentar la esperanza de que una medida similar beneficiara a Moneta y a Benito Jaime y
Pablo Lucini, su tío y primo, respectivamente. El juez Leiva parecía resuelto a
apresarlos e irreductible a los planteos de incompetencia que desde Buenos Aires formulaba
su colega, el juez federal Gustavo Literas, visiblemente interesado en quedarse con la
porción de la causa que involucra al banquero más próximo al poder político. Ayer,
pese al mejoramiento de las condiciones y a los anuncios de su abogado, Carlos García,
quien había asegurado que por la tarde se avendrían a declarar, los imputados Matas y
Magnaghi optaron por no hacerlo de momento. Aportaron, no obstante, la fianza de cien mil
dólares que la cámara había fijado para cada uno. Según pudo saber este diario, Matas
se encontraba en Chile y Magnaghi en Miami. Magnaghi voló a Santiago y juntos
emprendieron el retorno a Mendoza. El recurso que Garguir presentó ante la cámara busca
que ésta, o bien la corte, deje sin efecto la orden de captura librada contra el
banquero. Así sí se presentaría Moneta en sede judicial. Previendo esa eventualidad ya
habría quedado habilitada la feria: las vacaciones de invierno podrían ser la coyuntura
ideal para que cualquier medida favorable al banquero encontrara dispersa a la oposición
y relajada a la opinión pública.
Petrella se defiende
El embajador argentino
ante las Naciones Unidas, Fernando Petrella, sostuvo que la Cancillería “no tiene
nada que ver” con la venta ilegal de armas y aseguró que está “muy
tranquilo” respecto a su situación judicial, pese a que el juez federal Jorge Urso
lo procesó por presunto ocultamiento de pruebas. Petrella explicó que “la
Cancillería ha sido involucrada, lamentablemente, porque la legislación existente le da
un rol estrictamente técnico en el tema”. Con respecto a su novedosa situación de
procesado, dijo que lo había tomado “con cierto estupor”. “Imagínese que
no tengo la menor duda sobre mis actitudes, creo que la opinión pública lo comparte, de
manera que el asunto deberá resolverse en la Cámara”, agregó.
| Juicio a dos gremialistas La jornada inicial del primer juicio oral y público del país por cortes de
ruta concluyó con un pedido de absolución de los dos imputados, el secretario general de
ATE de Comodoro Rivadavia, Walter Natera, y el presidente de una asociación vecinal,
Miguel Angel Gatti, al plantear la defensa “la nulidad” del acta policial
labrada el 14 de agosto de 1997. El juez federal Ricardo Napolitani procesó a ambos
“por interrumpir una vía de circulación” (la ruta nacional 3), en agosto de
ese año en el marco de una jornada de paro nacional dispuesto por el MTA. El fundamento
del abogado defensor, Eduardo Hualpa, para solicitar la absolución fue sencilla. El
letrado argumentó que el acta policial es nula “porque no tiene testigos”. El
juicio a Gatti y Natera, que enfrentan una posible condena de entre tres meses y dos años
de prisión, continuará hoy. |
|
