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 Fujimori
volvió a la carga. Perú quedó nuevamente en el centro del debate americano por los
derechos humanos después de que el presidente Alberto Fujimori anunciara anteayer su
decisión de desconocer la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) por ser “contraria a la soberanía” de Perú. La oposición acusó a
Fujimori de buscar un golpe de efecto electoral sobre la población para lograr un nuevo
mandato, mientras que la Cámara de Representantes de Estados Unidos se declaró alarmada
por el estado de “erosión democrática y legal” de Perú.“Perú no se retira del Pacto de San José (de Costa Rica), se mantiene dentro del ámbito de la Comisión de Derechos Humanos y dentro de la competencia consultiva de la CIDH, pero se retira de la competencia contenciosa de ésta”, anunció Fujimori. La medida fue tomada en respuesta a una sentencia de la Corte que ordenó, a principios de junio, que la Justicia peruana realizara un nuevo juicio a cuatro ciudadanos chilenos acusados de terrorismo y condenados a cadena perpetua en 1994 por un tribunal militar. El gobierno peruano decidió rechazar el fallo en el que la CIDH concluyó que Perú no había respetado las garantías del debido proceso. En un documento presentado ayer al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el gobierno peruano comunicó que la sentencia de la Corte no sería cumplida y que el Estado peruano era víctima de “una equivocada y antijurídica aplicación de las normas que rigen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. “El respeto que los Estados dan a los derechos humanos debe ser evaluado considerando el contexto político y social en que se presenta”, justificó Fujimori. Perú figuraba entre los 25 países latinoamericanos que ratificaron su adhesión al Pacto de San José vigente desde 1978, y entre los 21 miembros que reconocían la competencia de la CIDH. El proyecto de ley que Fujimori presentó el martes ante el Congreso pretende excluir a Perú de las decisiones judiciales de la Corte y considerarla sólo como un organismo de consulta pero sin capacidad de emitir sentencias relativas a Perú. El Congreso —donde el oficialismo tiene mayoría absoluta— inició ayer la sesión en la que seguramente se aprobará el proyecto presidencial. Los oficialistas justificaron la medida al denunciar que el fallo de la CIDH “atenta contra la soberanía y pone en grave riesgo la seguridad del país”. El fujimorista Oscar Medelius, presidente de la Comisión de Justicia, aseguró que Perú no puede tener confianza en una corte que “actúa con criterio político”, y que “se excede en sus funciones al atribuirse la potestad de pedir la modificación de la Constitución peruana y sus leyes”. La oposición denunció que el gobierno busca generar “el ambiente propicio para una reelección del presidente Alberto Fujimori” y señaló que pretende atemorizar a los peruanos a través de la “falsa” imagen de que la CIDH estaría liberando a terroristas. Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que la apuesta del gobierno va más allá del caso de los ciudadanos chilenos y que la administración Fujimori pretende evitar futuros fallos adversos, como en los casos del empresario Baruch Ivcher, al que le retiraron el control de su canal de televisión, o el de los tres magistrados del Tribunal Constitucional destituidos por considerar jurídicamente inviable una candidatura “re-reeleccionista”. Los temores opositores señalan que el desconocimiento de la competencia de la CIDH dejará a los peruanos en manos de un Poder Judicial digitado por Fujimori. En el mismo sentido, la Cámara de Representantes del Congreso norteamericano advirtió que “el control de los asuntos judiciales por el Ejecutivo es una amenaza que erosiona la democracia y la legalidad de Perú, y preocupa a los Estados Unidos como miembro de la comunidad americana”.
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